Más documentación, apertura de teléfonos y nuevas medidas: cómo avanza la causa por los negociados con el dólar de Piccirillo y Hauque

La causa por las presuntas irregularidades en la venta de dólar oficial durante el gobierno de Alberto Fernández a casas de cambio de Elías Piccirillo y Francisco Hauque se reactivará la semana que viene tras la feria judicial de enero. Se trata del expediente en el que están imputados y fueron allanados funcionarios del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en la que se esperan definiciones ante planteos de los acusados y nuevas medidas de prueba.

Durante la feria judicial la causa, a cargo del juez federal Sebastian Casanello y del fiscal Franco Picardi, recibió documentación del BCRA que fue solicitada por la justicia en diciembre pasado cuando la Policía de la ciudad de Buenos Aires hizo un procedimiento en la entidad. Allí se fue a buscar información sobre las casas de cambio y financieras de Piccirillo, Hauque y Martín Migueles, los tres socios.

También se comenzó con la apertura de celulares, computadoras y otro material tecnológico que fue secuestrado en los allanamientos que se hicieron en las casas de cinco funcionarios del BCRA que están acusados de estar en connivencia con Piccirillo y Hauque para acceder al dólar oficial en 2022 y 2023 cuando había restricciones cambiarias.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que la apertura de los celulares y computadoras ya comenzó. Algunos se pudieron abrir y se extrajo su contenido. Parte de eso se logró porque los acusados dieron sus claves. Pero otros no y se continuará con el peritaje. Uno de ellos es el de Romina García, inspectora de Supervisión de Entidades No Financieras en el BCRA. La funcionaria tiene un Iphone último modelo y no dio la clave de acceso.

García es clave en esta trama. La causa se inició porque un arrepentido entregó un pen drive con audios. Uno de ellos es una conversación que Piccirillo tuvo en febrero de 2025 con García. Allí la funcionaria dice que asesoraba a Hauque y que está “está prohibido”. También que Hauque la amenaza y extorsionaba y que eso lo puso en conocimiento de las autoridades del BCRA pero que no hicieron nada porque “había gente arriba toda entongada”.

El arrepentido fue Carlos “Lobo” Smith, un oficial retirado de la Policía Federal, que declaró en ese rol en la causa en la que Piccirillo le armó en enero del año pasado un falso operativo policial a Hauque para dejarle en su camioneta un arma y un kilo de cocaína. Piccirillo le debía a Hauque seis millones de dólares. Smith fue quien organizó ese operativo y contó que Piccirillo le relató las maniobras ilegales con el dólar y aportó los audios.

Los funcionarios del BCRA investigados son García, Diego Volcic, inspector jefe, María Valeria Fernández, supervisora de entidades financieras; Analía Jaime, inspectora General de supervisión de entidades no financieras, y Fabián Violante, gerente Principal de Supervisión de Entidades “A”. Los cuatro primeros ya se presentaron en la causa y hicieron presentaciones. La entidad les inició una investigación interna para determinar si violaron el Código de Ética de la entidad o la ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.

Las defensas de Volcic y Fernández pidieron la nulidad de los allanamientos. Objetaron que se hicieron en base a un arrepentido de otra causa y que los audios que aportó no fueron peritados para saber si son verdaderos. Esos planteos comenzarán a tratarse el lunes con el regreso de la actividad judicial. Primero opinará el fiscal Picardi y luego resolverá el juez Casanello. Por su parte, Fernández hizo una presentación en la que sostuvo que en 2022 y 2023 no trabajó sobre las financieras de Piccirillo y Hauque y que desde agosto de 2023 está en licencia médica.

En tribunales analizan toda la documentación que se secuestró en el BCRA y no descartan que se dicten nuevas medidas de prueba en base a lo que ya se recolectó en el expediente para continuar profundizando la investigación.

En diálogo con Clarín, Gastón Marano, abogado de García, habló sobre la situación de la funcionaria y adelantó que pedirá medidas de prueba.

“Romina García ha tenido una conducta intachable durante los 23 años en los que se desempeña en el Banco Central. Ha tenido récord de pedidos de cierre de casas de cambio por irregularidades, todos los cuales los efectuó en tiempo y forma, tal cual consta en el Sistema de Gestión Documental del Banco. Justamente, por ese nivel de celo profesional, recibió amenazas y aprietes”, sostuvo Marano.

Sobre la conversación que grabó Piccirillo, el defensor sostuvo que “más allá de que no haya sido peritado aún, en el audio que se difundió, grabado subrepticiamente por una persona sin ningún tipo de brújula moral, queda claro de lo que fue víctima García, y lo que tuvo que tolerar por hacer su trabajo rigurosamente”. La referencia es que la funcionaria cuenta que ella y los otros investigados del BCRA recibieron amenazas y extorsiones de Hauque.

Consultado sobre por qué García dijo que asesoraba a Hauque cuando lo tenía prohibido, Marano señaló: “A lo que va es que ella los educaba, les decía cómo corregir los errores, etc, y aclara que ´encima gratis´”.

“Me encuentro trabajando en una serie de medidas de prueba que van a dejar en claro que García no cometió ningún delito”, completó el abogado.