Mansiones, autos de alta gama, millones de dólares: la organización que lavaba dinero del Comando Vermelho en Argentina y está bajo la lupa

La justicia federal argentina fijó multas y decomisos millonarios para una organización que lavaba activos para el Comando Vermelho. La maniobra en la que intervino la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) que dirige el fiscal general, Diego Velasco, incluyó a un grupo que realizaba transferencias informales de divisas en la región.

La estructura criminal logró funcionar con el trazado de una ruta de fondos que tenían su origen en la organización narcocriminal que protagonizó el enfrentamiento con las fuerzas de seguridad de Río de Janeiro, y un barrio privado en Nordelta.

Según determinó Velasco a través del equipo de la PROCELAC, las personas involucradas en la estructura criminal “canalizaban activos ilícitos mediante criptoactivos, empresas fachada y bienes registrables”.

El caso, que llegó a la instancia de juicio oral, se resolvió para ocho de los acusados a través de la homologación de los juicios abreviados. Las penas acordadas por el Tribunal Oral Federal 7 (TOF7) fueron de tres años de prisión en suspenso.

Se trata de Felipe Gabriel Correia Goncalves, Eliamar Das Dores De Melo, Wilson Alexandre Cardoso De Oliveira, Thiago Cardoso De Oliveira, Selma De Lima Muñiz Barbosa, Ma Hai, Katherine Yola Chasqui Inta y Juan David Babilonia Mora.

Sin embargo, hay otros cinco imputados que tienen en la estructura criminal mayor responsabilidad penal, frente a los cuales el Ministerio Público Fiscal solicitó que sean juzgadas en el marco de un debate oral y público.

Las multas fijadas ascienden 2.460 millones de pesos, aplicadas de manera proporcional según el grado de participación de cada condenado. Los montos individuales oscilaron entre 40 millones y 720 millones de pesos.

El tribunal también ordenó el decomiso de bienes obtenidos ilícitamente, entre los cuales se incluyen más de 18 millones de pesos, 271 mil dólares, 28 mil reales y 4.500 euros, además de una flota de cinco vehículos de alta gama valuada en más de 130 millones de pesos. Entre ellos, se destacan un BMW Serie 330i, una Ford Ranger, un Volkswagen Vento, un Ford Focus y un Renault Fluence.

Las operaciones incluyeron el uso de criptoactivos por volúmenes significativos, la constitución de empresas fachada y la adquisición de bienes registrables -como inmuebles y automóviles de alta gama- para introducir fondos de origen ilícito en el circuito legal.

A la estructura criminal “se le atribuyen hechos que comprenden la canalización de activos ilícitos que pertenecerían a la organización criminal Comando Vermelho, de Brasil, y la realización de transferencias informales de divisas en la región”, sostuvo el Ministerio Público Fiscal.

En la resolución a la que accedió Clarín, los magistrados manifestaron que la investigación “reviste características extraordinarias (en el sentido literal del término), tanto por sus implicancias internacionales como por las elevadas sumas de dinero en distintas monedas físicas y virtuales que este nutrido grupo de personas operaba”.

La PROCELAC advirtió que el proceso judicial no concluyó con las condenas dictadas en los acuerdos de juicio abreviado, ya que los dos principales acusados, Marcelo Clayton Alves de Sousa y Hang Wang, aún se encuentran prófugos. A su vez, respecto de Raimunda Divina De Sousa, Naly Pires Diniz, Juan José Isola, Antonella María Garbagnati y Luana Belén Isola, quienes tenían mayor incidencia en los hechos, el MPF ofreció prueba para que sean juzgados en debate oral y público.

Según consta en el expediente, el caso se inició en 2022 a partir de una denuncia presentada por la PROCELAC, que detectó posibles maniobras de lavado.

Debido a la complejidad y cantidad de imputados, el expediente se dividió en varios tramos. El primero se concentró en las maniobras atribuidas a la organización liderada por Alves de Sousa y Wang, sindicados como responsables de canalizar activos ilícitos que pertenecerían al grupo criminal de origen brasileño Comando Vermelho.

El segundo tramo de la investigación se centró en maniobras independientes de la estructura principal encabezada por Alves de Sousa y Wang, vinculadas con transferencias informales de divisas en la región realizadas entre 2022 y 2023 y que involucraban a los ahora condenados Hai, Chasqui Inta y Babilonia Mora.

Inicialmente, la causa tramitó ante la jurisdicción federal de San Isidro, con intervención del Juzgado Federal 1 y de la Fiscalía Federal 2, a cargo de Fernando Domínguez. Posteriormente, el TOF 2 de San Martín declinó la competencia en favor de la justicia federal de la Ciudad, quedando a cargo el TOF 7.

En la etapa de instrucción, actualmente interviene el fiscal federal Gerardo Pollicita, ante quien se encuentra pendiente la resolución de un pedido de decomiso anticipado sobre tres inmuebles, tres rodados de alta gama y sumas millonarias diversificadas en activos virtuales, atribuidos como bienes de los prófugos Alves de Sousa y Wang.

Desde el Ministerio Público explicaron que esta investigación “se enmarca en los estándares internacionales en materia de prevención y persecución del lavado de activos, en particular las Recomendaciones N°4 y N°30 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”.

La primera de ellas promueve el decomiso de ganancias y bienes provenientes de delitos, mientras que la segunda se refiere al rol proactivo y a la efectividad de las autoridades encargadas de la investigación y enjuiciamiento.