Malvinas: el Gobierno cumple con su amenaza y pide medidas cautelares contra el Reino Unido ante un tribunal internacional

El Gobierno cumplirá su amenaza y la semana próxima pedirá medidas cautelares contra el Reino Unido ante un tribunal de las Naciones Unidas.

Concretamente, el Gobierno planea pedirlas ante el Tribunal Internacional del Mar que se rige por una convención de las Naciones Unidas (la CONVEMAR) para que se le exija al Reino Unido el cese de las actividades hidrocarburíferas en la aguas de las Islas Malvinas, cuya soberanía le reclama la Argentina desde 1833. Si el tribunal llegara a decidir a favor de la Argentina el cumplimiento del fallo es obligatorio.

En Malvinas hay dos empresas que ya anunciaron que van a sacar petróleo en esa zona de las islas de manera unilateral en 2028, la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper. Las acciones del gobierno contra las mismas en los últimos dos meses lograron desestabilizarlas, al menos financieramente. Sus cotizaciones se han desplomado, y vienen pidiendo ayuda al Foreign Office al igual que la Asamblea Legislativa del archipiélago.

“Es el inicio del proceso arbitral, que está dado bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, un organismo independiente de las Naciones Unidas… Es la primera vez en la historia que se somete a un tribunal internacional la disputa sobre los hechos unilaterales que realiza el Reino Unido con la explotación ilegal”, había dicho el canciller Pablo Quirno por el canal A24.

La noticia del pedido de medidas cautelares es de alta importancia internacional, aunque el Gobierno no dio respuestas a las preguntas de este diario. Pero Clarín pudo confirmar en Londres y Buenos Aires Aires que el lunes se vence el ultimátum que le dio Milei al Reino Unido cuando el 28 de septiembre lo intimó formalmente para que, en el plazo de dos semanas adoptara las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuación de las actividades destinadas a la explotación de los recursos hidrocarburíferos en la Plataforma Continental Argentina.

Ese día se inició el procedimiento. En una comunicación, el Gobierno que el canciller Pablo Quirno había notificado al Reino Unido el inicio de un arbitraje internacional bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

La CONVEMAR y el Tribunal Internacional del Mar son conocidos en Argentina porque son los que terminaron decidiendo el destino de la Fragata Libertad, en Ghana, adonde había sido retenida por pedido de los fondos buitre que reclamaban por la deuda de Argentina. Por orden del Tribunal es que se liberó el emblemático buque escuela de la Armada Argentina, en 2012.

Por debajo de la cautelar que ahora se le pide al Tribunal respecto al petróleo en las Malvinas para los juristas argentinos yace el reclamo de que s trata de una disputa relativa a la explotación de recursos no renovables en la plataforma continental en disputa entre los dos Estados. El Tribunal, conocido también como Tribunal de Hamburgo examina cuestiones únicamente de Derecho del Mar, por lo tanto no va a resolver la cuestión de soberanía que reclama Argentina a Gran Bretaña. Tampoco va a discutirla. Pero sí se va a evaluar si una parte en la disputa puede explotar unilateralmente los recursos no renovables de una zona litigiosa. Y el el petroleo se encuentra en la plataforma continental, un espacio marítimo regido por la CONVEMAR.

El tribunal tiene 21 jueces, uno es argentina, y los británicos no tienen ninguno por lo tanto tendrán derecho a poner uno.

En una primera comunicación, la Oficina de la Presidencia emitió un comunicado en el que denunciaba que una empresa de Reino Unido había hecho vuelos sin permiso entre Punta Arenas, en Chile, y las islas Malvinas, que sin embargo no sobrevoló el espacio aéreo argentino sino que lo evitó llevando material logístico a las islas. Una “aeronave con matrícula” británica hizo la ruta “sin autorización de las autoridades argentinas”.

Apuntaron a Thales UK Limited, una firma de tecnología militar y de comunicaciones sofisticadas que es proveedora del Ministerio de Defensa británico y de la poderosa Royal Air Force (RAF) con la que tiene acuerdos de larga data. Una versión apunta a un vuelo para esa fuerza en septiembre. Otra, al traslado de empresarios a la reunión de negocios que durante dos días se desarrolla en la ciudad chilena.

“El Presidente de la Nación ha ordenado a los equipos de gobierno dar inicio de forma urgente a los procedimientos sancionatorios y las denuncias penales correspondientes, así como también a las gestiones diplomáticas pertinentes” para elevar la queja, dice el texto oficial.

Y luego hablaba de que había instruido a los equipos jurídicos de la Cancillería a que se iniciara el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VIl de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, con el objeto de impedir la explotación ilegítima de los recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte, a través del proyecto denominado “Sea Lion”. El Presidente acababa de criticar con dureza a las Naciones Unidas en su discurso ante la Asamblea General, en Nueva York.

En ese comunicado se hablaba de que se les daba formalmente plazo al Reino Unido para que, en dos semanas, adoptara las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuación de las actividades destinadas a la explotación de los recursos hidrocarburíferos en la Plataforma Continental Argentina.

Y lanzó un ultimátum: “De no cumplir el Reino Unido con este requerimiento en el plazo fijado, la República Argentina solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar las medidas provisionales necesarias para preservar los derechos soberanos sobre su Plataforma Continental”.

Sin embargo ese procedimiento ya se había iniciado. Lo lleva la Consejería Legal de la Cancillería, el embajador Mario Oyarzabal y la secretaria legal y técnica de la presidencia de la Nación es María Ibarzabal Murphy, quien trabajó también en el proyecto de ley de la Defensa Nacional, que, a diferencia del recurso al Tribunal del Mar, es muy polémico y ya ofrece fuerte resistencia en el Congreso de la Nación por considerarse que se extralimita enormemente en otras áreas de la seguridad nacional, y se mete en asuntos sensibles que ya están legislados.

El lunes hubo una situación de lo más incómoda para el embajador británico en Buenos Aires, cuando -tal como informó este diario- en la cena anual del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), Quirno se refirió al reclamo argentino en su discurso como orador central. Detrás del embajador David Cairns -que se retiró anticipadamente de la cena-, habló de que proveedores de petroleras están abandonando sus actividades en Malvinas. Entre ellas mencionó a Haliburton, que anunció que no prestará servicios en las Malvinas ante la amenaza de sanciones argentina por la explotación ilegal de petróleo en el yacimiento de Sea Lion, al norte de las capital de las islas. También se refirió al derrumbe de los precios de Navitas y Rockhopper.