Magistratura: el día después de la condena a “Los Copitos”, Cristina avanzó contra la jueza que investigó el ataque

Un día después de que Fernando Sabag Montiel haya sido condenado a 10 años de prisión por haber querido matar a la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner, en un juicio sustanciado en tiempo récord, el kirchnerismo avanzó este jueves con su acusación para sancionar o destituir a la jueza que instruyó el caso: Eugenia Capuchetti.

En un clima de guerra abierta, los representantes del kirchnerismo del Consejo de la Magistratura de la Nación decidieron pisar el acelerador en su ataque a la jueza Capuchetti e interrogar a uno de los expertos que manipularon el teléfono de Fernando Sabag Montiel, pese a la posición de la magistrada y de los consejeros que representan a los jueces y a sectores no K.

Capuchetti, luego de elevar a juicio a Sabag Montiel y Brenda Uliarte de la banda de “Los Copitos”, investiga ahora en una causa residual el rol de la Policía Federal de Alberto Fernández en la investigación de la causa y la actitud de la custodia de la ex presidenta que falló en dar seguridad aquella noche del 1° de septiembre. Además, sobreseyó a Gerardo Milman por falta de pruebas pero acusado por Cristina de ser el “autor intelectual” del atentado y llamó a indagatoria al “testigo” y asesor del bloque de diputados de Todos por la Patria, Jorge Abello, por falso testimonio contra el legislador del PRO.

“La Cámpora” que dirige Máximo Kirchner y otros sectores K se quejaron el miércoles porque la condena no incluyó a los supuestos autores intelectuales que habrían obrado detrás de la banda de marginales.

“10 años para Sabag Montiel y 8 para Brenda a Uliarte por el intento de asesinato a Cristina a Fernández de Kirchner. ¿Qué pasó con la pista de Gerardo Milman, el borrado de celulares en las oficinas de Bullrich, y el financiamiento de la empresa de Caputo? No sabemos, porque la justicia no los quiere investigar”, sostuvo la agrupación “La Cámpora” en un mensaje en la red social X

La medida testimonial fue en contra de los planteos de la defensa de la magistrada que, momentos antes de la audiencia, había insistido en que todo el procedimiento es nulo, que el perito de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) convocado había declarado como acusado en una causa denunciado por ella y que la audiencia debía suspenderse. Además, recusó a uno de los consejeros, el senador k Mariano Recalde.

La comisión de Disciplina encabezada por el abogado Cesar Grau no solo no hizo lugar, sino que, además, decidió junto a otros consejeros k transmitir la audiencia en vivo en y en directo, pese a que, con otros casos, nunca se había transmitido.

Cuando la abogada de Capuchetti, Debora Lichtman, planteó sus objeciones y reclamó explicaciones, le dijeron que lo resolverían oportunamente. “Esto es una persecución política violando todos los procedimientos y un avasallamiento de los derechos de la defensa”, aseguró.

En la audiencia la escuchaban no solo Grau y Recalde sino también la senadora Inés Pilatti de Vergara, los diputados Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley y el juez Alberto Lugones. Lugones fue el que salió en apoyo a Grau cuando la defensora pidió explicaciones sobre el criterio de llevar adelante la transmisión en vivo.

Todo ocurrió en la tarde de este jueves. El miércoles, el Tribunal Oral Federal 6 condenó a Sabag Montiel y Brenda Uliarte por haber querido matar a Cristina Kirchner el 1 de septiembre del 2022, con el uso de un arma de fuego, y sin el agravante de violencia de género como había planteado la querella y la fiscalía. También absolvió al jefe de los copitos Nicolás Carrizo porque no había acusación en su contra. Tras el fallo, “La Cámpora” insistió en “quién mandó a matar a Cristina” y aseguró que “la justicia no quiere investigar” qué pasó con el celular del diputado Gerardo Milman o el financiamiento “de la empresa de Caputo”.

Un mes después del atentado, Cristina Kirchner recusó a la jueza Capuchetti y la acusó de no haber avanzado en el sentido reclamado por la querella. La bancada kirchnerista la denunció por mal desempeño en el Consejo de la Magistratura. Hace unas semanas, con el acompañamiento del senador del PRO Luis Juez, el kirchnerismo resolvió citar a declarar como testigos a cinco testigos por las fallas en la preservación del celular del atacante de Cristina Kirchner, entre los cuales figuraba el ministro de Justicia bonaerense Juan Martín Mena, voz pública de Cristina Kirchner en materia judicial. Capuchetti impugnó el procedimiento, dijo que todo es nulo porque nunca fue notificada de la acusación en su contra y afirmó que no podían declarar personas que habían sido denunciados penalmente por ella, como Mena y dos peritos. La comisión decidió avanzar igual y, después de una modificación de fechas, hoy se presentó en el Consejo Pablo Kaplan, un inspector de PSA que estaba a cargo de la Oficina de Informática Forense de esa fuerza cuando la enviada por el juzgado le entregó el dispositivo.

Tanto Kaplan como Camila Dafne Seren, oficial mayor de la PSA que hoy avisó que no podía ir a declarar, fueron denunciados y enfrentaron indagatorias como sospechosos de haber “intervenido en la maniobra mediante la cual se produjo en primer lugar el bloqueo del teléfono celular secuestrado a Fernando Sabag Montiel al momento que su detención” y “su reseteo a valores de fábrica, lo cual habría producido el extravío de información sensible”.

El kirchnerismo, no obstante, acusa a Capuchetti de haber destruido el teléfono. Y, por lo tanto, no hizo lugar a los planteos de la defensora de la jueza que hoy cuestionaba la validez de su testimonio. Tampoco quisieron aceptar suspender la reunión hasta sustanciar y resolver la recusación de Recalde: le dijeron que eso lo iban a tratar la próxima reunión de comisión. “Esto es una causa claramente política. Usted, doctor Grau, es abogado y debería conocer las normas procesales”, le dijo la defensora de Capuchetti.

Tras dar los primeros pormenores de cuando le informaron que estaban llevando ese dispositivo a peritar, el kirchnerismo apuntó sus preguntas a las condiciones en las que había recibido el material con un sobre abierto. Pero, a preguntas de la defensora, el propio testigo admitió que eso era algo habitual, “a veces en bolsas de plástico”, sin actas, y que eso dependía de cada juzgado. “Había cosas complicadas”, deslizó.

Sobre el final, intervino el consejero abogado Alberto Máquez, quien había llegado tarde a la audiencia y preguntó si el testigo había sido denunciado por la jueza. Grau le dijo que eso ya se había discutido y dio por finalizada la reunión.