Los vínculos políticos de los jueces que favorecieron a la AFA pasándola bajo el control de Axel Kicillof

Con el Mundial de fútbol en marcha, la influencia histórica de la AFA sobre la Justicia sigue dando sus frutos. Hasta principios de año había 26 jueces en los tribunales de Disciplina, Apelaciones y Ética de la entidad madre del fútbol argentino. Pero tras un fallo de la Corte Suprema, la mayoría renunció.

Por la acordada de la Corte, al Tribunal de Disciplina renunció Martín Peluso, juez en lo Criminal y Correccional Nº 9 de la Ciudad de Buenos Aires. También Esteban Mahiques, hijo del camarista de la Casación Federal Carlos Mahiques, quien festejó su cumpleaños en la mansión de Pilar atribuida a Pablo Toviggino y ahora es asesor de su hermano, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

En este proceso renunciaron dos integrantes de los tribunales de Ética y de Disciplina de la AFA que, además, ejercen como conjueces ante la Corte. También dejaron sus cargos Diego Barroetaveña, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, y el juez de Mendoza Juan Ignacio Pérez Curci.

El rol del juez Alberto Lugones

Pero la renuncia más importante a su cargo en la Asociación del Fútbol Argentino fue la de Néstor Barral, camarista federal de San Martín. En ese tribunal comparte funciones con Alberto Lugones, dirigente de la lista Celeste de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, la agrupación más cercana al peronismo.

Lugones fue, además, el juez que en enero decidió que la causa por la mansión de Pilar —la más importante de las siete que giran alrededor de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino— dejara de estar en manos del juez en lo Penal Económico porteño Marcelo Aguinsky, quien venía acelerando la investigación, y pasara al juez de Zárate-Campana Adrián González Charvay, considerado cercano por la cúpula de la AFA.

Charvay frenó el avance del expediente y no tomó decisiones de fondo, a la espera, seguramente, de que comenzara el Mundial, que podría convertirse —si la Argentina vuelve a consagrarse campeón— en una tabla de salvación para Tapia y Toviggino. Y éstos ganaron 4 meses de retraso.

Lugones utilizó como argumento que la mansión valuada en 17 millones de dólares estaba situada en Pilar, jurisdicción del juzgado de Zárate-Campana, pese a que en ese momento se trataba de un terreno baldío abandonado, entregado en comodato por el intendente kirchnerista de Pilar, Federico Achával.

Sugestivamente, la Sala D de la Cámara Civil que favoreció a la AFA está integrada por los jueces Gabriel G. Rolleri, Juan M. Converset y Maximiliano L. Caia y utilizó el mismo eje argumental que Lugones: que la AFA debe ser controlada por la Dirección de Asuntos Jurídicos del gobernador Axel Kicillof porque su asamblea ordinaria, el año pasado, decidió mudarse a Pilar. Esa sala fue la misma que convalidó la reelección de Tapia, en una controvertida asamblea, hasta diciembre de 2028.

Esto ocurrió pese a que la Inspección General de Justicia (IGJ) fue la histórica controlante de la AFA hasta antes del polémico contrato con TourProdEnter, de Javier Faroni, y nunca autorizó —como correspondía— la mudanza de su sede a un terreno baldío cubierto de pasto y sin instalaciones habitables hasta hace pocos meses.

En fuentes judiciales consultadas por Clarín se afirmó que “el juez Gabriel Rolleri es ahijado judicial de Alberto Lugones y, además, su nombramiento como camarista con el apoyo de Gregorio Dalbón, abogado de la ex presidenta Cristina Kirchner”. Por su parte, “Caia militó en la Lista Celeste de la Asociación de Magistrados y luego se alejó”, agregaron las fuentes.

Lo cierto es que los jueces Rolleri y Caia fueron nombrados por el ex presidente Alberto Fernández.

Pese a que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, desplazó a Daniel Vítolo -un reconocido experto en derecho societario- de la IGJ y lo reemplazó por Alejandro Ramírez, quien redujo el ritmo de los controles sobre la AFA, se anunció que se apelará el fallo ante la Corte mediante un recurso extraordinario federal.

En un comunicado, el Ministerio de Justicia señaló que el fallo de la Cámara Civil declaró la nulidad de la Resolución Particular N° 140/2026 —dictada por Vítolo— y de la Resolución Ministerial RESOL-2026-128-APN-MJ, ordenando la cancelación de la inscripción de la Asociación del Fútbol Argentino en el Registro Público a cargo de la IGJ.

“El tribunal formuló observaciones sobre la forma en que las competencias de fiscalización fueron ejercidas en el caso concreto durante la gestión anterior en 2025, señalando deficiencias procedimentales, excesos y arbitrariedades en su instrumentación”, agregó el comunicado en alusión a Vítolo.

Sin perjuicio de ello, las autoridades actuales “entienden que la cuestión de fondo —el alcance del poder de policía de la IGJ sobre entidades civiles radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires frente a un cambio de jurisdicción registral— merece una definición precisa por parte del máximo tribunal”.

“Un proceso de fiscalización válidamente iniciado no puede quedar neutralizado por un cambio de jurisdicción registral cuando existen irregularidades institucionales pendientes de esclarecimiento”, señaló Justicia.

A su vez, el actual Inspector General de Justicia, Alejandro Ramírez, señaló: “El tribunal marcó problemas en cómo se actuó, pero no resuelve el fondo de la cuestión, es decir, hasta dónde llega la competencia de la IGJ en casos de esta trascendencia. Resulta importante una respuesta definitiva de la Corte Suprema. Por eso se apelará”.

Por su parte, Vítolo dijo que “es falso, como sostiene el fallo, que le negamos el derecho a la defensa. Entregaron balances, pedimos precisiones y se negaron a darlas”. Y aclaró que “nunca avalamos el cambio de jurisdicción a la provincia, solo le dimos un certificado por los balances entregados”.

Mientras se define esta cuestión administrativa, el juez federal de Zárate-Campana, Adrián González Charvay, aún no pasó la causa de la mansión de Pilar a la jueza en lo Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires Verónica Straccia, tal como ordenó la Cámara Federal de Casación Penal y luego la Cámara en lo Penal Económico el viernes de la semana pasada, al anular el fallo de Lugones.

Gonzalez Charvay aún no entregó la causa de la mansión

“González Charvay no entregó el expediente por el momento. Está reuniendo todo lo que indicó la Cámara de Casación en su fallo”, explicaron fuentes judiciales para tratar de justificar el retraso. Se trata de un traspaso digital, no de miles de papeles.

Así, la jueza en lo Penal Económico Verónica Straccia aún no recibió esa causa “caliente”.

Pero la disputa por la competencia de la causa madre seguirá aún dando vueltas hasta que tenga un juez definitivo. Sucede que Straccia es suplente en el juzgado 10 del fuero Penal Económico y el Gobierno debe elegir a un candidato de una terna de tres enviada por el Consejo de la Magistratura de la Nación.

Para ese cargo fueron seleccionados en la terna el juez Ignacio Labadens, la jueza María Juliana Márquez y el abogado Matías Alejandro Latino. Como lista complementaria quedó incorporada la doctora María Pérez Cárrega.

¿A quién propondrá Mahiques para que Milei elija? Toda una incógnita.