Llegó el primer informe de Cristina Kirchner presa: cómo es su conducta y qué pasa con las visitas

El primer informe respecto sobre el comportamiento de Cristina Kirchner durante su arresto domiciliario ingresó al Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) y el resultado “fue positivo”, confirmaron fuentes judiciales a Clarín. En consecuencia el juez Jorge Gorini, responsable de ejecutar la pena del caso Vialidad, prorrogó por tres meses más las reglas de conducta impuestas para que la ex Presidenta siga en San José 1111.

Cristina Kirchner pasó de manera favorable el primer informe respecto a las reglas que rigen por orden del TOF 2 al momento de concederle el beneficio de la morigeración de la pena.

A la fecha, según indicaron fuentes judiciales a Clarín, no se ha verificado incumplimiento alguno de las reglas de conducta impuestas por el Tribunal que ejecuta la condena por corrupción en el caso Vialidad.

Después de que la Corte Suprema de Justicia otorgó firmeza a la sentencia de juicio a través de la cual se condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, el TOF 2 ordenó el arresto domiciliario -contrario a lo que solicitó la fiscalía-.

El beneficio se concedió bajo estrictas reglas de conducta. Se resolvió -en consecuencia-, que la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal debía llevar adelante la supervisión de la ejecución de la prisión domiciliaria de la ex Presidenta.

Eso viene de la mano de la presentación de un informe trimestral ante el Tribunal, respecto a los resultados de la supervisión “período de tiempo al cabo del cual se evaluará el grado de acatamiento de las reglas impuestas, con los alcances establecidos en la ley”.

Fue justamente, lo que ingresó recientemente al Tribunal. El documento consigna que Cristina Kirchner cumplió con las reglas impuestas. Se había determinado que esas condiciones se debían “observar y cumplir mientras se mantenga la modalidad domiciliaria del cumplimiento de la pena de prisión”.

“El informe tuvo un resultado positivo y el comportamiento fue acorde a lo exigido”, explicó a Clarín una fuente judicial. Por ese motivo, el juez Jorge Gorini prorrogó por tres meses más las reglas de conducta impuestas al otorgar la prisión domiciliaria.

No hubo cuestionamientos por las visitas que recibe en su departamento. En principio, para que ingresen, debe avisar al Tribunal que los autoriza.

En primer término la ex presidenta debe permanecer en el domicilio fijado. ” Es una obligación que no podrá quebrantar salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor que deberá justificar debidamente”.

Además, tiene que “abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”. Ese punto, apenas ingresó a San José 1111 levantó polémica. Los vecinos se quejaban de los acampes y marchas frente a su departamento.

La Justicia también impuso condiciones para las visitas. El listado “no es amplio ni libre y está restringido a que ingresen sin autorización la familia, abogados y médicos que la defensa de la ex presidenta le entregó a la Justicia.

Por fuera de lo que impone la resolución, explicaron fuentes judiciales, Cristina Kirchner debe pedir autorización a la justicia.

No hubo advertencias ni quejas por la cantidad de visitas que recibe. En el último tiempo estuvieron los candidatos porteños de Fuerza Patria Mariano Recalde a Itaí Hagman, el candidato bonaerense Jorge Taiana, pero también la visitó el ex presidente de Colombia Ernesto Samper y Lula Da Silva.

En su momento, la expresidenta había escrito en sus redes sociales que era una persona con “vida social” y que eso no podía quedar cercenado a la autorización del Tribunal. En Comodoro Py prima otro concepto: que no se desnaturalice la prisión domiciliaria, que se ordenó en cumplimiento de una condena por corrupción.

La discusión junto al pedido para que le retiren la tobillera electrónica, llegó ante la Cámara de Casación.

Los jueces Barroetaveña y Hornos coincidieron en que las autorizaciones previas “también responden a una cuestión de seguridad personal de la propia exmandataria, quien había fundado su pedido de prisión domiciliaria en presuntos riesgos sobre su integridad física”.

Entendieron que una flexibilización excesiva de las condiciones impuestas “en un caso de esta magnitud afectaría no sólo la eficacia del cumplimiento, sino también el mensaje normativo que debe proyectar toda condena penal impuesta ante delitos que comprometen la integridad institucional del Estado como la corrupción”.