Ley de Glaciares: el oficialismo cedió a la presión de la oposición en Diputados y se convocará a una audiencia pública

Si bien el Gobierno tenía las expectativas puestas en aprobar la Ley de Glaciares en un trámite exprés, el oficialismo tuvo que retroceder en su estrategia y accedió en Diputados al reclamo de los distintos sectores de la oposición para que se convoque a una audiencia pública de carácter federal.

La medida fue acordada en una reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, que están controladas por el oficialismo ya que están presididas por Nicolás Mayoraz y el sanjuanino José Peluc.

El plan original de La Libertad Avanza (LLA) era abrir el debate y sacar dictamen en una misma reunión para llevar al recinto la propuesta, que tiene la media sanción del Senado, la próxima semana o en su defecto el 19 de marzo.

Sin embargo, antes de que se iniciará el debate en comisión, el diputado Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica anticipó que iba a reclamar la convocatoria a una audiencia pública antes de sacar despacho para que el proyecto llegue al recinto. Lo hizo invocando el artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente (arts. 2, 19, 20 y 21) y el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566).

Ante la amenaza de que pueda judicializarse la propuesta, el oficialismo tuvo que acceder al pedido de audiencia pública. Y si bien lo que se resuelva no es vinculante, en La Libertad Avanza no descartan la posibilidad de que se hagan modificaciones a la propuesta, lo que obligaría a regresarla al Senado, donde fue aprobada con 40 votos a favor, entre oficialistas, aliados e incluso votos peronistas, 31 en contra y 1 abstención, de la neuquina Julieta Corroza.

Si bien en el oficialismo están confiados en que tendrán los votos para aprobar la iniciativa en el recinto de Diputados, en la oposición especulan que podrán rechazar la iniciativa y no dudaron en calificar como “una pequeña victoria” la posibilidad de someter la propuesta a una audiencia pública.

Incluso pusieron en duda que La Libertad Avanza junto a sus aliados pueda replicar el triunfo como en el Senado, ya que en la Cámara alta tuvo el acompañamiento de 4 peronistas. Por ahora, se especula que el Gobierno contaría con más de 130 votos para avanzar con la reforma de la Ley de Glaciares.

En la apertura de la reunión plenaria, Ferraro, quien forma parte del interbloque Unidos, puntualizó que la audiencia deberá tener “un carácter federal, con participación, no solamente de las provincias que puedan tener desarrollo minero”. “No se trata solamente de la cuestión vinculada al desarrollo de la producción minera, sino también, vamos a tener un debate interjurisdiccional, constitucional”, agregó.

Tras la presentación de Ferraro, Mayoraz sorprendió a la oposición al proponer convocar a una audiencia pública para el 25 de marzo, con participación federal y por zoom.

Pero desde el peronismo, Sabrina Selva reclamó una audiencia pública y federal en distintos lugares del país, ya que -según su interpretación- “están en riesgo las cuencas hídricas de la Argentina”.

El oficialismo salió al cruce a través de Silvana Giudici, quien destacó que la propuesta presentada por el oficialismo permite que tenga la difusión suficiente para que esa audiencia sea fuertemente federal ya sea a través de la presencia en Buenos Aires o telemático o por escrito.

Frente a la presión de los sectores de la oposición, Mayoraz ofreció desdoblar la audiencia en dos jornadas, El 25 de marzo se realizará una audiencia pública presencial y al día siguiente se desarrollará una segunda jornada por zoom para aquellos sectores que no puedan estar en Buenos Aires.

De esta manera, el oficialismo proyecta sacar despacho de comisión después de Semana Santa, entre el 7 y 8 de abril. Aún no está definido si irá al recinto esa misma semana o la siguiente.

El debate en comisión tuvo momentos de tensión como cuando intervino la diputada Lucía Cámpora, quien cargó contra el oficialismo por la propuesta que modifica la normativa aprobada en 2010. La camporista apuntó contra el senador oficialista Enzo Fullone a quien acusó de decir “huevadas” porque durante la sesión en la que el proyecto obtuvo la media sanción afirmó que los glaciares son “rocas congeladas”.

Por su parte, Juan Grabois pidió que se garantice la conexión a las comunidades originarias que habitan las regiones de los peri glaciales para que puedan participar en las audiencias.

La propuesta debilita al IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) al darle más poder a las provincias sobre el inventario de los glaciares. Le permite a los gobernadores tener más control sobre la delimitación de las áreas peri glaciares y en la aprobación de estudios de impacto ambiental.

Para eso, el Gobierno se apoya en el artículo 124 de la Constitución que establece que las provincias tienen el dominio originario de los recursos naturales. La ley vigente protege a los glaciares y al ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua dulce y prohíbe actividades extractivas.