Le prometieron una vida mejor, pero la tuvieron 22 años como esclava y vigilada con 16 cámaras desde EE.UU.

La casa de la calle Montevideo estaba quieta. Nadie esperaba que un allanamiento irrumpiera en la tranquilidad del barrio Martin, en una zona residencial de la ciudad de Rosario. Ni siquiera la víctima supo que su vida estaba a punto de cambiar.

La historia empezó hace 22 años, cuando una adolescente de 14 años viajó desde Corrientes. En 2003 fue captada en la localidad de Tres Bocas en una situación de extrema vulnerabilidad. No sabía leer ni escribir y vivía en un contexto de pobreza profunda.

Cuando su padre murió, la madre quedó a cargo de nueve hijos y creyó en la promesa de quien la engañó. Llevarían a su hija mayor a Rosario, donde le ofrecían una vida mejor, ir a la escuela hasta ser maestra o abogada.

Nada de eso pasó y, en cambio, siempre de acuerdo a la acusación de la Justicia, fue explotada durante dos décadas para realizar tareas domésticas y de cuidado sin ninguna remuneración, francos, vacaciones ni vida social.

Su mundo de circunscribía a lo que pasaba en la casa de la calle Montevideo. La única actividad que realizaba (además de limpiar, cocinar, lavar y comprar lo que le pidieran) era mirar Pokémon o Netflix cuando todos dormían.

Durante muchos años -advierten-, la mujer no tuvo llave de la casa ni, al momento del allanamiento, no tenía un cuarto donde descansar o poner la ropa que le daban para vestirse.

“Sus cosas estaban en cajas de plástico”, confiaron. Compartía la habitación con la mujer que cuidaba, que tiene 88 años y un presunto diagnóstico de Alzheimer.

Cuando era apenas una niña, para concretar el traslado, la madre de la víctima fue citada en una escribanía para firmar un acta notarial, pero no sabía leer ni escribir ni tampoco recibió asesoramiento de alguien de su confianza. Así firmó sin saber lo que hacía. Quien realizó el acuerdo fue identificada con las siglas D.M.G y era prima de J., la mujer que la recibiría en su casa y quien la fue a buscar a Corrientes.

Así fue como la adolescente llegó junto a su “patrona” en micro a Rosario, directo a la casa de la calle Montevideo.

Más de 30 testigos declararon ante la Justicia e identificaron a la presunta víctima como una empleada. Nadie consideró que se trataba de una familiar ni de una amiga. Hacía tareas compatibles con una trabajadora de casas particulares y cuidaba a su “patrona” todos los días, sin franco, vacaciones ni descanso conocido.

Todo cambió hace unos dos meses, cuando la mujer, que ahora tiene 37 años, fue al hospital. Los médicos que la atendieron notaron la vulnerabilidad que la atravesaba y dieron intervención a la Defensoría del Pueblo. Buscaban ayudarla, que ingresara a algún plan de alfabetización o que recibiera algún tipo de asistencia para mejorar su situación.

Lo que dijo en la entrevista encendió todas las alertas: enseguida advirtieron de lo que pasaba a la Oficina de Trata de Personas del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de Rosario, a cargo de Javier Arzubi Calvo.

La Policía Federal, junto al programa de Acompañamiento a Víctimas y la Secretaría de Derechos Humanos, participaron del allanamiento en el que la rescataron.

Ahora está bajo la custodia del Estado y se inició una causa el “delito de trata de personas con fines de reducción a la servidumbre“, según publicó el sitio Fiscales.gob.ar.

De acuerdo a la información difundida por la Fiscalía Federal de Rosario, la imputación fue formulada por la fiscal Adriana Saccone, de la Unidad Fiscal Rosario, en reemplazo de Javier Arzubi Calvo, y por las fiscales coadyuvantes María Virginia Sosa y Soledad García, de la Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros Delitos Complejos del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos.

La audiencia se realizó el viernes pasado ante el juez de Garantías Román Lanzón. Fue así que decidieron imputar a S.S., la hija de J., que vive en Los Ángeles, Estados Unidos hace casi 40 años. La mujer asistió por videollamada y contó con la defensa de Gustavo E. Feldman, quien solicitó el sobreseimiento pero le fue rechazado.

Lo cierto es que la mujer de 88 años será sometida a pericias médicas y psiquiátricas para determinar si entiende la criminalidad de sus actos y confirmar su diagnóstico.

Pero si quien tuvo bajo su custodia a la joven desde que era una niña y quien fue a buscarla a Corrientes era J, ¿por qué imputan a su hija, que al momento de la captación vivía en otro país?

Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal (MPF), la explotación se extendió durante 22 años y cesó el pasado 2 de octubre luego del allanamiento. Pero, en 2003, cuando trasladaron a la víctima con 14 años la ahora imputada ya vivía en los Estados Unidos.

“Las fiscales formalizaron la acusación únicamente contra S.S. por el delito de trata de personas con finalidad de reducción a la servidumbre en la modalidad de acogimiento, doblemente agravado por haberlo hecho en abuso de una situación de vulnerabilidad y por haberse consumado la explotación en perjuicio de la víctima”, expicaron.

“Consideraron a S.S. como presunta autora del delito por el período comprendido entre julio de 2022 y octubre de 2025, por entender que, desde esa fecha subrogó el lugar de su madre -también investigada en el legajo fiscal pero no imputada formalmente- en lo que respecta al control de todo lo que sucedía en el interior del domicilio, valiéndose de 16 cámaras de seguridad y de un dispositivo móvil entregado a la víctima. De ese modo, continuó la explotación y garantizó su permanencia durante ese lapso de tiempo”, detallaron.

Es decir que, en este momento, la Justicia acusa a la hija por tres años de explotación, pero no a la madre por los otros 19 años (en cuatro de los cuales se trataba de una menor de edad).

Además, la imputada tiene dos hermanos varones que tampoco fueron acusados. Uno vive en Estados Unidos como ella y otro en Rosario. Éste las visitaba periódicamente y también estaba al tanto de las actividades dentro de la casa.

La decisión de imputar a la hija radica en que era ella quien daba las indicaciones a la cuidadora de su madre y quien tomó el control de las cámaras desde su casa de Los Ángeles.

“No podemos desconocer todo el recorrido previo, cómo llega a Rosario que se traduce en una conducta criminal anterior. La captación no se la podemos imputar a la hija que vive en EE. UU. porque no estuvo presente en el acogimiento desde que llegó, pero sí desde que se empieza a deteriorar la salud de la señora en términos de control de lo que pasaba en la casa y eso entendemos que habría sucedido en 2022”, explicaron fuentes del caso.

Y advirtieron: “Ella continuó con la explotación porque le reportaba una utilidad. Ahora la mujer tiene tres cuidadoras. Y no es que ella (por la víctima) estaba impedida materialmente de salir, pero no tenía herramientas de socialización, nunca hizo nada más que estar dentro de esa casa limpiando o cuidando“.

Según la acusación, la víctima no iba a la escuela, no tenía una actividad extracurricular, no está socializada y no se llevó casi nada de la casa después del allanamiento porque no se reconocía dueña de nada. Empezó a tener llave de la propiedad desde que la salud de la señora empeoró, describieron.

“¿Adónde iba a ir si no conocía a nadie? No tenía adónde ir, no tenía plata. Ella dice que le daban unos dólares, pero no sabe sumar ni restar, no sabe ni puede decir cuánta plata tenía y no se la llevó ni se la devolvieron. Ella no pensaba que estaba trabajando, no se reconoce como víctima”, indicaron desde la parte acusadora.

La defensa rechaza la acusación y pidió el sobreseimiento de la imputada. “Le endilgan a mi clienta haber impedido que la presunta víctima haya tenido relaciones sociales, pero eso es una verdadera ridiculez porque vive a 14 mil kilómetros de distancia. El primer contacto que toma mi clienta con esta persona fue hace 12 años porque ya vivía en el exterior cuando empezó a convivir con su madre”, argumentó Feldman a Clarín.

Además, insistió: “Le endilgan haber tenido ese rol de patrón explotador porque la madre tiene Alzheimer. Esa subrogación no existe. Cuando dicen que subroga a la madre y comienza a perpetrar el delito -en 2022-, la presunta víctima tenía 34 años, una autonomía de funcionamiento plena y absoluta. Tenía llave de la casa, le cobraba la jubilación a J. y el dinero de alquileres, administraba todos los bienes y las compras de la casa”.

Lo cierto es que la defensa niega que el vínculo haya sido de explotación laboral o reducción a la servidumbre y lo describe como “acuerdo”. Pero no pudo confirmar si recibía una remuneración por la tarea ni cuánto dinero se asignaba por lo que realizaba. La mujer nunca estuvo registrada, no tenía aportes patronales ni obra social.

Si era como una hija para la mujer que cuidaba ¿por qué no tenía un espacio propio para el descanso o un acceso al sistema de salud privado como el resto de los integrantes de la familia?

Respecto de las cámaras de seguridad, Feldman lo califica como “una construcción ficcional”.

“Lo describen como si fuera un campo de concentración y eso no es así porque el lugar que ocupaba la víctima no tenía cámaras. Quien instaló esas cámaras explica que es algo muy común en estos días lo de las cámaras externas e internas, sobre todo cuando hay alguna persona con problemas de salud y que ante un accidente necesitarían ayuda: eran por seguridad”, señaló.

Y cerró: “Cuando la traen, mi clienta vivía en Estados Unidos, la autonomía y el consentimiento de una nena de 14 años no es el mismo de una persona de 34”.