La mina guatemalteca que le pagó a José Luis Espert tenía años de estar inactiva

José Luis Espert terminó aceptando que recibió US$200.000 en 2020 como parte de un contrato por un millón de dólares para asesorar a la empresa guatemalteca Minas del Pueblo, propiedad de Federico Machado. Pero cuando esa compañía hizo el traspaso de fondos su principal sitio minero estaba parado, sin producir actividad económica alguna, al menos de forma legal, según revelan investigaciones hechas en Guatemala por el Ministerio Público (MP) y diputados locales que lo visitaron en aquellos días.

En el papel, el principal sitio de extracción de Minas del Pueblo se llama La Meca I y está ubicado en Alta Verapaz, un departamento montañoso en el norte del país. Machado la compró en 2019, de acuerdo con documentos registrales guatemaltecos, y obtuvo una licencia para extraer zinc, plomo y plata. Nunca extrajo nada de ahí, pero sí utilizó la pista aérea del lugar para aterrizar aviones con cocaína y para sacar oro extraído ilegalmente de otro sitio.

“Descubrimos que Minas del Pueblo estaba a cargo de él (Machado) y no había explotación de nada, todo era una pantalla”, dice Carlos Barreda, exdiputado guatemalteco del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) que investigó las actividades mineras del argentino luego de que un alcalde de su partido denunció, también en 2020, que Machado estaba extrayendo oro y plata de forma ilegal de otra mina guatemalteca, conocida como El Pato y ubicada en el sureño departamento de Chiquimula.

Fue la relación de Machado con estas dos minas, La Meca I y El Pato, la que llamó la atención de los congresistas guatemaltecos y, luego, del MP. La primera es la que está relacionada con el escándalo Espert, mientras la segunda, que nunca fue propiedad de Machado, también formó parte de un entramado de minería ilegal por la que el empresario fue investigado en Guatemala.

El exdiputado Barreda cuenta que la investigación política inició porque Rolando Aquino, entonces alcalde de Chiquimula, pidió ayuda de sus congresistas para mediar con un grupo de pobladores que protestaban por la apertura de una mina en el lugar, El Pato.

Decían los manifestantes que el alcalde había dado permisos irregulares a quienes operaban el sitio, pero Aquino lo negaba y aseguraba que él solo había dado permisos de construcción. Arrancó, entonces, una indagatoria durante la que habitantes de Chiquimula hablaron de un argentino que llegó ofreciendo trabajo y comida, cercó el sitio minero y empezó a llevar camiones.

La investigación determinó luego que dos camiones, placas C-130BHL y C-029BLK y propiedad de Minas del Pueblo, llegaban a El Pato a sacar el oro que se estaba extrayendo ahí de forma ilegal porque, según la investigación guatemalteca, esa mina no tenía permiso de explotación. En un operativo, la policía detuvo los vehículos y a César Rolado Tubaj Chó, un empleado de Minas del Pueblo.

Los investigadores guatemaltecos determinaron, entonces, que Machado dirigía un esquema de extracción ilegal de oro en Chiquimula y que llevaba lo extraído por tierra hasta La Meca I, 208 kilómetros al norte. Si el dinero que recibió Espert provino de esa actividad, el origen de esos fondos tampoco es legítimo: proviene de una actividad minera que no estaba autorizada porque Machado no tenía permiso para hacerlo ni era dueño de la mina de la que estaba sacando oro y porque Minas del Pueblo nunca tuvo permiso para extraer o comerciar oro.

Para entonces, la huella de Federico Machado y de su hermano Gastón, quien se había presentado en Centroamérica como desarrollador inmobiliario y estaba implicado en la construcción de un complejo habitacional en el Caribe guatemalteco, ya era visible.

A finales de 2021, además, una funcionaria relacionada con los hermanos llamó la atención de la policía. En septiembre de ese año, las autoridades capturaron a Karin Landaberry, quien era directora de energía y minas del gobierno guatemalteco cuando Federico Machado se movía por sitios mineros en Alta Verapaz y Chiquimula.