La mansión en Pilar atribuida a Toviggino: la Cámara de San Martín ya tiene la causa para definir qué juez intervendrá

La causa en la que se investiga por presunto lavado de dinero la compra de la mansión de Pilar, que se le atribuye al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, espera una definición clave: qué juez estará a cargo de la investigación, lo que deberá resolver la Cámara Federal de San Martín, que ya tiene el expediente.

La disputa es entre el magistrado en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, quien hoy tiene el caso, y el juez federal de Zárate-Campana, Adrián González Charvay, quien le reclamó el expediente a su colega. Cada uno planteó sus argumentos y la definición la tendrá la Cámara de San Martín.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que en ese tribunal ya se formó el expediente. Ahora se debe sortear qué Sala interviene y cuál de sus integrantes designados durante la feria judicial será el que resuelva el caso ya que es un trámite unipersonal.

En la causa se investiga un presunto lavado de dinero en la compra en mayo del año pasado de la mansión de 105 mil metros cuadrados en Villa Rosa, Pilar. “Real Central S.A.” fue la empresa que la adquirió y que está a nombre Luciano Pantano y de su madre jubilada Ana Lucía Conte pero que no tienen capacidad económica declarada para adquirirla. También son los dueños de 54 vehículos de lujo y colección que se encontraron en el lugar y de una casa en un country de Pilar.

Por la mansión, Pantano y Conte pagaron 1.800.000 dólares pero el valor real en la que fue tasada fue de 17 millones de dólares.

La principal hipótesis es que la vivienda es de Toviggino porque cuando fue allanada se encontró un bolso de la AFA y una plaqueta de Barracas Central, el club del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, con su nombre. Además las cédulas azules de los autos estaban a nombre de familiares de Toviggino.

Por otra parte, una de las medidas de prueba que ordenó Aguinsky concluyó que los Telepase de los autos se pagaban con una tarjeta de crédito corporativa de la AFA, a nombre de Pantano, que además tenía entre enero y diciembre de 2025 gastos mensuales de 50 millones de pesos.

La causa se inició por una denuncia de la Coalición Cívica y primero estuvo a cargo del juez federal Daniel Rafecas. Luego la Cámara Federal determinó que debía pasar al fuero Penal Económico y así quedó a cargo de Aguinsky.

Pero la semana pasada, cuando Pantano y Conte debían declarar, pidieron que el caso pase a la justicia federal de Campana. Señalaron que la casa está en Pilar y si se investiga su compra debe ser la justicia federal de esa jurisdicción la que lleve el caso y eso corresponde al juzgado de Campana.

Ese criterio fue compartido por el juez González Charvay. “La hipótesis delictiva trazada se circunscribe al partido de Pilar, provincia de Buenos Aires, y siendo este Juzgado Federal de Campana al que por ley le corresponde entender en la causa”, sostuvo el magistrado y le pidió la causa a Aguinsky.

Pero Aguinsky rechazó el planteo. El magistrado dijo que no solo se investiga la compra de la casa que está en Pilar sino también con qué fondos se adquirió y que eso excede la jurisdicción de Campana. Concretamente, el magistrado señaló que la principal hipótesis es que se pudieron haber utilizado fondos de la AFA.

“En el marco de estas conclusiones provisorias, el ilícito precedente del presunto lavado de dinero estaría constituido por la figura de la administración fraudulenta, prevista por el Art. 173 inc. 7mo. del Código Penal, en perjuicio de la AFA y a través de sus directivos”, sostuvo el juez.

Y agregó para defender su continuidad en el expediente: “Entonces el núcleo de la investigación no es la casa de Villa Rosa, sino que es la Asociación del Fútbol Argentino cuyo asiento y domicilio legal está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a escasos 800 metros de la sede de este tribunal (Sarmiento 1118 CABA) y a 82 km. de distancia del Juzgado Federal de Campana”.

Por otra parte, el fiscal federal de Campana, Sebastián Bringas, y el del fuero Penal Económico Claudio Navas Rival dictaminaron que la causa no debía cambiar de juzgado.

Ante el criterio dispar de los dos jueces, González Charvay envió a la Cámara Federal de San Martín el expediente para que defina el juzgado que intervendrá.