La mansión de Pilar atribuida a Chiqui Tapia: piden que la causa por presunto lavado vuelva al juez Rafecas y que se investigue a Pablo Toviggino

Luego de que la Cámara Federal de Comodoro Py resolviera apartar al juez Daniel Rafecas de la causa por presunto lavado de dinero vinculada a la compra de una mansión en Villa Rosa, Pilar, los dirigentes de la Coalición Cívica que revelaron la existencia de la lujosa quinta de 105 mil metros cuadrados reaccionaron con una nueva presentación judicial. Pidieron a la Procuración General de la Nación que impulse la apelación del fallo para que el expediente vuelva al fuero federal.

La presentación fue realizada por Juan Facundo Del Gaiso y Matías Yofe ante el procurador Eduardo Casal y cuestiona la decisión de la Cámara que, en medio de los allanamientos ordenados por Rafecas, derivó la causa al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 10, actualmente subrogado por Marcelo Aguinsky.

Según documentación a la que tuvo acceso Clarín, el pase de la causa al fuero penal económico es “jurídicamente erróneo y contrario al orden normativo vigente“. Plantean que el eje central de la investigación es el delito de lavado de activos, tipificado en el artículo 303 del Código Penal, cuya competencia corresponde a la Justicia Federal común.

En el escrito remarcan que, a partir de la reforma introducida por la ley 26.683, el lavado dejó de ser considerado una forma agravada de encubrimiento para convertirse en un delito autónomo que afecta el orden económico y financiero nacional y compromete obligaciones internacionales asumidas por la Argentina.

En ese marco, citaron precedentes de la Corte Suprema que establecen que las investigaciones por lavado de activos deben tramitar en el fuero federal y no en el penal económico, al tratarse de un delito que lesiona intereses supraindividuales del Estado nacional. También subrayaron que el fuero penal económico es un fuero de excepción, con competencia limitada a delitos expresamente asignados por ley —como los tributarios o aduaneros—, listado en el que no figura el artículo 303 del Código Penal.

Cuestionan además que la Cámara haya definido la competencia en función del carácter “económico-financiero” del delito o de la eventual existencia de maniobras económicas subyacentes. Según sostienen, ese criterio carece de sustento legal y no puede justificar, por sí solo, el desplazamiento de la causa del fuero federal común.

Otro punto central del planteo es que la naturaleza del delito precedente —es decir, el origen de los fondos presuntamente lavados— resulta irrelevante para definir la competencia. En ese sentido, citaron jurisprudencia que indica que, tras la reforma legal, la competencia por lavado no queda supeditada al delito anterior, sino al bien jurídico afectado.

En paralelo, Del Gaiso y Yofe ampliaron la denuncia original y aportaron nuevos hechos y elementos de prueba documentados. En ese marco, solicitaron que se incluya a Pablo Toviggino, Juan Pablo Beacon y Mauro Javier Paz, entre otros, por su presunta participación en maniobras realizadas a través de las empresas Soma SRL, Malte SRL y Wicca.

La causa se inició por una denuncia de la Coalición Cívica contra Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, titulares de la firma Real Central SRL, propietaria de la casa de más de 105 mil metros cuadrados en Villa Rosa. En la presentación original, la CC pidió que se investigue si los verdaderos dueños del inmueble serían el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, o el propio Toviggino.

El expediente quedó inicialmente en manos de Rafecas, quien ordenó allanamientos en la propiedad y en otra vivienda del partido de Pilar, dispuso la prohibición de salida del país de Pantano y Conte y embargó y congeló sus cuentas y las de la sociedad.

Sin embargo, tras un conflicto de competencia entre juzgados, la Cámara resolvió que el caso debía tramitar en el fuero penal económico al considerar que se encontraría comprometido el orden económico y financiero y que, por el momento, no hay funcionarios públicos involucrados.