La Justicia ordenó investigar el patrimonio de la compradora del piso de abajo del de Cristina Kirchner


La Justicia ordenó investigar el patrimonio de la compradora del piso de abajo del de Cristina Kirchner

El juez federal Julián Ercolini dispuso una batería de medidas de prueba para investigar el patrimonio y los movimientos financieros de María Soledad Calle, la compradora del piso de abajo del de Cristina Kirchner en el edificio de San José 1111, del secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, y de la empresa USEM, vinculada a la administración de fondos millonarios del sindicato.

Las medidas fueron ordenadas en el marco de la causa “Furlán, Abel y otros s/ Defraudación por Administración Fraudulenta y Asociación Ilícita”, iniciada a partir de una denuncia de la lista opositora de la UOM, que encabeza Ángel Derosso, contaron fuentes judiciales a Clarín.

Ercolini avanzó sobre el patrimonio de los principales investigados después del requerimiento de instrucción presentado por el fiscal federal Ramiro González. Entre otras medidas, el magistrado pidió a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) información fiscal y patrimonial de Furlán, Calle, Adalberto Braconi y Osvaldo Lobato correspondiente al período 2022-2025.

La pesquisa apunta a determinar sus ingresos, actividades económicas, declaraciones de Ganancias y Bienes Personales y, en particular, los fondos percibidos desde la UOM, su obra social OSUOMRA, USEM y el denominado Grupo Vértice. También se requirió información fiscal y comercial de USEM y Grupo Vértice, incluida la facturación de USEM a la UOM y a la obra social y las operaciones entre esas sociedades y los investigados.

Uno de los puntos que llamó la atención de la investigación es el patrimonio de Calle. El juez pidió al Registro de la Propiedad Inmueble porteño el historial completo del inmueble de San José 1111 atribuido a la mujer, con los antecedentes de adquisición, el transmitente, el escribano y toda la documentación registral disponible.

Calle es una de las vecinas del departamento donde Cristina Kirchner cumple su condena. Según la información incorporada a la denuncia, adquirió allí un departamento en agosto de 2025 por unos US$ 189.000.

La Justicia también puso la lupa sobre los vehículos vinculados con Calle. El documento judicial ordena a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA) que informe específicamente sobre un Peugeot 3008 y un BMW M135 xDrive vinculados con ella.

Además, el juez pidió una compulsa mucho más amplia: todos los automotores y motovehículos registrados desde 2022 a nombre de Furlán, Calle, Braconi, Lobato, la UOM, OSUOMRA, USEM y Grupo Vértice, incluso aquellos en los que aparezcan como autorizados a conducir. También requirió información específica sobre los vehículos adquiridos o inscriptos por la UOM durante 2025.

La investigación no se limita a los autos. Ercolini ordenó relevar los inmuebles que Furlán, Calle, Braconi y Lobato hayan tenido desde 2022, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en todas las provincias. El objetivo es determinar la evolución patrimonial de los investigados y establecer cuándo y cómo fueron adquiridos los bienes.

En ese contexto también quedó bajo análisis un dúplex de unos 170 metros cuadrados en el barrio privado La Reserva de Cardales, que había sido revelado en una investigación periodística, y una casa de tres plantas en el centro de Campana, ubicada junto a un edificio en construcción de la UOM.

Según la información aportada en la denuncia, sólo esas dos propiedades representarían un patrimonio inmobiliario de al menos US$ 450.000. La Justicia deberá determinar ahora su titularidad, la fecha y modalidad de adquisición y, fundamentalmente, si existe correspondencia entre esos bienes y los ingresos declarados por sus propietarios.

El juez también ordenó investigar las cuentas bancarias y productos financieros de los principales involucrados. Para eso requirió al Banco Central información desde 2022 sobre las entidades financieras con las que operaron Furlán, Calle, Braconi, Lobato, UOMRA, OSUOMRA, USEM y Grupo Vértice, además de cuentas, depósitos, préstamos, productos financieros, titulares, cotitulares y apoderados.

Otro de los puntos centrales de la pesquisa estará puesto sobre USEM, la empresa que aparece vinculada a la administración de fondos de la UOM y de su obra social.

Ercolini pidió a la Unidad de Información Financiera (UIF) que informe si existen reportes de operaciones sospechosas, actuaciones, análisis o antecedentes de interés relacionados con Furlán, Calle, Braconi, Lobato, USEM y Grupo Vértice.

La Justicia también busca determinar qué relación societaria existía entre los investigados y las empresas bajo análisis. Por eso, el magistrado solicitó a la Inspección General de Justicia (IGJ) el legajo completo de Grupo Vértice Global S.A., incluyendo su constitución, estatuto, reformas, capital, domicilios, autoridades, directores, síndicos, apoderados, accionistas y beneficiarios finales.

Y ordenó a la IGJ que informe todas las sociedades, asociaciones, fundaciones y demás personas jurídicas en las que Furlán, Calle, Braconi y Lobato hayan participado desde 2022 como socios, accionistas, directores, administradores, síndicos, apoderados o representantes.

El juez también puso bajo la lupa la relación entre USEM y la obra social de los metalúrgicos. La Superintendencia de Servicios de Salud deberá entregar los estados contables de OSUOMRA de 2023 a 2025 y precisar si el contrato entre OSUOMRA y USEM fue comunicado o registrado, además de aportar documentación, auditorías, inspecciones y actuaciones vinculadas con esa operatoria.

La batería de medidas alcanza incluso a los movimientos migratorios de Furlán, Calle, Braconi y Lobato desde 2022, sus historias laborales ante ANSES, la información tributaria de ARBA y AGIP y sus eventuales inversiones en el mercado de capitales. La CNV deberá informar si los investigados o las sociedades bajo sospecha tuvieron cuentas comitentes o vínculos con agentes registrados.

También se pidió información sobre eventuales embarcaciones y aeronaves registradas desde 2022 a nombre de Furlán, Calle, Braconi y Lobato.

Fuente: www.clarin.com

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