la Justicia frena el ajuste a escuelas técnicas y en Jujuy ya sienten el impacto del recorte

La demanda fue presentada por familias de estudiantes y apunta contra el artículo 30 del Presupuesto, que elimina mecanismos centrales de financiamiento, como el Fondo Nacional de Educación Técnico Profesional y los pisos mínimos de inversión.

La Justicia reconoce un problema estructural

En esta instancia inicial, el tribunal consideró que existe una “afectación común y homogénea” sobre el conjunto de estudiantes de escuelas técnicas públicas.

Por ese motivo, resolvió que el caso se tramite como una acción colectiva, lo que amplía su alcance a nivel nacional.

Además, los demandantes solicitaron una medida cautelar para suspender la aplicación del artículo cuestionado mientras avanza el proceso judicial, con el objetivo de evitar impactos inmediatos en el funcionamiento de las instituciones.

Un recorte que llega al 93%

El planteo judicial se sustenta en un fuerte recorte presupuestario. Según los datos presentados, la reducción alcanza un 93% en comparación con los niveles de financiamiento de 2023.

La Ley de Educación Técnico Profesional (ley ETP) establece que el Estado debe destinar el 0,2% de sus ingresos corrientes al sector, lo que hoy equivaldría a unos 322 mil millones de pesos.

Sin embargo, el Presupuesto 2026 prevé una asignación cercana a los 11 mil millones, lo que motivó la judicialización del caso.

Jujuy: menos fondos y más incertidumbre

En Jujuy, el impacto del recorte ya es concreto. Hasta 2024, la provincia recibía partidas cercanas a los 320 millones de pesos para el sostenimiento de la educación técnica.

Con los cambios introducidos en el Presupuesto 2026, ese monto se redujo a aproximadamente 110 millones de pesos.

Actualmente, no hay confirmación sobre el envío de nuevas partidas, lo que genera incertidumbre en el sistema educativo provincial.

28 escuelas afectadas en toda la provincia

La reducción de fondos repercute en 28 establecimientos educativos en Jujuy: 13 escuelas técnicas y 15 agrotécnicas.

Estas instituciones, distribuidas en capital, San Pedro y localidades del interior como La Quiaca, Maimará, Palpalá, Perico, El Carmen y Abra Pampa, entre otras, dependían del financiamiento nacional para sostener equipamiento, infraestructura, formación docente y recursos pedagógicos.

También se incluían becas y programas específicos vinculados a la formación técnico-profesional.

Un cambio que impacta en el sistema educativo

Desde el sector advierten que la derogación del artículo 52 de la Ley 26.058, que garantizaba el piso mínimo de inversión del 0,2%, marca un cambio en el esquema de financiamiento.

El efecto se traduce en menos recursos disponibles para sostener prácticas profesionalizantes, mantenimiento de talleres y actualización tecnológica.

Mientras la causa avanza en la Justicia, el escenario abre interrogantes sobre la continuidad de programas y el impacto en miles de estudiantes.

La resolución final del amparo no solo definirá el alcance del recorte, sino también el futuro del financiamiento de la educación técnica en el país y en provincias como Jujuy.