La Justicia desestimó la denuncia contra Karina Milei por la licitación para mantener los jardines de Olivos y la Casa Rosada

La justicia federal desestimó por “inexistencia de delito” la denuncia penal contra la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, que se presentó por presuntas irregularidades en una licitación por 700 millones de pesos para mantener los jardines de la Casa Rosada y la quinta de Olivos.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que el fiscal federal Ramiro González pidió desestimar la denuncia porque la licitación “se encuentra aún en una etapa preliminar del procedimiento” por lo que los hechos “no exhiben, al menos de momento, indicios que permitan sostener la existencia de una conducta penalmente relevante”.

El fiscal presentó su dictamen ante el juez federal Sebastián Ramos que debe cerrar el caso ante la falta del requisito necesario de impulso de la denuncia.

La denuncia fue presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, ex integrante de La Libertad Avanza. Allí sostuvo que desde la Secretaría General de la Presidencia se cometieron irregularidades en la licitación porque se presentaron dos empresas -“La Mantovana de Servicios Generales SA” y “Grub SA”- que pertenecen a una misma compañía, “Grupo Buena Vista SA”, y por lo tanto no hubo competencia.

La legisladora pidió que se investigue a Karina Milei y a quienes pudieran tener responsabilidad en los hechos por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Se trata de la licitación pública N.º 23-0005-LPU26 para el mantenimiento integral preventivo, correctivo y de riego de los espacios verdes de la Casa Rosa y de la quinta presidencial de Olivos por un plazo de 12 meses con opción de prórroga.

Antes de abrir formalmente una investigación penal, el fiscal González pidió una serie de medidas de prueba. La Fiscalía recabó todos los antecedentes de la licitación y consultó la plataforma “COMPRA.AR” sobre el trámite del expediente.

Allí constató que las dos empresas señaladas se presentaron en la licitación. Clarín pudo saber que fueron nueve las compañías que lo hicieron. “La Mantovana” ofertó 769.200.000 de pesos y Grub S.A. 690.000.000.

La Fiscalía determinó que la licitación está en trámite y en análisis de la Comisión Evaluadora que prevé la normativa y que todavía restan instancias de control. “En consecuencia, no existe a la fecha dictamen de evaluación, recomendación de adjudicación ni adjudicación alguna dispuesta por la autoridad competente”, sostuvo González.

Respecto a que dos empresas pertenezcan al mismo grupo “no constituye por sí misma una irregularidad ni permite inferir la existencia de una conducta delictiva” porque el mismo decreto que regula la licitación “expresamente establece que ninguna oferta podrá ser desestimada en el acto de apertura, quedando cualquier observación sujeta al posterior análisis de las autoridades competentes”.

“De este modo, aun en el supuesto de que en el futuro se arribara a una decisión respecto de la adjudicación que algún interesado considerase improcedente, el ordenamiento contempla vías administrativas idóneas para su revisión, circunstancia que evidencia, una vez más, el carácter prematuro de los cuestionamientos formulados y la ausencia de elementos concretos que permitan dotar a los hechos denunciados de relevancia penal”, concluyó el fiscal para desestimar la denuncia.

La diputada Pagano hizo dos ampliaciones de su denuncia original. Allí sostuvo que habría eventuales relaciones familiares entre funcionarios de la Secretaría General de la Presidencia y personas vinculadas a las empresas que se presentaron a la licitación.

Sobre eso, el fiscal señaló que se trata de “hechos y decisiones administrativas distintas” a la licitación por lo que entendió que si el juez Ramos lo considera se deberá iniciarse otra causa penal.