La fiscal pidió elevar a juicio oral la causa de las tarjetas de “Chocolate” Rigau

Después de un año y medio de investigación, entra en la etapa final el proceso contra Julio “Chocolate” Rigau y dos ex funcionarios de la Legislatura acusados de recaudar fondos con de los sueldos de empleados “ñoquis” de la cámara de Diputados provincial.

La fiscal platense Betina Lacki pidió la elevación a juicio oral de la causa que se inició cuando detuvieron al puntero del PJ platense con 43 tarjetas de débito en una sucursal del Bapro en pleno centro de la capital bonaerense, el 9 de septiembre de 2023. Lo encontraron con una bolsa de residuos con más de dos millones de pesos que extraía de los cajeros automáticos. Era el encargado de hacer esa tarea, cuando los presuntos empleados percibían sus haberes a principios de cada mes.

“Chocolate” y los dirigentes del Frente Renovador Claudio Albini y su hijo Facundo, están con prisión preventiva por esta causa. La fiscalía los acusa por asociación ilícita y defraudación al Estado. En el pedido de elevación a juicio oral también se menciona a los 43 dueños de los plásticos que administraba Rigau.

Se trata de contratados de diferentes bloques legislativos que cedían el dinero mensual. De acuerdo con los informes elaborados por peritos de la Corte, la estafa al fisco sería por al menos $ 700 millones. Todos fueron citados a declarar y algunos reconocieron que desconocían que figuraban como agentes en la cámara.

La elevación a juicio oral determina el final de la etapa de instrucción. En este escándalo político que involucró a uno de los poderes del Estado bonaerense, la investigación concluyó sin alcanzar la cúspide de la responsabilidad en el fraude: en el expediente no aparece el o los “jefes” de la presunta asociación ilícita.

Lacki intentó ubicar en ese papel a Claudio Albini, ex director de Personal de Diputados y encargado de hacer operativas las designaciones. Sin embargo, el juez de Garantías, Guillermo Atencio, rechazó esa posición: considera que los responsables máximos de esta maniobra son los jefes de los bloques de diputados de diferentes frentes o partidos, que eran los encargados de repartir los contratos.

Ese punto queda todavía en litigio, según explicaron a Clarín en los Tribunales penales de La Plata. Por eso, cuando se concrete el juicio oral será contra “Chocolate”, los Albini y 43 dueños de tarjetas por “asociación ilícita” y “defraudación al Estado”. La fiscal “deja abierta la posibilidad de seguir incorporado pruebas” para alcanzar a dilucidar quién o quienes serían los “jefes” de esa banda delictiva.

Los pasos siguientes son: Atencio emite un auto de elevación que traslada a las partes; la defensa de Chocolate y de los Albini puede oponerse y si eso no ocurre se pone fecha para las audiencias. Esto no ocurrirá en menos de un mes, según evalúan fuentes judiciales.

El requerimiento que presentó Lack contiene más de 450 fojas en donde se describen todas las maniobras de recaudación ilícita del dinero de Diputados. Se detallan y transcriben cruces telefónicos entre los imputados y se exponen las pruebas de la “materialidad ilícita”. Hasta donde pudo llegar la fiscalía, no aparecen nombres de diputados o jefes administrativos superiores a Albini. Atencio sostiene que esa debe ser la dirección que debe tomar la causa.

El juicio oral es la tercera fase de un proceso penal. En Provincia consiste en la realización de un debate público y oral, donde las partes pueden controvertir las pruebas y se citan a testigos. El tribunal de jucio emite un fallo condenatorio o absolutorio

Los Albini sin domiciliaria

Este año, la defensa de Claudio y Facundo Albini había logrado un fallo para conseguir la prisión domiciliaria de los acusados. Pero no se concretó por falta de dispositivos de control y luego la Cámara de Apelaciones de La Plata revocó el beneficio.

Entonces el ex subdirector de Personal de la Legislatura bonaerense y su hijo, el ex concejal Facundo Albini, siguen detenidos en la alcaidía Roberto Petinatto de La Plata.

En el fallo de revocación del beneficio, la Cámara apoyó su decisión en que los Albini tenían roles más relevantes en esta supuesta asociación ilícita: “Más allá de la calificación legal preliminarmente actuada, los imputados mencionados -según se desprende de las constancias de la causa y de la materialidad ilícita descripta- cumplían roles de mayor jerarquía dentro de la asociación ilícita investigada, siendo además funcionarios públicos”.

Chocolate, en su casa con pulsera

A fin del año pasado, un tribunal de la Sala 2 de Casación había beneficiado a Chocolate con una domiciliaria. La decisión primero fue apelada por la Fiscalía pero, ante el primer rechazo, no se insistió con un recurso de queja. El beneficio quedó firme. Y después de unos días, su abogado, Alfredo Gascón, logró que le entregaran una pulsera. Ahora, está en su casa de Melchor Romero, cerca de la capital bonaerense.

Los jueces Miriam Ermili, Fernando Mateos y tomaron los argumentos de la fiscalía para denegar la prisión domiciliaria a los Albini. Sostienen que hay evidencias de que podrían entorpecer la investigación, y mencionan como antecedente el intento de venta de una propiedad por parte de Claudio Albini, cuando se supo que quedaría procesado en este caso.

También tienen en cuenta el rol de ex funcionarios que asumieron los Albini y el grado de influencia que podrían ejercer sobre los dueños de las tarjetas de débito con las que recaudaba Chocolate.

Ahora, con la elevación a juicio, o sea con el cierre de la etapa de investigación se abren chances de que los Albini puedan tener esa variante de prisión. “Ya no pueden entorpecer nada porque no se investiga más”, dijo un abogado que los asesora.

Aunque hubo intentos por soterrar la causa, el episodio de Chocolate provocó conmoción e la política bonaerense. Por ahora solo tiene tres detenidos. Y uno de ellos con domiciliaria.