Juicio por el caso Cuadernos: los cuatro ejes que sustentan la acusación que escuchará Cristina Kirchner

El caso de los Cuadernos de las Coimas transitará desde el jueves su etapa procesal final: el juicio oral y público. Con 86 imputados de los 126 que fueron procesados a lo largo de la instrucción, el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) comenzará a juzgar a Cristina Kirchner, Julio de Vido, Roberto Baratta, entre otros ex funcionarios y a 60 empresarios. Durante la primera audiencia la ex Presidenta escuchará la acusación central que se sustenta en cuatro pilares y le atribuye la mayor responsabilidad penal.

El puntapié inicial de este expediente fue Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta -mano derecha del ex ministro Julio De Vido- quien llevó durante años un detallado registro del recorrido de los bolsos con dinero, presuntamente proveniente de coimas millonarias que empresas de la construcción, entre otras, pagaban a los gobiernos kirchneristas desde 2003 y hasta 2015.

El sistema funcionó con la “participación indispensable” de los empresarios, quienes sólo responderán en el juicio oral por la acusación de cohecho. La estructura investigada consistía “en una serie de puntos fijos de recaudación, en los cuales se reunían los funcionarios identificados con los empresarios, de los cuales recibían dinero en efectivo, principalmente en moneda estadounidense”, detalla la acusación que se leerá el día del juicio.

El TOF 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, realizará el debate oral que tiene como particularidad su modalidad: será 100% virtual, en principio por la falta de espacio físico para albergar a la gran cantidad de acusados. Durante el juicio intervendrá en representación del Ministerio Público Fiscal Fabiana León.

Previo a fijar fecha de inicio del mayor juicio en materia de corrupción que tramita en Comodoro Py, los magistrados impulsaron 231medidas: testimonios y confesiones de políticos, allegados y los más importantes empresarios del país; informes de la AFIP, la ANAC, el RENAR y de otros organismos del Estado, registros de cámaras de seguridad, extractos bancarios y todo tipo de papeles.

No son los únicos datos que rodean al caso. A la fecha, según el detalle al que accedió Clarín, en este expediente y las causas conexas que serán juzgadas de forma conjunta, hay embargos trabados por 1.109.594.049 dólares. La cifra alcanza a Cristina Kirchner y su patrimonio.

Hasta marzo del próximo año, el juicio tendrá una audiencia semanal, y desde entonces se sumará una más. Se admitieron 630 testigos que declararán a lo largo del debate público.

Cuando el fiscal federal Carlos Stornelli firmó el pedido de elevación a juicio oral, especificó los cuatro ejes en los que se centró la investigación y que son la estructura de la acusación que se leerá desde el jueves y durante cuatro audiencias más.

Esos cuatro ejes que sustentan la existencia de una asociación ilícita, son: los cobros a empresarios que el chofer Oscar Centeno asentó en sus cuadernos, las maniobras ilícitas para la adjudicación de contratos de transporte ferroviario y corredores viales, y la cartelización de la obra pública.

En función de esos cuatro aspectos principales, Cristina está señalada como la máxima responsable de lo que se denomino una “organización criminal”. Está acusada como jefa de una asociación ilícita que “funcionó en el seno del Poder Ejecutivo Nacional, entre 2003 y 2015”. Además, se le imputó ser coautora en 204 oportunidades, y partícipe necesaria -en una- del delito de cohecho pasivo.

La asociación ilícita contó con los organizadores y en ese grupo de imputados está el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; al exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión de esa cartera, Roberto Baratta; al financista dueño de Inverness, Ernesto Clarens; y al expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción y de la firma ESUCO, Carlos Wagner.

Luego, en el tramo de las irregularidades en la concesión de contratos ferroviarios se añadió, también como organizador, al exsecretario de Transporte, entre el 1° de junio de 2003 y el 1° julio 2009, Ricardo Jaime.

También fueron enviados a juicio oral como organizadores de la asociación ilícita los exsecretarios de Obras Públicas, José López y Juan Pablo Schiavi -este último en el tramo de los contratos ferroviarios-. También se incluye al extitular del Órgano de Concesiones Viales (OCCOVI), Claudio Uberti.

Se incluye bajo la misma acusación a los exsecretarios privados de De Vido y Baratta, José María Olazagasti y Nelson Lazarte; el exsubsecretario de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación Federal, Rafael Llorens; el extitular de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas, Germán Nivello; y al chofer de Baratta y autor de los famosos cuadernos, Oscar Centeno.

Además, por la concesión irregular de contratos ferroviarios imputó como miembro al exsecretario de Transporte, entre el 1° julio 2009 y el 7 de marzo de 2012, Juan Pablo Schiavi.

La cartelización de la obra pública, como cuarto pilar de la acusación en cabeza de la Cámara Argentina de Empresas Viales, y donde José López declaró como arrepentido apuntando contra Cristina Kirchner, tiene también como imputados al exadministrador general de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti; al exgerente de Obras y Servicios Viales y subadministrador de la Vialidad, Sandro Férgola; y al exgerente de Administración de la Vialidad y exempleado de Inverness, Sergio Pasacantando.

En este tramo se incluye a los empresarios imputados como miembros de la asociación ilícita, el exdirector ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, Oscar Alfredo Thomas; el exvicepresidente y accionista de Electroingeniería y representante de las firmas Grupo Eling. y Vialco, Gerardo Ferreyra; y el presidente de Vialco, Miguel Marcelino Aznar.

En base a las pruebas recabadas, se estableció “la existencia de un sistema de recaudación de dinero desplegado en su mayoría por funcionarios públicos del Poder Ejecutivo de la Nación que decidieron ceder su voluntad personal y conformar una general, para establecer acuerdos con importantes empresarios de compañías nacionales e internacionales, por medio de los cuales obtenían beneficios recíprocos”.

Finalmente, llegan a juicio, como autores, coautores o partícipes de los delitos de cohecho activo y dación de dádivas otros 60 empresarios.

Entre ellos está Ángelo Calcaterra -primo de Mauricio Macri y accionista de Objetivos de Desarrollo Sostenible y IECSA-, Enrique Menotti Pescarmona -presidente de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA)-; Aldo Benito Roggio -presidente de Grupo Roggio y titular de Metrovías S.A. y del ferrocarril Urquiza, entre 2003 y 2009-.

El listado también incluye a Gabriel Romero -titular de Hidrovía S.A.-; Rudy Ulloa Igor -socio de la financiera Cumehue.-; Armando Loson, del Grupo Albanessi; Alberto Ángel Padoan -integrante del directorio de Vicentin y expresidente de la Cámara de Comercio de Rosario-; los hermanos Fabián y Osvaldo De Sousa -presidentes de CPC y el Grupo Indalo- y Cristóbal López -accionista y socio mayoritario de CPC y el Grupo Indalo-.