Investigan a Lázaro Báez por una millonaria evasión fiscal en los alquileres de sus casas

La ficción creó a Don Corleone y la realidad mostró el talón de Aquiles del mafioso Al Capone. La debilidad de muchos para terminar en la cárcel fue el fisco, que le probó delitos a quienes eludían su responsabilidad en otros crímenes. Pero en Argentina a veces las historias se desarrollan al revés. Así pasa que ahora, Lázaro Báez, condenado y preso, aún tiene capacidad para que se abran investigaciones en su contra, incluso mientras está en la cárcel. Es que el empresario emblema de la corrupción kirchnerista ahora es observado como principal responsable de una flamante y millonaria maniobra de evasión fiscal.

Es que la DGI -dependencia de ARCA, la ex AFIP- abrió una investigación al descubrir que Báez facturó más de 240 millones de pesos entre 2020 y el corriente año por alquileres de sus casas. El expediente aseguran que avanzará hacia una denuncia penal ya que, en ese lapso, el zar de la obra pública kirchnerista y su entorno no presentaron declaraciones por Ganancias o Bienes Personales. En criollo, no pagaron los impuestos.

Según pudo saber Clarín, entre los primeros indicios de los informes fiscales, ya habrían detectados más de 50 contratos que tienen por objeto la explotación de más de 20 propiedades. Las mismas -en su mayoría en Río Gallegos, capital de Santa Cruz- son apenas una muestra y están vinculadas a una sola de las inmobiliarias en la trama. No son las únicas. “Aún se está en proceso de cuantía de la evasión”, sostienen las fuentes.

Los cálculos judiciales llegaron a adjudicarle a Báez y su emporio cerca de 600 mil hectáreas, adquiridas en los años del apogeo kirchnerista que lo volvieron uno de los latifundistas más prósperos del país. Un informe del Tribunal de Tasación de la Nación registró, en 2017, que el empresario y sus compañías tenían 418 bienes inmuebles distribuidos entre Santa Cruz, Chubut, la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires. Otras fuentes judiciales le adjudicaron propiedades en Río Negro, Chaco, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Las casas y departamentos de Báez están en proceso de ser decomisados por la Justicia como efecto de las condenas por corrupción. Están inhibidos pero solo para su venta. No hubo ninguna restricción para impedir que sean explotados, es decir, puestos en alquiler o, como en muchos casos, continuaran ocupados, con contratos vigentes. Tampoco hay impedimentos legales, más allá de la curiosidad, para que alguien preso pueda emitir facturas.

Allí entonces se abrió la brecha de nuevos negocios para Báez y los suyos. Es que la maniobra involucra también a sus hijos Martín y Leandro, a su novia Claudia Noemí Insaurralde -que habría ido a cobrar alquileres en persona-, a ex empleados de Austral Construcciones -la nave insignia del empresario- y hasta a empleados y funcionarios del actual gobierno de Santa Cruz, algunos en calidad de locatarios.

Por el momento, la investigación también apunta a dos firmas del rubro. Una sería Inmobiliaria Patagonia Propiedades y la otra usaría los nombres de fantasía Albert o Master Gestoría Inmobiliaria, relacionadas a Luis Alberto Orué. Ambas ya habrían reconocido administrar propiedades en nombre de Báez y realizar rendiciones de ingresos y egresos de los fondos surgidos de los alquileres.

Esas empresas “serían el nexo necesario para el cobro de los alquileres y su distribución a terceras personas directamente relacionadas” con Báez, precisan los investigadores, que definen el caso como una “distracción de fondos”, es decir, un desvío de dinero para eludir el embargo judicial.

Es que, además de sus propiedades, Báez -como gran parte de su entorno, salvo su hijo Leandro- tiene congeladas sus cuentas bancarias por la Justicia.

Por eso es que, según las propias facturas emitidas del talonario personal del empresario -con la curiosa alta de actividades en 2003-, los pagos de los alquileres se hicieron en efectivo, algunos incluso en dólares.

Es el caso de una locataria en Río Gallegos, de apellido Riesgo. Se trataría de la ex esposa de Germán Nivello, un exfuncionario kirchnerista que secundó a José López en la Secretaría de Obras Públicas -bajo la órbita de Julio De Vido- y que actualmente es uno de los juzgados por la causa de los Cuadernos de las Coimas.

En la lista de locatarios de Báez también hay un Kirchner. Es Claudio Ángel Kirchner, sobrino lejano del expresidente que trabajó para Lázaro en la constructora Gotti Hermanos y desde 2024 es el director general de Infraestructura del Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia de Santa Cruz, donde gobierna Claudio Vidal.

La trama de dinero en efectivo de alquileres de los Báez también trajo consecuencias dentro de la DGI, donde hubo desplazamientos en las jefaturas de Agencia y de Recaudación de Río Gallegos porque la maniobra trascurrió sin atención en su lugar de origen, casi hasta fechas de prescripción de los posibles delitos.

Por ello, en la interna se puso el ojo en funcionarias de rango nacional en el organismo recaudador que fueron designadas por Virginia García, la ex cuñada de Máximo Kirchner, que ahora cumple tareas en el Senado, con licencia de su puesto en la exAFIP.