Escándalo político en San Luis: funcionarios procesados por la cosecha de 1400 hectáreas de maíz en un campo estatal

Empezó como la exhibición de un logro tras una mala gestión del ex gobernador Alberto Rodríguez Saá, pero terminó en un boomerang con un escándalo político para el actual gobierno de San Luis. La recuperación de un campo de casi dos mil hectáreas para la provincia, donde había sembrado maíz, se convirtió en una causa judicial contra funcionarios públicos por el destino de la cosecha.

Un importante funcionario del gabinete del gobernador Claudio Poggi renunció y está procesado, a lo que se sumó que un ministro de la Superior Tribunal de Justicia aparece salpicado en la causa. Pero además, ahora se metió el ex gobernador Adolfo Rodríguez Saá, hasta hace poco aliado de Poggi, y crece la repercusión política.

La comidilla de la que habla toda la clase política en San Luis tiene nombre: “El Caburé”. Así se llama el campo de 1997 hectáreas ubicado en el sur de la provincia, que el estado local recuperó en febrero de 2024.

La historia arrancó en 2009, cuando el ex gobernador Alberto Rodríguez Saá adjudicó el campo a una sociedad anónima para un proyecto de producción y transferencia de embriones para caballos de polo y el pago de un canon a la Provincia. En 2017, ese mismo gobernador firmó un decreto en el que rescindió el contrato por “incumplimiento reiterado” de la firma, por entonces a cargo del empresario Daniel Lucero. En ese decreto ordenó la restitución de la tierra al Estado.

El empresario presentó un recurso administrativo, que recién fue rechazado en 2022. Tras las elecciones 2023, Poggi -con apoyo de Adolfo Rodríguez Saá- desbancó al candidato Alberto Rodríguez Saá. Y pocos meses después de asumir, en febrero de 2024, la secretaría de Ética Pública y Control de Gestión, a cargo de Ricardo Bazla, confirmó que el proyecto productivo estaba abandonado.

El 29 de abril de ese año, la provincia tomó posesión del inmueble y colocaron un gran cartel en la tranquera. Al entrar al campo, encontraron unas 1800 sembradas con maíz. Y el conflicto empezó cuando los funcionarios lo quisieron cosechar.

Al no disponer de fondos para pagar a un cosechador, Bazla le encargo al director de Legalidad y Ética Pública, Darío Oviedo Helfenberger -ahora acusado-, que busque una alternativa para levantar ese maíz. Así apareció el nombre del productor rural Francisco Anselmi, quien estaba dispuesto a no cobrar dinero cash, pero pautó quedarse con hasta 750 kilos por hectárea como paga.

Para el momento de la cosecha, Oviedo estaba como interventor del Municipio Ranquel, donde había una causa judicial en la que un ex ministro de Rodríguez Saá está acusado de hacerse pasar por cacique -lonko- para administrar un campo de 66 mil hectáreas.

“Yo nunca estuve a cargo del Caburé, pero por la cuestión de proximidad y de distancia me encargaban que mirara El Caburé. Me decían: ‘Fíjate tal cosa, revisá si se metió gente, si rompieron el candado’. Yo era el funcionario que estaba por la zona”, se defiende Oviedo ante la consulta de Clarín.

“En ese contexto un ministro me dice: ‘Che, se está acercando la época de cosecha, hay que cosechar ese campo. Ya que estás en Ranquel, por qué nos consultas algún contratista, alguien que que siembre ahí para ver si puede cosechar?’. Consulto a uno y me dice que lo haría con un porcentaje del maíz, que ya se estaba pasando de fecha”, señala Oviedo.

Así contactó a Francisco Anselmi y Oviedo elabora un contrato. “Hago un borrador del contrato, se lo presento a mi jefe, a mi ministro, a otro ministro, al Fiscal de Estado, que es como el Procurador”, dice Oviedo.

Pero además, adjunta unos chats de whatsapp con el Fiscal General de San Luis, Víctor Endeiza -primo del vicegobernador-, hoy miembro de Superior Tribual de Justicia de la provincia, la máxima instancia judicial de San Luis. En el chat se lee, a Endeiza afirmar: “Sí, cosechalo”. Esa es la defensa de Oviedo para argumentar que cumplía órdenes.

Tras la firma del contrato, Anselmi cosechó. “Me pagaban por cosechar 750 kilos por hectárea de ese maíz y el resto lo dejaba embolsado en el campo. Cosechamos 1438 hectáreas. En esa zona se siembra maíz tardío por condiciones climáticas y sufrió ese verano, tengo entendido, seca y piedra. No terminamos de cosechar el campo porque daba menos de 750 kilos. Lo llamé a Darío Oviedo y le dije: ‘Acá no hay ni para que cobre yo’. Saqué 914 toneladas en total, retiré de promedio 635 kilos, 115 kilos menos de lo pactado”, sostiene Anselmi a este diario.

“Nunca pensé que iba a estar tan mal el maíz. Perdí yo”, agrega. El contratista asegura que este trabajo solo le trajo dolores de cabeza. Cuando fue a declarar, llevó todas las facturas de los gastos y hasta los camioneros que trabajaron en la cosecha. No figura imputado en la causa.

En la Fiscalía que conduce Leandro Estrada tomaron como válido el testimonio de Anselmi y aseguran tener pruebas de videos del estado del maíz.

Sin embargo, la causa avanzó contra Bazla y Oviedo porque debían preservar el patrimonio de la provincia, donde incluyen ese maíz. Están acusados de administración fraudulenta, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario. No les imputan haberse quedado con la cosecha sino no haber elaborado el expediente burocrático correspondiente y la pérdida de ese maíz.

El ahora juez del máximo tribunal puntano, debió prestar declaración en la causa pero no figura como imputado.

Mientras los productores que sembraron hablan de que la cosecha valía 2 millones de dólares, en la Fiscalía de San Luis desestiman esa cifra. Pero entienden que hubo un delito de dos funcionarios públicos: administración fraudulenta porque debían preservar esos granos para el Estado. La defensa de Bazla plantea que no fiscalizó a Oviedo, y Oviedo que cumplía órdenes y que no era responsable.

Pero aunque parezca un error administrativo, el escándalo político llegó a las reuniones de gabinete de Poggi. El gobernador explicó a sus funcionarios los pormenores del caso. Bazla que primero pidió licencia luego renunció y Oviedo había renunciado antes.

Ahora, el fiscal tiene unos meses para definir si eleva la causa a juicio oral o la desestima. Se supone que pedirá prórroga y que será un caso que puede llegar al próximo año electoral sin una definición.

Mientras, Adolfo Rodríguez Saá, que era socio de Poggi, desde el mes pasado empezó a mostrarse crítico y también hizo referencias públicas al campo “El Caburé”. Esa palabra es un dolor de cabeza para un gobernador, quien ya le pidió la renuncia a todo su gabinete, anunció un recorte de la planta política y un ajuste por la baja en la coparticipación que recibe de Nación.