Escándalo en el PAMI de El Bolsón: cerraron las oficinas por la marcha de Cristina y podrían echarlos

El frío patagónico no fue impedimento para que los empleados de la delegación del PAMI de la ciudad rionegrina de El Bolsón no abrieran al público en “solidaridad” con la marcha a Plaza de Mayo que en ese momento reclamaba por la suerte judicial de Cristina Kirchner y ahora el Gobierno analiza sancionar a los responsables de la supuesta “ocupación” del local que, a la postre, dejó a los beneficiarios a la intemperie sin poder realizar los trámites administrativos.

El hecho se produjo el miércoles 18 de junio en las oficinas de la obra social de los jubilados de esa villa turística patagónica, que también atiende a afiliados de los alrededores, y tras la denuncia de las autoridades locales, el departamento de legales del organismo conducido por Esteban Leguizamo inició un expediente que podría derivar en sanciones hacia un coordinador y cuatro empleados administrativos.

Una vecina, que decidió preservar su nombre, hizo catarsis en una carta de lectores del portal local “Vivo Informado”, al recordar que esa “mañana fría de junio en El Bolsón, salí temprano con mi madre de 88 años a realizar trámites en la delegación local de PAMI. Lo que encontramos fue desolador: puertas cerradas, vidrios cubiertos de carteles de paro, ni un mínimo de atención, ni una persona que nos reciba. Ni siquiera la puerta abierta. Solo un mensaje claro: hoy no hay nadie”.

Luego se hizo eco del slogan de la convocatoria de la protesta kirchnerista en defensa de Cristina: “´en nombre de la defensa de la democracia´ —como rezan los carteles— se nos niega algo tan básico como el acceso a servicios esenciales. Y no hablamos de comodidad: hablamos de personas mayores, de familias vulnerables, de vecinos que organizan su día para resolver trámites impostergables”.

Lo cierto es que una primera auditoría interna de las autoridades locales logró constatar que los trabajadores en cuestión se encontraban dentro de las instalaciones aquel 18 de de junio pero “no despacharon ni un sólo trámite”. Una fuente oficial, en este sentido, arriesgó que “ocuparon el edificio, cerraron sus puertas y dejaron a la gente sin atender”

Desde PAMI central, en tanto, confirmaron que se inició un expediente administrativo para investigar lo sucedido que podría derivar en el apercibimiento, suspensión o expulsión de los agentes involucrados en el polémico episodio.

Para la diputada Lorena Villaverde, referente de LLA en Río Negro, “ningún sector político puede hacer uso de las instituciones del Estado como trinchera ideológica y tener a los ciudadanos, en este caso a nuestros abuelos, como rehenes de su militancia. No solo es un acto de profunda irresponsabilidad sino también un desprecio absoluto por el deber que tienen con la comunidad”.

Casi desde el comienzo de la administración de Javier Milei, se registraron polémicas en torno a la distribución de cargos para las delegaciones de organismos nacionales en las provincias, como Anses, Vialidad o el propio PAMI. La primera crítica que venía de los socios locales de LLA aducían que aún quedaban “delegados kirchneristas” a cargo de esas dependencias. Pero, poco a poco, se fueron cubriendo la mayor parte de las delegaciones aunque quedan algunas oficinas con una fuerte presencia K.

A comienzos de junio pasado trascendió, en el marco de la disputa entre el armado electoral de Karina Milei y el de Santiago Caputo, una crítica hacia los primos Martín y “Lule” Menem por las denuncias sobre supuestos desvíos de fondos y pedidos de retornos a empleados y funcionarios de las oficinas del PAMI en distritos como Chaco, Misiones o Santa Cruz. Es que los armadores políticos de la secretaria general de la Presidencia habrían influido en la designación de los jefes de las delegaciones locales de la obra social de los jubilados.

El PAMI cuenta este año con un presupuesto reforzado que, mediante una actualización, supera los 4 billones de pesos ($4.911.595.518.311), y tiene más de 600 Agencias de Atención -la mayoría ubicada en CABA y Provincia- y 38 Unidades de Gestión Local (UGL). Estas últimas, las “regionales”, sí manejan “un monto de dinero dependiendo la cantidad de afiliados por población” a diferencia de las delegaciones del organismo que ni siquiera “tienen caja chica”. Pero fuentes oficiales consultadas coinciden en que esta administración “centralizó” aún más el manejo del dinero por parte de PAMI Central, que conduce Leguizamo, vinculado a Santiago Caputo.