En un juicio abreviado, cuatro ex directivos de la ENARSA kirchnerista admitieron un fraude con un proveedor de la petrolera estatal

Cuatro exfuncionarios de Energía Argentina S.A. (ENARSA), que funcionó bajo la gestión kirchnerista, admitieron ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) su participación en una maniobra fraudulenta, a través de un juicio abreviado. El juez federal Néstor Costabel homologó los acuerdos otorgando condenas de dos años y dos años y medio de prisión en suspenso.

En 2018 fue el juez federal Julián Ercolini quien procesó al ex presidente de ENARSA, Exequiel Espinosa, y a otros ex directivos de la empresa estatal de energía que fue creada por el ex presidente Néstor Kirchner bajo el control del ex ministro de Planificación Julio De Vido. Fueron acusados y enviados, posteriormente, a juicio oral por los delitos de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública y de negociaciones incompatibles con la función pública.

En esta causa la maniobra consistió en contratar sin licitación a una empresa que era propiedad de uno de sus directivos, por dos millones de pesos. La investigación reveló que la encargada del área de Logística y Comercialización de Combustibles de ENARSA, ingeniera Marcela Tagle, hizo contratar a la empresa P&D Control Group SRL, a pesar de que era propiedad de uno de sus compañeros, Claudio Miguel Fernández, y de su esposa Paula Gabriela Merlo.

La contratación directa fue para trabajos de inspección en las plantas de combustibles Campana y de Dock Sud. Además, Tagle y otros cobraron honorarios por esas inspecciones que, incluso, se duda sí se hicieron.

La investigación reveló que Claudio Miguel Fernández, Juan Carlos Teso, Marcela Tagle y Rodrigo Maximiliano Palacios fueron parte de la maniobra fraudulenta al haber contratado a la compañía denunciada para realizar la tarea de inspección de plantas refinadoras.

El acta del juicio abreviado a la que accedió Clarín, sostiene que la calificación legal que recae sobre los acusados es la de administración fraudulenta. “Nos remitimos a las claras y contundentes valoraciones de los hechos y las pruebas realizadas por el juez de instrucción”, sostuvo el ministerio Público representado por Diego Luciani.

Durante el juicio abreviado también se decretó la prescripción de la acción penal y el sobreseimiento de Raúl Alberto Argañaraz, Ernesto Gabriel Mazzola y Juan Fernando Giovachini, quienes enfrentaban cargos de violación de los deberes de funcionarios públicos, delito de menor gravedad.

Durante la investigación se determinó que ellos emitieron solicitudes y órdenes de compra a favor de la empresa cuestionada “con posterioridad a la emisión de la orden de compra referida y se amplió el objeto del supuesto concurso de precios para la prestación de servicios en otra planta -Destilería Argentina de Petróleo S.A.”.

Entre las conductas reprochadas, se señaló que se hicieron los pagos respectivos a P&D Control Group sin que se acreditara “la efectiva prestación de los servicios por parte de la firma adjudicataria.

Entre los documentos de la contratante, “no se localizaron registros de inventario ni reportes diarios de stock emitidos por P&D Control Group, sumado a que se detectó que la mayoría de los certificados de servicios emitidos por esa empresa no se encontraban en los correspondientes legajos de pago y, en otros casos, no contaban con la conformidad de un representante de la planta refinadora ni del responsable del sector solicitante del servicio”.