En India, 24 personas trans intentaron un suicidio colectivo: ahora, la policía revela el motivo

En India, un grupo de 24 personas trans fueron hospitalizadas después de intentar un suicidio en masa. Ocurrió en Indore, en el estado de Madhya Pradesh. La policía, que todavía continúa con la investigación, apunta a integrantes vinculados con otra facción de la comunidad como presuntos culpables.

Autoridades del hospital Maharaja Yashwantrao en donde fueron internadas las personas involucradas confirmaron que todas están fuera de peligro y bajo tratamiento.

Las imágenes del hecho se viralizaron en redes sociales en los últimos días. Fueron capturadas por las cámaras de seguridad de la casa en donde se encontraban.

El grupo se habría reunido en una casa para ingerir desinfectante de fenol (un limpiador de pisos) a eso de las 20.30 del miércoles 15 de octubre con la intención de acabar con su vida, informó el hospital.

En ese momento, la policía “recibió información” de lo que estaba sucediendo y acudió rápidamente al lugar, informó el Hindustan Times. Ambulancias llegaron cuanto antes para trasladar a todas las personas al hospital.

El director del centro médico, Basant Kumar Ningwal, aseguró que “todos se encuentran fuera de peligro y reciben atención médica constante”.

Los investigadores apuntan a que el las personas intentaron el suicidio en masa “tras un altercado con Sapna Guru, alias Sapna Haji, líder de un grupo rival, y sus allegados”.

Sapna fue arrestada junto con otros tres hombres (Raja Hashmi, Akshay Kumayu y Pankaj Jain) por “presunta agresión y extorsión”. Según The Hindu, que conversó con el Comisionado adjunto adicional de policía de Indore (Crimen) Rajesh Dandotiya, dos facciones de la comunidad se habrían peleado por una “disputa monetaria”.

Los cuatro implicados presuntamente amenazaron y agredieron a las 24 personas cuando exigieron dinero de un depósito recaudado para una conferencia comunitaria, lo que las incitó a intentar autolesionarse.

Además, el martes 14 -un día antes del hecho-, Jain y Kumayu fueron acusados por una integrante del grupo llamada Neha Kunwar de hacerse pasar por periodistas para amenazar, chantajear y violar a una mujer trans.

“Akshay Kumayu y Pankaj Jain (falsos periodistas) empezaron a chantajearnos y violaron a una persona. Ocurrió hace tres meses. Ni siquiera los kinnars (comunidades de gente trans) están a salvo. ¿Acaso no somos humanos? Además, le robaron 150.000 rupias a la víctima“, dijo la denunciante, según el Hindustan Times.

A su vez, durante la noche del intento de suicidio, Kunwar habría intentado quitarse la vida durante una discusión nocturna en relación con los acusados, pero el personal policial presente en el lugar impidió el acto.

The Hindu asegura que desde hace tiempo varias facciones de la comunidad transgénero están enfrentadas en Indore “por cuestiones como la división de zonas para la búsqueda de limosna y el control de la comunidad, y los grupos se vieron involucrados en altercados y peleas en diversas ocasiones”.

En India existen leyes específicas que reconocen y protegen los derechos de las personas transgénero, aunque su aplicación todavía enfrenta desafíos importantes.

La norma más importante es la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Transgénero aprobada por el Parlamento indio en diciembre de 2019.

Esta ley fue una respuesta a una sentencia clave de la Corte Suprema de 2014 (caso NALSA vs. Union of India), que reconoció a las personas trans como un “tercer género” y ordenó al Estado garantizar sus derechos constitucionales.

Aunque entre sus puntos principales se encuentra el del reconocimiento legal, la prohibición de la discriminación y la obligación estatal de implementar políticas de inclusión y programas de bienestar específicos, muchos miembros de la comunidad la consideran insuficiente.

Estos exigen que el proceso de reconocimiento de identidad sea más autodeclarativo, ya que la ley aún requiere una certificación oficial del gobierno, lo que puede implicar discriminación y trámites humillantes.

También denuncian la falta de mecanismos efectivos para aplicar las protecciones previstas y la ausencia de cupos laborales o educativos.