El Tribunal del Mar fijó para el 10 y 11 de noviembre las audiencias por el reclamo argentino para frenar la explotación petrolera en las Malvinas

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) fijó para el 10 y el 11 de noviembre próximos las primeras audiencias en las que analizará el pedido del gobierno de Javier Milei para que se dicten medidas cautelares contra el Reino Unido por las inversiones petroleras en Malvinas.

Argentina busca que se orden el cese de la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur en torno a las disputadas Islas Malvinas. Si bien varias empresas están realizando actividades hidrocarburíferas alrededor del archipiélago, la israelí Navitas y la británica Rockhopper anunciaron que entre 2027 y 2028 comenzarán a extraer petróleo. El anuncio tensó las relaciones de Milei con los británicos, pero también con Chile, porque desde Punta Arenas se realiza a través del sector privado todo el apoyo logístico a esta industria que transformará geopolíticamente toda la región en desmedro del reclamo histórico argentino.

Si el TIDM -creado por una convención de las Naciones Unidas- le da razón a la Argentina, será un triunfo fuertísimo para Milei y su equipo jurídico. Y además será de cumplimiento obligatorio para el gobierno británico que, a pesar de todas las medidas que vienen tomando para defender a los isleños y a las empresas de esta cruzada por la controversia existente, dijo que lo va a cumplir.

La fecha del 10 y el 11 de noviembre fue establecida este martes mediante una orden del presidente del tribunal, el juez Maurice K. Kamga, según informó el propio organismo en un comunicado.

En el Gobierno son optimistas con que, después de que se hagan las audiencias de noviembre la resolución sobre si se concede o no el pedido argentino de cautelares se resolverá rápido mientras se resuelve la cuestión de fondo y una cautelar. El Tribunal, recordaron, no puede resolver nada sobre la cuestión del reclamo de soberanía argentino a Gran Bretaña.

La Argentina presentó su solicitud el 13 de octubre, en el marco de la disputa con el Reino Unido por las actividades de exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos en la zona. El Gobierno invocó el artículo 290, inciso 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que contempla la posibilidad de solicitar medidas provisionales mientras se constituye un tribunal arbitral.

Buenos Aires busca que se ordene el cese de las actividades petroleras británicas en las aguas que considera bajo disputa de soberanía. La iniciativa se inscribe en la estrategia del gobierno de Javier Milei para frenar el desarrollo de proyectos hidrocarburíferos en las islas, entre ellos el yacimiento Sea Lion, impulsado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper.

Las audiencias se realizarán en la sede del tribunal y serán públicas. También se transmitirán en directo via streaming y sus registros estarán disponibles posteriormente en el sitio oficial del organismo, según el comunicado del Tribunal.

La fijación de las fechas abre una instancia clave en la ofensiva jurídica argentina. Las audiencias permitirán a las partes exponer sus argumentos antes de que el tribunal se pronuncie sobre las medidas provisionales solicitadas por Buenos Aires.

Creado en 1982, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar —también conocido como el Tribunal del Mar o por sus siglas TIDM— es un órgano judicial independiente creado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Tiene sede en Hamburgo, Alemania. Son 21 jueces, actualmente la vicepresidenta es argentina. Gran Bretaña no tiene jueces, puede pedir uno ad hoc.

Argentina recurrió a él cuando en 2012 pidió medidas cautelares para librera la Fragata Libertad que estaba retenida en Ghana a pedido de un fondo buitre.

Si bien es muy distinto el caso ahora, el TIDM fue lo que permitió sacar al emblemático buque escuela de la Armada del entramado de legislaciones internas que le había aplicado Ghana cuando lo retuvo en un amarre en su puerto.