El PRO insiste con que el acuerdo entre LLA, el kirchnerismo y el bloque salteño por la Auditoría ya estaba cerrado

El bloque de diputados del PRO que maneja Cristian Ritondo volvió a aclarar este domingo que la Libertad Avanza, el kirchnerismo y el espacio de Innovación Federal ya habían cerrado un acuerdo para quedarse con los tres lugares que le correspondían a la Cámara Baja en la Auditoría General de la Nación (AGN).

“El acuerdo ya estaba cerrado”, advierte el Pro en un comunicado, al detallar que esas tres fuerzas “ya contaban holgadamente con las tres cuartas partes de los votos necesarios para habilitar el tratamiento y aprobar las designaciones”.

De esa manera, señalaron que “el resultado estaba definido de antemano y no dependía matemáticamente de la presencia o el voto del PRO”, frente a las versiones de que pudo haber algun tipo de guiño desde el espacio macrista para que las designaciones de Rita Mónica Almada, por La Libertad Avanza; Juan Ignacio Forlón, por Unión por la Patria; y Pamela Calletti, por Salta, se concretaran.

El texto del Pro asegura, también, que “nuestro retiro del recinto no tuvo como fin facilitar la votación, sino no convalidar con nuestra presencia un procedimiento abiertamente inconstitucional” con una votación que se concreto “de madrugada, sin transparencia, y tratando un tema que no estaba habilitado en la convocatoria a Extraordinarias, violando el artículo 63 de la Constitución Nacional”.

Ritondo presentó días atrás ante la justicia un pedido de nulidad sobre la designación de integrantes de la AGN. En un recurso de amparo, reconstruyó cómo se dieron los hechos aquella madrugada y señaló que el diputado libertario Gabriel Bornoroni tómo la palabra “sin especificar qué moción iba a realizar, sin pedir apartamiento del reglamento”, para que la Cámara procediera a designar las autoridades de la AGN.

“En estos casos, en que se violan expresamente normas que hacen a la esencia del trámite para la designación de miembros de la AGN y menoscaban la participación plena de un integrante de un cuerpo colegiado, la consecuencia tácita no puede ser otra que la inconstitucionalidad y nulidad que habrá de decretarse en sede judicial”, argumentó en su presentación.