El PRO fue a la Justicia por la AGN y se profundiza el conflicto con el Gobierno por los acuerdos a espaldas del Congreso

La decisión del PRO de presentar un amparo judicial para frenar la designación de autoridades en la Auditoría General de la Nación (AGN) expuso algo más profundo que una discusión reglamentaria: dejó al descubierto una nueva ruptura política entre el macrismo y La Libertad Avanza, luego de que el Gobierno avanzara en un acuerdo con el peronismo para ocupar cargos clave en el organismo sin avisarle a su principal socio parlamentario.

La acción judicial fue presentada por el bloque del PRO en la Cámara de Diputados, que conduce Cristian Ritondo, y apunta directamente contra la resolución aprobada durante la madrugada en la última sesión de la Cámara baja que habilitó la designación de tres auditores.

Para el PRO, se trató de una “maniobra inconstitucional”, realizada fuera del temario habilitado para las sesiones extraordinarias, sin dictamen de comisión y sin debate parlamentario, en violación directa de la Constitución Nacional.

Pero detrás del planteo jurídico hay una denuncia política explícita: el PRO sostiene que La Libertad Avanza selló un entendimiento con el peronismo -y otros bloques provinciales como el salteño que responde al gobernador Gustavo Sáenz- para avanzar con la integración de la AGN, marginando deliberadamente al macrismo de una negociación sensible que involucra al principal órgano de control del Estado. El PRO ya tenía perfilado para ocupar uno de esos tres cargos al ex ministro de Trabajo Jorge Triaca.

La votación cuestionada se produjo a las 3 de la madrugada, al cierre de una extensa sesión en la que Diputados había dado media sanción al proyecto de Presupuesto 2026. En ese contexto, sin que figurara en el temario de extraordinarias definido por el Poder Ejecutivo, se avanzó con la designación de los auditores, que fue aprobada por una amplia mayoría.

Para el PRO, ese movimiento no solo fue irregular desde el punto de vista institucional, sino también una señal de que el Gobierno prefirió cerrar un acuerdo con el peronismo antes que sostener un entendimiento con el espacio que lo acompañó en votaciones clave desde el inicio de la gestión. Las críticas centrales de los armadores del macrismo fueron hacia el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

En el amparo presentado ante la Justicia, el bloque amarillo solicita que se declare la nulidad de la resolución, que se dicte una medida cautelar para suspender los nombramientos y que se restablezca el estado institucional previo a la votación.

El escrito remarca que durante las sesiones extraordinarias el Congreso solo puede tratar los temas expresamente habilitados por el Ejecutivo y que la designación de autoridades de la Auditoría General de la Nación no estaba contemplada dentro de ese temario.

“No se puede construir una relación política seria si los acuerdos se hacen de madrugada y a espaldas de quienes acompañan”, repiten en privado desde el macrismo. Esa misma idea la plasmó en público, el mismo jueves, Ritondo, cuando todavía en el marco de la sesión, anunció que iría a la Justicia para suspender la decisión.

El jefe de bloque del PRO ya preveía lo que iba a suceder y le había advertido a Martín Menem que si avanzaban en un acuerdo con el kirchnerismo (se mencionaron conversaciones informales entre el propio Menem con Máximo Kirchner para sellar el entendimiento) los iba a exponer en plena sesión por el Presupuesto. “A Cristian no le gusta que lo tomen de boludo y le jueguen por atrás cuando él siempre bancó”, dicen en el ritondismo.

El daño para el Gobierno fue mayor. Ese mismo jueves, pero por la tarde, el oficialismo tenía previsto sacar dictamen de la reforma laboral en el Senado y dejar todo en condiciones para darle media sanción a la iniciativa en la Cámara alta el viernes 26, tras la Navidad, y en la misma sesión en la que se haría ley el Presupuesto.

Algo pasó. Patricia Bullrich anunció el dictamen en comisión, pero también la postergación de la discusión del tema, central para el Gobierno, hasta febrero, en la otra tanda de extraordinarias. Los votos del PRO, y de otro aliado como el radicalismo, no tenían garantía. La polémica por la AGN terminó golpeando duro.