El Gobierno, tras la sanción de la ley de Inocencia Fiscal, estudia recrear la dirección de Inteligencia Fiscal de la DGI

Luego de la sanción de la ley llamada de inocencia fiscal, el Gobierno estudia la posibilidad de recrear en la Agencia de Recaudación y Control (ARCA) una dirección de Inteligencia Fiscal como la que existió durante la gestión de Carlos Menem bajo la dirección del abogado Carlos García Lorea que hizo grandes investigaciones sobre evasión como los casos Alfredo Yabrán, María Julia Alsogaray, el ex secretario de Turismo Omar Fassi Lavalle y otras.

La denuncia de la DGI contra Sur Finanzas, cuyo dueño Ariel Vallejo está vinculado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia es un adelanto de ese intento de cambio de la forma de luchar contra la evasión de impuestos.Y no es causal que el titular de la ARCA, Andrés Vázquez, provenga de Inteligencia Fiscal, más allá de las denuncias por supuesta corrupción que enfrenta.

En los noventa, por primera vez se investigó al mundo del fútbol y una tarea directa de Vázquez fueron los casos de los pases de jugadores como Javier Sabiola, o el ex representante de Maradona, Guillermo Cóppola.

La denuncia del mes pasado contra Sur Finanzas no fue el clásico método de un inspector de la DGI que intima a un contribuyente a regularizar su situación mediante un acto administrativo, sino una investigación trabajada durante meses que le dio al juez federal Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona un informe completo con movimientos financieros, nombres de testaferros y direcciones fiscales y reales. Es decir, la “bandeja servida”.

¿Cómo nación Inteligencia Fiscal?

Cuando se hizo la Ley Penal Tributaria durante la gestión de Domingo Cavallo al frente del ministerio de Economía, después de la experiencia del escándalo de los galpones de Koner Salgado en Tierra del Fuego, se comprendió la necesidad de recuperar lo robado al Estado.

Al igual que se intenta hacer hoy en la nueva Ley de Inocencia Fiscal, que debía habilitarse por única vez la posibilidad de abonar lo defraudado antes de la denuncia penal y “obtener el valor de restituir lo dañado y, por única vez, extinguir la acción penal” comentó a Clarín una fuente cercana al Gobierno.

La idea es tener un organismo que pueda investigar tramas complejas de testaferros que se observan en la metodología de “Chiqui” Tapia y del Tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Si bien ellos serían los destinatarios finales de la mansión de Pilar y de los 54 autos, entre otros bienes, una nueva Dirección de Inteligencia Fiscal debería operar sobre la incapacidad de generación de riqueza de los testaferros, como Luciano Pantano. Así la DGI facilitaría la tarea de los magistrados como en la causa de la corrupción en la AFA que investiga el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky.

Vázquez, igual que Jaime Mecikovsky que tuvo un papel protagónico en la época del gobierno de Mauricio Macri, fueron partícipes de esta metodología de investigación de la ex dirección de Inteligencia Fiscal.

Mecikovsky impulsó denuncias de evasión contra el empresario K Lázaro Báez, entre otras y fue perseguido por los K. De Inteligencia Fiscal salieron casi 15 futuros subdirectores o directores de la DGI.

Al margen de esos antecedentes, Vázquez habría comprado a través de sociedades en el exterior tres inmuebles en Miami por más de 2 millones de dólares, y se inició la investigación que investiga el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y en otras ya fue sobreseído.

En el caso de Vázquez y otros más formados en Inteligencia Fiscal fueron capacitados por el FinCen de Estados Unidos (el organismo antilavado) y la DEA para el seguimiento y detección de flujo de capitales en negro.

Inteligencia Fiscal hasta el año 2000 estuvo bajo la dirección de García Lorea -hoy consultor de gobiernos extranjeros- pero con el gobierno de Fernando De la Rúa el grupo “Sushi” del hijo del ex presidente con el apoyo, dicen las fuentes, del ex director de Contrainteligencia con Antonio Stiuso, se hizo cargo del control del organismo. Entre otros operaba en forma directa Damián Sierra, que era el informante oficial de la SIDE en la Aduana.

Vazquez conoció allí a Stiuso, aunque durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se vinculó con el sector interno enfrentado con Stiuso: la dirección de Reunión que dirigía Fernando Pocino, dicen las fuentes.

En realidad la primera conexión de Inteligencia Fiscal con la SIDE fue porque investigaban a Susana Giménez y al Restaurante La Diosa que al que estaban vinculados funcionarios de inteligencia de la época de Menem pero esa es otra historia.

En ese momento, Vázquez colaboró también con la SIDE en casos de narcotráfico e impulsó el escandaloso allanamiento a Clarín en 2009.

Y hoy, Vázquez llegó al poderoso asesor presidencial, Santiago Caputo, a través del lobista de la SIDE en Estados Unidos, Leonardo Scatturice.

Esta es una de las razones por las cuales hoy el FMI lejos de preocuparse con las acusaciones contra Vázquez ven en él “una experiencia acumulada que podría servir” si el gobierno de Javier Milei tiene voluntad política, para investigar los blanqueos de plata negra que llevaron a la Argentina a ser el único país con 6 blanqueos fiscales.

El IVA entró en vigencia en Argentina en 1975 con una alícuota del 13% y con un esquema que enarbolaba un impuesto en cadena como se establecía en la mayor cantidad de fiscos de Europa, pero a mediados de los ´80 mediante una modificación en la interpretación de las leyes se permitió generar el llamado crédito fiscal ante la DGI.

En Argentina el sistema tributario se ha confeccionado como un esquema casi incomprensible para el común de la gente, donde la presión fiscal es tan fuerte que no genera ni rechazo ni control social sobre quien evade y toda la estructura de fiscalización estatal se ejerce sobre las llamadas realidades formales. Por ejemplo se verifica si la factura está bien impresa, fue pagada vía entidades bancarias, etc.

Para muchos tributaristas, más que evasión impositiva en la Argentina lo más grave es que se puede ganar plata con maniobras contra el fisco. “Esto es así pues al generarse una factura con el IVA correspondiente tiene un doble efecto fiscal para el destinatario, le sirve para deducir de sus Ganancias como gasto, pero fundamentalmente tiene un crédito de 21% a su favor contra el Fisco, y puede solicitar devolución si exporta o deducir de sus pagos de impuesto de IVA”, contó un conocedor de la formación de Vázquez.

Pero puede figurar venta de “Pichones de Dinosaurios” en la factura y para demostrar la imposibilidad de la producción del mismo, “se genera un proceso tan tortuoso que en la práctica permite continuar con las maniobras defraudatorias”, contó un ex inspector de la DGI.

Ante esta situación, en los noventa se creó Inteligencia Fiscal y Aduanera que trabajó y se capacitó en organismos internacionales con el desembarco de Carlos Silvani (un funcionario formado por el FMI). Fue en el marco de la creación de la AFIP, hoy ARCA, que supuso que la DGI y la Aduana pasaban a depender de un solo organismo de control. El organismo se puso bajo la dirección del abogado especialista en temas tributarios García Lorea.

Así Inteligencia Fiscal y Aduanera empezó a trabajar sobre las llamadas manifestaciones de riqueza de los contribuyentes en su vida diaria. En pocas palabras, la estrategia “no era centrarse en el asesino sino en quién ganó con la muerte”.

Como ejemplo, el empresario menemista Alfredo Yabrán no figuraba en ninguna de las empresas y el matarife peronista Alberto Samid, utilizaba sociedades formalmente constituidas para generar créditos fiscales incobrables, y se fue sobre ellos, recordó la fuente. Y se los investigó con estos métodos.

Al día de la fecha, esa metodología no se continuó utilizando por la incapacidad del sistema y de la Ley de Procedimiento que se dirige hacia los “titulares” de la obligación fiscal que, en su mayoría, son no sólo insolventes sino muchas veces indigentes. Como en el caso de la firma Coxtex que proveía facturas falsas al Polo Obrero de Eduardo Belliboni por más de 480 millones en apenas 13 meses.

ARCA, no obstante haber determinado que el Polo Obrero se abastecía de facturas en lo que se conoce como la base de empresas apócrifas (E-Apoc) permitió que siga defraudando en lugar de intervenir al momento de verificarse la defraudación por realidad económica, opinó un ex fiscal.

En este caso, “la DGI debería haber generado un proceso de búsqueda y localización de los prestanombres que de encontrar resultado positivo, no sólo que eran incobrables, sino que, lo fundamental, no dejaban en evidencia la responsabilidad Penal de quienes habían armado el circuito”, sostuvo un ex funcionario de ARCA.

García Lorea, el fundador

En el año 1987 el gobierno de Menem contrató a García Lorea para asesorar en la redacción de la Ley Penal Tributaria, luego asesoró al Vicepresidente de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, Franco Caviglia.

Después García Lorea suministró información sobre manejos turbios en la Aduana al diputado peronista Mario Das Neves. Más tarde el Fondo Monetario propuso a Carlos a Silvani y unió los 2 organismos recaudadores (DGI y DGA) y por conexiones que habían quedado, se determina la posibilidad de crear una Dirección de Inteligencia. En pocos meses, el organismo de 17 personas terminó casi en 1.700.

En ese lapso, Inteligencia Fiscal había investigado, entre otros, a Samid la llamada causa del Oro contra el fiscal Pablo Lanusse, IBM Banco Nación, y el caso del juez Francisco Trovato, entre otros.

En esa época, García Lorea participó de las primeras reuniones sobre Lavado de Dinero con Stanley Morris que era quien dirigía el FinCen que colaboró en la causa por el yate del ex director técnico de la selección Daniel Pasarella. Así creada la Dirección de Inteligencia Fiscal y Aduanera llevó adelante investigaciones contra Yabrán, Susana Giménez, el empresario Anselmo Gualtieri, etc. Incluso colaboraron con la investigación del atentado a la AMIA y descubrieron maniobras comerciales del agregado iraní con la compra y triangulación de carne.

La metodología de trabajo era totalmente distinta al resto de la DGI pues sólo contactaban al contribuyente luego de hacer un análisis de manifestaciones de riqueza y así fue, entre otros, que cayó María Julia, el ex rector de la UBA Oscar Schuberoff, Emir Yoma y otros.

Al caer el muro de Berlín en 1989, el presidente de EE.UU. Bill Clinton puso al General Barry Mc Caffrey como Zar antidrogas y el contacto de él en Argentina era un teniente coronel norteamericano que habilitó fuentes de información con Inteligencia Fiscal. Juntamente con el jefe del Servicio Secreto alemán para Latinoamérica, y Francoise René De Franchi, que era el representante para Latinoamérica de la organización francesa de Prevención de Lavado de Dinero.