El Gobierno se mostró abierto a negociar el Presupuesto y la oposición reclamó que vaya Luis Caputo a defenderlo

El oficialismo reunió este lunes a diputados aliados y opositores en la comisión de Presupuesto para avanzar en la discusión de un proyecto fundamental para la nueva gobernabilidad que busca el Ejecutivo tras las elecciones del 26 de octubre: hubo consenso en la búsqueda de un proyecto que respete el equilibrio fiscal y en que este año sea finalmente sancionado -algo que no sucede desde 2022- pero el encuentro no pudo evitar cruces entre representantes del PRO y de la oposición más dura.

El encuentro fue coordinado por el flamante titular de la comisión, “Bertie” Benegas Lynch, y contó con la presencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, el vicejefe de gabinete, José Rolandi y el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y se llevó a cabo en un salón del Parlamento.

Entre los diputados presentes se encontraron Miguel Pichetto y Nicolas Massot –los más duros y quienes se retiraron antes del cierre-, los radicales Martín Tetaz, Karina Banfi, Pamela Verasay y Pablo Giulano y la economista del PRO Diana Fernández Molero, ente otros.

Pichetto y Massot pidieron garantizar la “institucionalidad” del debate y reiteraron su deseo que se apersone a la comisión el ministro de Economía, Luis Caputo, renuente a exponer en el Congreso. Hubo cruces con la representante del PRO Silvana Giudici, que pidió concentrar esfuerzos en acordar un cronograma y la puesta en marcha de un “semáforo” con los temas más urgentes para cada bloque.

En la hoja de ruta votada por el pleno de la Cámara quedó fijado el martes 4 de noviembre como fecha para firmar el dictamen, con la intención de aprobar el Presupuesto -con los tiempos justos, para remitirlo al Senado y que lo sancione- antes del recambio legislativo. El Gobierno, en cambio, procurará postergar el debate en el recinto para después del 10 de diciembre. Será uno de sus objetivos en la negociación paralela que arrancó este lunes.

“Hay predisposición del Gobierno para discutir el presupuesto. Un 80%, vinculado al gasto social, de personal, es inamovible. Pero estamos dispuestos a conversar sobre el otro 20%, en tanto se respete el equilibrio fiscal y el superávit financiero”, aseguró una fuente del oficialismo a Clarín.

La reunión comenzó cerca de las 9 y duró unas tres horas. En el oficialismo se comprometieron a pasarle al Ejecutivo los requerimientos opositores. En particular, el pedido para que asistan los funcionarios de Economía.

A su turno, los libertarios reclamaron unificar “interlocutores” del lado opositor. “A veces nos pasa que vienen varios en nombre de un gobernador y a cada uno pide una cosa distinta”, argumentan. Y agregan que Unión por la Patria fue invitado a la reunión, pero decidió no asistir.

En tanto, el radical Giulano coincidió con sus pares del bloque Encuentro Federal en la necesidad que Caputo concurra al Parlamento y rechazó que Massot, tal como hicieron trascender usinas oficialistas, haya planteado un proyecto con un déficit del 0,6%. “Lo que quedó de manifiesto es que, a diferencia de otros debates, este año sí o sí debería sancionarse para así cumplir con la ley”, apuntó.

El dirigente platense pidió por la rápida promulgación de la ley de Emergencia Pediátrica con recursos pre-fijados a fin de evitar la estratagema oficial aplicada con la normativa de Discapacidad donde el Ejecutivo, amparado en el artículo 5 de la Ley 24.629, pidió al Parlamento que defina de dónde saldrá el dinero para su financiación,

De acuerdo al presupuesto presentado por el Ejecutivo, se proyecta para el año próximo una inflación de 10,1% y un dólar a $1423, en este último caso un dato que parece desfasado. También la iniciativa prevé ingresos impositivos por $90.309 millones, un alza del 22,5% frente a 2025, equivalentes al 8,7% del Producto Bruto Interno (PBI). Dentro de los tributos con mayor peso figuran el IVA, Ganancias y el Impuesto a los Créditos y Débitos bancarios. En particular, los Derechos de Exportación (DEX) aparecen con un fuerte protagonismo en la estructura tributaria.

De acuerdo con el texto, los recursos provenientes de las retenciones aumentarían un 22,8% en 2026, pasando de 8.277.940,6 millones de pesos a 10.167.410,7 millones de pesos, y elevando su incidencia en la economía del 0,95% al 0,98% del PBI. “El escenario macroeconómico contempla un crecimiento de las exportaciones gravadas en términos reales superior al promedio de la economía”, argumenta el proyecto oficial.