El Gobierno retiró de Diputados su proyecto de Reforma Penal Juvenil y buscará avanzar con el propuesto por sus aliados

El Gobierno nacional retiró el proyecto de Régimen Penal Juvenil que había ingresado este lunes por la mañana a la Cámara de Diputados, al advertir que la insistencia en fijar la edad de imputabilidad en 13 años ponía en riesgo el respaldo de los bloques aliados en la Cámara de Diputados.

Según indicaron a Clarín fuentes parlamentarias, una de las razones centrales fue que el oficialismo incluyó en el dictamen remitido fijar la edad imputabilidad en 13 años, cuando el consenso con los partidos aliados era de 14, tal como había quedado asentado en el texto del año pasado.

Ante la consulta de este diario acerca de los motivos por los que el proyecto se retiró a menos de 24 horas de haber sido presentado, las fuentes consultadas indicaron que “en la nota donde solicitan el retiro no se establece el motivo”, pero reconocieron que está vinculado con el hecho de que “planteaba 13 años”.

“La idea era volver a dictaminar el que perdió estado parlamentario con edad en 14 años“, indicaron fuentes parlamentarias, aunque aclararon que la Casa Rosada volverá a remitir en las próximas horas un nuevo proyecto que fijará la edad de imputabilidad en 14 años.

De esta manera, el Gobierno cedió a las presiones del PRO y la UCR, sus principales aliados, para bajar de los 16 a los 14 años la edad de imputabilidad, retrocediendo en su intento por imponer la versión original que fijaba el límite en los 13 años.

Además de aceptar que el Régimen Penal Juvenil aplique a partir de los 14 años, y no de los 13 como planteaba el Gobierno, el oficialismo incorporará un artículo clave para el financiamiento del sistema en las provincias, que una vez aprobada la norma nacional deben adherir adecuando sus regímenes procesales. El principal reclamo era que no tenían fondos para la infraestructura y servicios, como la figura del supervisor que la ley crea y demanda.

La actividad arrancará este martes con la reunión constitutiva de las comisiones de Justicia y Familia, mientras que la de Legislación Penal, que será cabecera, ya fue conformada en las extraordinarias de diciembre cuando se debatió la ley de inocencia fiscal.

En tanto, el oficialismo buscará sacar despacho de comisión en un plenario que será convocado para el miércoles y un día después, es decir el jueves 12 de febrero, tratará de llevar el tema al recinto, donde el oficialismo asegura tener los votos para alzarse con la media sanción.

El proyecto que había presentado la Casa Rosada incluía un presupuesto detallado para su puesta en marcha. La iniciativa que había ingresado este lunes por la Cámara de Diputados calculaba un gasto total de $23.739 millones. El proyecto discriminaba además cómo se repartirán esos fondos: $ 3.131 millones estarían a cargo del Ministerio de Justicia y $ 20.608 millones corresponderían a la Defensoría General de la Nación.

Para avanzar con la reforma, el oficialismo necesita reunir al menos 129 votos afirmativos en la Cámara de Diputados y parte de un piso de 95 bancas propias de La Libertad Avanza. A ese número se suman unos 20 votos del PRO, la UCR y el MID, bloques que ya habían acompañado y firmado el dictamen del proyecto durante el tratamiento legislativo del año pasado.

En el armado de mayorías, el Gobierno también cuenta con el respaldo de bloques federales alineados con gobernadores aliados, entre ellos los siete diputados de Innovación —referenciados en Misiones y Salta— y los tres tucumanos del bloque Independencia. A ese esquema se agregan dos legisladores exlibertarios que conformaron el bloque País Federal.

Dentro del interbloque Unidos se prevé un escenario de posiciones divididas, aunque fuentes parlamentarias estiman que la mayoría terminaría acompañando la iniciativa. En ese espacio se ubican Miguel Ángel Pichetto y los diputados santafesinos cercanos al gobernador Maximiliano Pullaro, mientras que otros, como Nicolás Massot —autor de un proyecto alternativo que no modificaba la edad de imputabilidad—, aún no definieron su postura.

En tanto, en Unión por la Patria las posiciones también aparecen fragmentadas. Si bien el sector del Frente Renovador, que responde a Sergio Massa, sostuvo históricamente la baja de la edad de imputabilidad, mantiene reparos sobre el texto impulsado por el Ejecutivo.

El pasado 5 de febrero, Massa se reunió con sus alfiles en la Cámara de Diputados para fijar una postura frente al debate por la baja de la edad de imputabilidad, que volvió a ganar centralidad en la agenda legislativa. Fuentes del massismo indicaron a Clarín que, si bien todavía no hay definiciones concretas, es probable que el sector avance con un “despacho propio” cuando la iniciativa sea tratada en el recinto de la Cámara baja.

Según recordó uno de los presentes en el encuentro, el espacio cuenta desde 2014 con un proyecto de Código Penal Juvenil: “La baja es un título. Argentina necesita una ley de responsabilidad penal juvenil, estructura judicial, infraestructura y un debate serio sobre qué hacer con los pibes en conflicto con la ley. Esconder el debate no lo resuelve”.

En la versión presentada en 2024, el financiamiento quedaba abierto. El texto se limitaba a señalar que los gastos se cubrirían con partidas previstas en el presupuesto o mediante reasignaciones decididas por la Jefatura de Gabinete, sin precisar montos ni responsables.

Ahora, el Ejecutivo buscó despejar ese flanco con cifras concretas y una asignación explícita de recursos, en un intento por destrabar el debate legislativo.

Además, hubo modificaciones en el régimen de penas. El proyecto original fijaba un máximo de 20 años de prisión para adolescentes y descartaba la perpetua. Durante la negociación parlamentaria, el tope se redujo a 15 años.

También se endurecieron los requisitos para disponer prisión efectiva. Solo quedaba habilitada para delitos con escalas penales de diez años o más, siempre dentro del límite máximo, y se priorizaban sanciones alternativas para otros casos, salvo homicidios u hechos de violencia extrema.