El Gobierno porteño apelará el falló de la Justicia que los obliga a volver a financiar el traslado de cartoneros vinculados a Juan Grabois

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que apelará la decisión de la Justicia, que obliga al distrito a financiar nuevamente el traslado de cartoneros, vinculados a Juan Grabois, desde el Conurbano a la capital.

“Vamos a apelar esta decisión insólita que atenta contra los intereses de los porteños”, anunció en su cuenta de X Jorge Macri tras sostener que la justicia quiere “obligarnos a financiar nuevamente el traslado de los cartoneros de Grabois desde el conurbano”.

En julio pasado el Gobierno porteño dejó de financiar el traslado diario de cartoneros provenientes de la provincia de Buenos Aires que trabajan en la Ciudad. Estiman que tenía un costo de 6.000 millones de pesos por año. Según se informó, la mayor parte de esos beneficios los percibía un grupo reducido de cooperativas vinculadas a Juan Grabois.

El Gobierno porteño sostuvo que el sistema de reciclado de la Ciudad está integrado por más de 6.000 recuperadores urbanos, organizados en doce cooperativas y que, de ese número, hay 3.100 que pertenecen a agrupaciones vinculadas al dirigente social. Esas eran las cooperativas que accedían al beneficio de traslados gratuitos a CABA, entre ellas Amanecer de los Cartoneros, Madreselvas, Recuperadores Urbanos del Oeste y Cartonera del Sur.

La justicia quiere obligarnos a financiar nuevamente el traslado de los cartoneros de Grabois desde el conurbano.
Vamos a apelar esta decisión insólita que atenta contra los intereses de los porteños.
Hay cosas que antes se hacían y con nosotros no se hacen más.

— Jorge Macri (@jorgemacri) September 3, 2025

El Juzgado de 1° Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario había hecho lugar a la presentación realizada por la Federación de Cooperativas de Reciclado. La Ciudad, por su parte, informó que acatará la decisión y repondrá el servicio de traslado de los cartoneros desde el Conurbano hasta tanto la Justicia se expida sobre la cuestión de fondo.

El servicio de traslado de recuperadores urbanos no está contemplado como una obligación a cubrir por parte del Estado en los términos del llamado Concurso Público N.º 1/2021, que regula el funcionamiento del sistema, destacaron desde Uspallata.

Fuentes porteñas habían explicado a Clarín que la Ciudad no se encargaba de los traslados, sino que los viajes se financiaban a través de dinero que se giraba directamente a las cooperativas para que ellas lo administraran.

Hasta fines de 2024 se hacía el pago directamente a las cooperativas, que repartían luego el dinero a más de 2.000 recuperadores. A partir de 2025, se bancarizó a todos los trabajadores del sistema y los pagos comenzaron a hacerse a través del Banco Ciudad en forma directa para evitar los intermediarios.

Esa modificación, puntualizaron, garantiza mayor control y trazabilidad y fortalece la transparencia en el uso de los recursos, además de asegurar que cada trabajador cobre exactamente por el trabajo que realiza.

Por otro lado, destacaron que se implementó un sistema de control de asistencia mediante dispositivos biométricos para asegurar “que los pagos lleguen exclusivamente a quienes cumplen efectivamente sus tareas” y que, a partir de esa medida, sólo en el primer mes aumentaron un 45% los descuentos por ausencias injustificadas.

El pago del viaje de los cartoneros tiene un primer antecedente en el Tren Blanco, una formación del Ferrocarril Sarmiento que nació con la crisis de 2001 e iba de Once a Moreno, ida y vuelta, con el objetivo de trasladar a los recuperadores que viajaban entre el conurbano y la Ciudad.

En 2007 se llevó a cabo un registro masivo de recuperadores urbanos, a quienes se les entregaron credenciales identificatorias. Ese paso marcó el inicio del proceso de formalización de lo que luego sería una contratación pública. Poco después, el Gobierno nacional dejó el tren fuera de servicio.

Tras ese cierre, algunas cooperativas lograron negociar el financiamiento en los viajes a la Ciudad, pero otras no accedieron a ese beneficio. Desde el Gobierno porteño enfatizaron que eso generó una situación desigual dentro del mismo sistema, ya que no todas las cooperativas que cumplen el mismo rol recibían el mismo acompañamiento.

Además, resaltaron que el sistema no sólo resulta injusto para los recuperadores, sino también lo es para otros trabajadores que día a día viajan desde la provincia.