el Gobierno impulsa una reforma profunda de la Ley de Salud Mental

La iniciativa también introduce cambios en la Ley Nº 26.827, que regula el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, y busca dar más herramientas al sistema de salud para intervenir en situaciones de riesgo.

El proyecto se conoció este sábado e ingresa por el Senado acompañada por el Mensaje Nº 108/2026 y propone una reconfiguración del enfoque legal vigente, especialmente en lo referido a internaciones involuntarias, rol de los profesionales médicos y abordaje de las adicciones.

Cambia el criterio para internar sin consentimiento

Uno de los puntos centrales de la reforma es la modificación del criterio para habilitar internaciones involuntarias.

La ley vigente habla de “riesgo cierto e inminente”, pero el nuevo texto propone reemplazarlo por el concepto de “situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”.

Según los fundamentos del proyecto, el objetivo es evitar interpretaciones restrictivas y permitir una actuación más rápida frente a cuadros complejos.

Además, se incorpora un nuevo criterio de evaluación que no se limita al estado de la persona al momento de la consulta, sino que permite considerar antecedentes, conductas previas y la posible evolución del cuadro.

Más peso para los psiquiatras

La reforma también fortalece el rol de la psiquiatría dentro del sistema de salud mental.

El proyecto establece que todos los equipos interdisciplinarios deberán incluir obligatoriamente a un médico psiquiatra, tanto en las evaluaciones de internación como en otras instancias de tratamiento.

Incluso, en situaciones excepcionales, un solo médico podrá ordenar una internación involuntaria si no hubiera otro profesional disponible. Esa decisión deberá ser revisada por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas.

El control judicial también cambia. Los jueces deberán ser notificados en un plazo máximo de 24 horas y tendrán tres días para autorizar, pedir más información o rechazar la internación.

Adicciones y hospitales especializados

Otro de los ejes de la iniciativa es el tratamiento de las adicciones.

El proyecto reafirma que el consumo problemático de sustancias debe ser abordado dentro del sistema de salud mental y habilita a la autoridad de aplicación a crear dispositivos específicos, tanto ambulatorios como de internación.

Además, se incorpora formalmente a hospitales psiquiátricos especializados y clínicas privadas a la red de atención en salud mental.

La propuesta también señala que rechazar pacientes por tratarse de cuadros de salud mental o adicciones podrá ser considerado un acto discriminatorio.

Cambios en el Código Civil

La reforma alcanza además a los artículos 41, 42 y 59 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Los nuevos textos incorporan el estándar de “riesgo grave de daño” para justificar internaciones sin consentimiento y regulan el traslado urgente de personas por parte de la autoridad pública.

También se actualizan las reglas sobre consentimiento informado en contextos de urgencia médica.

El proyecto comenzará ahora su tratamiento en el Senado y abre una discusión sobre el equilibrio entre la autonomía de las personas, el rol del Estado y la capacidad de intervención frente a situaciones críticas de salud mental.