El fiscal pidió el historial de operaciones de criptomonedas en Argentina desde el 2012 para investigar la coartada de Manuel Adorni

El fiscal federal, Gerardo Pollicita, firmó este miércoles una batería de nuevas medidas a través de las cuales busca desentrañar si el relato de Manuel Adorni sobre la tenencia de bitcoins como principal justificativo del incremento patrimonial obtenido, se condice con los datos financieros oficiales. Por ese motivo, solicitó a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la elaboración de un marco histórico sobre el mercado de activos virtuales en Argentina.

Una de las grandes dudas que abrió la declaración jurada correspondiente al período fiscal 2025, y a la documentación ratificado, es si la tenencia de bitcoins es una coartada para justificar un patrimonio de 944 millones de pesos.

Los nuevos interrogantes en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, la fiscalía firmó medidas concentradas en los criptoactivos.

Originalmente, Adorni declaró para el período fiscal 2024 un patrimonio en el país y en el exterior equivalente a apenas unos US$ 24.000, calculados al tipo de cambio oficial de esa fecha. Sin embargo, el Jefe de Gabinete presentó una rectificación formal de sus bienes ante el fisco donde admitió que en realidad poseía US$ 513.000.

Para sostener de dónde salió ese medio millón de dólares, Adorni argumentó que US$ 300.000 fueron ganancias netas obtenidas mediante inversiones en Bitcoins y otras criptomonedas entre los años 2013 y 2018, apalancadas por sus 25 años de trayectoria en el sector privado.

Al haberse realizado estas supuestas operaciones hace tantos años, se ejecutaron en plataformas y monederos virtuales que no reportaban información ni registraban datos bajo las normativas de control fiscal vigentes hoy en la República Argentina.

Por ello la fiscalía de Pollicita requirió a la Comisión Nacional de Valores,que, en un plazo de 72 horas, informe lo siguiente:

​-Listado de plataformas y servicios: Debe detallar qué personas jurídicas, sociedades, plataformas, exchanges, billeteras, custodios, intermediarios o servicios de compraventa de activos virtuales que “operaron en el país o dirigieron sus servicios al mercado argentino entre 2012 y la actualidad”.

Esta lista aclaró el representante del Ministerio Público Fiscal, debe estar separada año por año, indicando la razón social de cada entidad, su denominación comercial, su estado actual y la fuente de donde se obtuvo la información (antecedentes regulatorios, informes internos, bases públicas, etc.).

Además, se solicitó un detalle respecto al marco regulatorio. Pollicita ordenó que el organismo debe acompañar la normativa vigente y los antecedentes regulatorios aplicables a este sector.

En lo que concierne a dichos registros, el fiscal solicitó expresamente que la CNV aclare si existía un registro formal de prestadores durante todo el período solicitado o si la información histórica debe ser reconstruida a partir de fuentes institucionales o públicas alternativas.

​El objetivo de esta medida indicaron fuentes judiciales a Clarín, es obtener el “contexto técnico y regulatorio necesario para analizar las operaciones con criptoactivos atribuidas a los investigados”.

Hay al menos dos números que ya fueron borrados por Manuel Adorni pero que habían sido declarados con él en la declaración jurada que obliga a decir verdad y sobre todo, en su rol de funcionario público. En 2023 su patrimonio era de 61.018.251 pesos, y el de 2024 se declaró en 107.894.811. Ya no figuran ninguna de las dos cifras en los documentos registrados ante la OA.

Producto de la rectificación, ahora la base de la que se parte en la última declaración jurada -algo denominado como “bienes al inicio del período”- es de 622.646.891,98 pesos. Así, el patrimonio que corresponde al período fiscal que concluyó el 31 de diciembre de 2025 arroja un número final de 944.575.052 pesos.

¿Cómo llegó a esa cifra? Con los bitcoins en los que dijo haber invertido junto a su esposa, Bettina Angeletti, los años previos a la función pública: 2014-2018. Al respecto hay tres dudas concretas para la justicia.

El Jefe de Gabinete dijo que invirtió en esas criptomonedas 200.000 dólares. Allí se impone, para los investigadores, el primer interrogante: ¿Cómo se hizo de las divisas?. Este punto no sólo no está explicado, sino que no figura ese movimiento -por el momento-, “en ningún lado, y es una trazabilidad que debe detallar, no alcanza con declarar y volcar un número en la declaración jurada, sino sustentar su origen lícito”, indicó una fuente judicial a Clarín.

La segunda de las intrigas que se desprenden de este ítem que figura en su declaración jurada de 2024, en el sector especificado como “bienes al inicio del período”, es la cifra de 513.000 dólares. Consigna que es resultado de “la venta de activos”, es decir, como declaró mediáticamente, de la venta de aquellos bitcoins. “Nada asegura, hasta ahora, que haya sido el titular real de esa criptomoneda porque no hay documentación respaldatoria”, especificó otra fuente allegada al caso.

Este punto podría ser subsanada, reflexionan en Comodoro Py, si en la declaración de carácter reservado vuelva esa información. “Hasta el momento no hay información dura que asegure que haya sido el titular de esa bitcoins como así tampoco, el detalle y documentación que explique de qué bitcoins se trata”.

A esas dudas se suma una tercera: “Los números declarados no especifican la cantidad de bitcoins o si se trata de su equivalente en dólares”, ampliaron a Clarín fuentes judiciales. Hay en este aspecto, un dato que no es menor: la cuenta que hacen en Comodoro Py arroja una cifra muy superior a 513.000 dólares si se tiene en cuenta la cantidad de criptomonedas declaradas. “La cuenta da en millones de dólares, no en medio millón”, plantearon.