El fiscal electoral rechaza volver a imprimir las boletas con la foto de Santilli, pero falta la decisión final

El fiscal federal con competencia electoral, Ramiro González, dictaminó en línea con la Junta Electoral Nacional Distrito Buenos Aires: las boletas únicas para las elecciones en suelo bonaerense no deben reimprimirse. Será ahora la Cámara Nacional Electoral, que ya avaló que Diego Santilli encabece la lista de La Libertad Avanza, la que tendrá la palabra final sobre este debate.

En la provincia de Buenos Aires irán a las urnas el 26 de octubre cerca de 14 millones de electores. Se habilitaron para tal fin, 40 mil lugares que son los que en diez días deben empezar a recibir las boletas únicas compartida por quince fuerzas políticas.

Con una logística compleja por la cantidad de personas que figuran en el padrón bonaerense, la Junta Electoral Nacional de Buenos Aires, consideró que no correspondía hacer lugar al pedido de La Libertad Avanza: destinar 12.169.655.000 pesos para la reimpresión a dos semanas de celebrarse los comicios.

En su presentación el fiscal analizó los informes del Correo, la Dirección Nacional Electoral y de los funcionarios a cargo del control que verifican fallas de impresión, numeración, encuadernado o corte y la preparación previa para su entrega al Correo Argentino -escaneo, encintado, control final y preparación de bolsines-.

Su conclusión fue que no se cuenta con el tiempo necesario como para imprimir y distribuir lo que sería el nuevo instrumento de votación. “Hacer lugar al pedido era fácticamente imposible y se pondría en riesgo la elección en sí misma”.

“Si mis cálculos son correctos, la reimpresión de la Boleta Única Papel para el distrito, traslada el conflicto o la posibilidad de confusión propia de la oferta electoral de una agrupación, al riesgo de realización conforme a la ley del acto electoral mismo”, sostuvo el fiscal Ramiro González en el dictamen al que accedió Clarín.

El respeto por las pautas, regales y plazos electorales fue uno de los aspectos iniciales del dictamen del fiscal.

Sobre ese considerando, se expresó de acuerdo a los informes electorales, el día 11 de octubre era la “última fecha para enviar el archivo a las imprentas y comenzar los simultáneos procesos que terminan el 26 de octubre”.

Además, recordó que como recién este sábado la Cámara Nacional Electoral respaldó que Diego Santilli encabece la lista, “la Junta Electoral no cuenta con la foto que remplazaría a la actual que permitiría hacer la prueba de impresión y aprobación del modelo final de la BUP con el procedimiento de audiencias de control previsto en la ley”.

Según el representante del Ministerio Público Fiscal, ordenar una nueva impresión de los talonarios de boletas sería, “cuanto menos, inoficioso e ineficaz aun en el marco de las previsiones de los recurrentes”.

Al ponderar los plazos que el Código Electoral contempla para la etapa de aprobación, impresión, control final y distribución de las boletas que se utilizarán el 26 de octubre, el fiscal Ramiro González recordó el compromiso del Ministerio Público Fiscal y de la Cámara Nacional Electoral para garantizar un correcto desarrollo de los comicios.

Se trata -dice el dictamen- de “garantizar elecciones informadas y libres de confusiones ideológicas, materiales, aun las que surjan de la literalidad y que pudieran poner en cuestión la genuina expresión de la voluntad popular”.

Para sustentar dicho criterio, la fiscalía ejemplificó con decenas de casos respecto a modificaciones al nombre de Alianzas, discusiones alrededor de los colores similares de las agrupaciones en las Boletas Únicas, “muchos se refieren a planteos de LLA para preservar su color violeta y sobre probables confusiones por la ubicación de las listas o la denominación abreviada de una Alianza”.

Todo ese proceso demanda plazos estipulados por la ley electoral que ya concluyeron. Por eso el fiscal los recordó a lo largo de su dictamen.

“El empeño de los actores del fuero electoral en el análisis y decisión de supuestos que, en tiempo oportuno, permitieron dirimir planteos de fuerzas políticas de todos los nombres y colores, siempre teniendo como norte un aporte al voto libre, informado y exento de confusiones, particularmente, frente a un instrumento de votación completamente novedoso para las elecciones nacionales”, dijo el fiscal González.

Otro aspecto bajo estudio fue el tiempo que demanda la logística electoral. Al respecto, el fiscal González añadió que a dos semanas de los comicios, “retrotraer el avanzado cronograma electoral a instancias, técnicamente precluidas con el objeto de evitar una probable confusión en la oferta electoral de una agrupación, ya es muy complejo de abordar. Pero cuando lo que se pone en riesgo es ya directamente la elección misma, la conclusión es forzosa”.

Por eso destacó como sustancial el informe de los funcionarios de la Secretaría Electoral que, además, “transitan en el día a día el terreno y las peripecias que implica semejante empresa, fácticamente imposible”.

Un concepto central vertido en el dicramen es el de “imposibilidad fáctica” de reimpresión de boletas. Es bajo esa misma línea, que la fiscalía destacó la validez de un instrumento como la boleta única. La premura de cara al 26 de octubre es uno de los pilares del rechazo del fiscal electoral a la hora de rechazar la reimpresión.

Al finalizar el dictamen sostuvo: “Resulta imposible, fundamentalmente, en términos facticos cumplir con el procedimiento de ley -oficializar un nuevo modelo de boleta, exhibirlo en audiencia, aprobarla, reimprimirla; controlar, preparar y distribuir los casi cuarenta mil talonarios- y, al mismo tiempo, garantizar el legítimo pronunciamiento del pueblo a través de su cuerpo electoral el 26 de octubre”.

El debate se aceleró luego de que la semana pasada José Luis Espert renunciara a encabezar la lista de LLA, luego de que se comprobara que había recibido cientos de miles de dólares en 2019 (cuando se postulaba para Presidente) de un empresario acusado de tener vínculos con el narcotráfico.

Entonces, el Gobierno pidió que Santilli fuera su reemplazante, pero en una primera instancia, el juez con competencia electoral Alejo Ramos Padilla dictaminó que a Espert debía sustituirlo al exmodelo Karen Reichardt, segunda en la boleta. Finalmente, este fin de semana la CNE falló a favor del oficialismo y reabrió el debate sobre la reimpresión. La duda central: ¿dan los tiempos?

Para la Rosada es clave sacar al cuestionado Espert del cuarto oscuro. La oposición, en una clásica puja de intereses opuestos, quiere lo contrario.

El Ministerio del Interior de la Nación, a cargo de Lisandro Catalán, responsable de la impresión de las boletas y su correspondiente distribución en tiempo y forma, presentó ante la Junta Electoral integrada por los jueces Alejo Ramos Padilla, Jorge Di Lorenzo y la magistrada Hilda Kogan, un cronograma para volver a ingresar a imprenta y garantizar el envío a los 40 mil puestos habilitados para las elecciones.

La Junta Electoral basó su rechazo al pedido de LLA en primer término, en la ida de “preservar la estabilidad del calendario electoral, la inmutabilidad de la oferta electoral ya oficializada y la realización del comicio en tiempo y forma, garantizando así el pleno ejercicio del derecho al sufragio en condiciones de igualdad, transparencia y certeza”.

Después, hizo referencia a que más allá de la “imposibilidad material y temporal demostrada en los considerandos precedentes, el pedido formulado, resulta también jurídicamente improcedente, en tanto contradice el régimen de plazos, etapas y competencias establecido por el Código Electoral Nacional”.

Básicamente, los jueces Ramos Padilla, Di Lorenzo y la presidenta de la Corte bonaerense, señalaron que los plazos que rigen los procesos electorales respecto a la aprobación de los modelos de boleta, su envío a imprenta, entrega, control y distribución, son “perentorios y de orden público, y su cumplimiento no puede quedar librado a la voluntad de las partes ni de las autoridades administrativas”.

Junto a estos lineamientos, hubo un planteo centrado en lo económico: habilitar la aplicación de una partida de más de 12.100 millones de pesos, no se justifica y generaría que otras fuerzas políticas puedan incurrir en el mismo pedido generando un gasto no previsto a las arcas públicas.

Al analizar estos aspectos, el fiscal federal Ramiro González, entendió que asiste razón a la Junta Electoral y rechazó que La Libertad Avanza reimprima las boletas con la imagen de Diego Santilli ya avalado como cabeza de lista. Ahora define la Cámara.