El Estado empresario y la privatización de sus sociedades

Valeria Mendoza – Jujuy Digital SAPEM

El caso de JEMSE, la empresa estatal que hoy preside Exequiel Lello Ivacevich, merece un capítulo de análisis específico. No solo por su dimensión institucional, sino también por el alcance de las actividades en las que interviene. A diferencia de otras sociedades provinciales, JEMSE participa en dos sectores estratégicos y de enorme escala económica —la minería y la energía— donde la interacción con empresas privadas es permanente y donde las decisiones del Estado tienen un impacto directo sobre el desarrollo del entramado productivo local.

En ese contexto, resulta imprescindible analizar con mayor profundidad el modo en que esta empresa celebra sus contratos, especialmente en lo que respecta a la selección de proveedores y contratistas. Un aspecto central del debate es determinar hasta qué punto las compras directas y licitaciones que impulsa JEMSE generan oportunidades reales para las empresas jujeñas o si, por el contrario, terminan beneficiando mayoritariamente a proveedores provenientes de otras provincias.

Exequiel Lello Ivacevich – JEMSE

La pregunta de fondo es simple pero clave para la economía local: ¿existe una política efectiva que priorice o incentive la participación de proveedores jujeños en los proyectos vinculados a la minería y la energía, o el volumen de contratos termina concentrándose fuera de la provincia? Analizar esta dinámica resulta fundamental para comprender si los grandes proyectos que se desarrollan en Jujuy están logrando generar un verdadero derrame económico en el tejido empresarial local o si buena parte de ese movimiento económico termina trasladándose hacia otros mercados.

El argumento oficial para avanzar en este esquema de privatizaciones se inscribe en la necesidad de adaptar el funcionamiento del Estado provincial al nuevo contexto económico y regulatorio surgido tras el DNU 70/23 del gobierno nacional, que impulsa una mayor participación del sector privado en la economía y promueve una reducción del Estado empresario.

Sin embargo, más allá de la discusión coyuntural sobre privatizaciones, el verdadero debate que se abre en Jujuy es más profundo: el modelo económico que la provincia ha construido durante los últimos años, caracterizado por una fuerte expansión del Estado como actor empresarial.

Durante la última década, el gobierno provincial impulsó la creación de múltiples sociedades estatales o con participación estatal bajo distintos formatos jurídicos: sociedades del Estado, SAPEM o empresas mixtas. La lógica detrás de este esquema fue que el Estado debía asumir un rol activo en sectores considerados estratégicos para el desarrollo provincial.

En teoría, ese modelo buscaba dinamizar la economía local, generar inversiones y promover nuevas actividades productivas. En la práctica, sin embargo, el resultado ha sido más discutible.

En una provincia con una economía relativamente pequeña, con un mercado interno limitado y con fuerte dependencia del empleo público, la expansión del Estado empresario plantea interrogantes inevitables. Cada nueva empresa estatal no solo implica mayor estructura administrativa, mayores costos operativos y mayores compromisos financieros, sino que también modifica las reglas de juego para el sector privado.

Cuando el Estado pasa de ser regulador a convertirse en competidor directo dentro de un mercado, la relación con las empresas privadas inevitablemente se vuelve más compleja.

El problema no es únicamente ideológico. Es estructural.

El Estado dispone de herramientas que ningún actor privado tiene: acceso a financiamiento público, respaldo presupuestario, capacidad de modificar regulaciones y, en algunos casos, acceso preferencial a programas de financiamiento nacional o internacional. Cuando esa misma estructura estatal participa en mercados comerciales, el riesgo de distorsiones competitivas es evidente.

En ese contexto, el caso de la empresa SAPEM Jujuy Digital se vuelve particularmente ilustrativo. Esta empresa, creada hace más de una década, a diferencia de otras sociedades estatales, no fue incluida dentro de las facultades de privatización previstas en la Ley 6.468.

La decisión resulta llamativa por varias razones.

En primer lugar, el sector de las telecomunicaciones en la provincia ya cuenta con múltiples operadores privados con capacidad técnica y financiera para desarrollar redes, prestar servicios y realizar inversiones. No se trata de un mercado desierto ni de una actividad donde el Estado deba intervenir por ausencia de actores privados.

En segundo lugar, el contrato social de la empresa no establece con claridad una función pública específica que justifique la presencia del Estado como actor empresarial. No se trata, por ejemplo, de una empresa diseñada exclusivamente para llevar conectividad a zonas rurales o de baja rentabilidad donde el sector privado no llega.

Por el contrario, su objeto social habilita al Estado provincial a realizar actividades comerciales dentro del mercado de telecomunicaciones, un sector que en todo el país funciona principalmente bajo lógica privada.

Esta situación ha generado cuestionamientos por parte de algunos actores del sector tecnológico y de telecomunicaciones, que señalan que la empresa estatal no ha funcionado como un articulador del sistema ni como un proveedor mayorista que facilite el desarrollo del ecosistema digital provincial.

Por el contrario, en distintos proyectos la empresa estatal habría actuado como operador directo, ocupando el lugar que podrían haber tenido empresas privadas locales.

El punto más sensible aparece cuando se analiza el origen de los recursos utilizados para el desarrollo de infraestructura. Diversos programas de conectividad financiados por organismos nacionales —particularmente a través del ENACOM— han otorgado aportes no reintegrables para el despliegue de redes y proyectos digitales.

Cuando una empresa estatal participa de ese esquema y al mismo tiempo compite dentro del mercado comercial, surge inevitablemente la discusión sobre las condiciones de competencia y el impacto que eso puede tener sobre los operadores privados.

A esto se suma otro elemento que suele aparecer en el debate sobre las SAPEM: el marco jurídico bajo el cual funcionan.

Al tratarse de sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, su funcionamiento se rige principalmente por el derecho privado y por la Ley de Sociedades Comerciales. Esto les otorga mayor flexibilidad administrativa, pero también las ubica en una zona gris en materia de controles institucionales.

A diferencia de los organismos tradicionales del Estado, muchas de estas sociedades no están sometidas con la misma intensidad a los controles presupuestarios, administrativos y legislativos que regulan el manejo de fondos públicos.

Esa combinación —recursos estatales, funcionamiento bajo normas privadas y participación en mercados comerciales— suele generar sospechas o cuestionamientos sobre la transparencia en la gestión y sobre la verdadera finalidad de estas estructuras.

El debate sobre el Estado empresario en Jujuy no puede reducirse únicamente a la discusión sobre privatizaciones.

La pregunta central es otra: si el Estado provincial está utilizando estas sociedades como herramientas para promover el desarrollo económico o si, por el contrario, ha terminado ampliando su presencia empresarial sin una estrategia clara de resultados.

En una economía provincial con fuerte dependencia del empleo público, donde uno de los grandes desafíos es precisamente fortalecer el sector privado y generar más actividad económica fuera del Estado, la proliferación de empresas estatales plantea una paradoja evidente.

Cada nueva empresa pública puede significar más estructura estatal, más gasto y más intervención directa en la economía, en lugar de generar condiciones para que el sector privado crezca y genere empleo.

Por eso el debate que hoy se abre con la Ley 6.468 no debería limitarse a qué empresas se venden y cuáles no.

La discusión de fondo es si el modelo de desarrollo de la provincia seguirá apoyándose en la expansión del Estado empresario o si, por el contrario, comenzará a transitar hacia un esquema donde el Estado cumpla un rol más claro como regulador, facilitador de inversiones y promotor del crecimiento del sector privado.

En ese debate, el caso de la SAPEM Jujuy Digital se convierte en un ejemplo particularmente significativo. No solo por su actividad en un sector dinámico como el de las telecomunicaciones, sino porque refleja con claridad las tensiones que genera un modelo donde el Estado decide participar activamente en mercados donde ya existen actores privados capaces de hacerlo. Otro claro ejemplo es JEMSE que opera en un rubro de alta influencia en la economía Provincial.

Más que casos aislados, la experiencia de estas empresas resumen una discusión mucho más amplia: hasta dónde debe llegar el Estado cuando decide transformarse en empresario dentro de su propia economía.