El comisario y la casita, de Mendoza a Moreno: las dos caras del crimen Sebastián Bordón, 29 años después

Sebastián Bordón tenía 18 años y estaba de viaje de egresados con su curso de la Escuela Media 13 de Moreno, en el paraje de El Nihuil, en San Rafael, Mendoza. Faltaban pocos días para las elecciones legislativas del 26 de octubre de 1997 -las que le darían a la Alianza su primera gran victoria sobre el menemismo- cuando, el 2 de octubre, después de un incidente con un cabo del destacamento policial local al que había golpeado tras una discusión, Sebastián escapó corriendo.

Tres policías salieron a buscarlos a bordo de un móvil de la comisaría 38. Lo encontraron, lo golpearon brutalmente y, por orden telefónica de su jefe, el comisario Hugo Trentini, lo escondieron “para que no lo viera su padre”. El joven, sin asistencia médica, agonizó durante días y murió de hambre y sed.

Mientras tanto, la propia Policía instaló versiones falsas para desviar la búsqueda: que se había fugado, que estaba vinculado al narcotráfico, incluso una parapsicóloga, Amanda Ledesma, aportó una pista inventada sobre su paradero.

El caso generó tanta conmoción que el intendente de Moreno viajó con helicópteros para sumarse a los rastrillajes, y la familia Bordón se instaló en Mendoza durante el desarrollo de la búsqueda.

Finalmente, el cuerpo de Sebastián apareció el 12 de octubre -el mismo día en que él cumplía 19 años- en un barranco del Cañón del Atuel que ya había sido rastrillado sin resultados.

El juicio oral por el caso se llevó a cabo en el 2000 y en su momento fue el debate más largo de la historia judicial de San Rafael, con casi 200 testigos. La Cámara del Crimen determinó que no hubo ni fuga ni accidente: Trentini fue condenado a 15 años por homicidio, el oficial Daniel Gómez a 12, y los agentes Roberto Gualpa y Abelardo Cubillos a 10, todos por lesiones graves y abandono de persona seguido de muerte. Mientras que el cabo Esteban Merelo y la parapsicóloga Ledesma recibieron penas menores por encubrimiento.

En aquel debate, el comisario se mantuvo en una firme postura de negar los hechos e, incluso, en una de las audiencias, durante un cuarto intermedio le dijo a su esposa: “Mienten, mienten, mienten”, en referencia a las acusaciones en su contra.

Lo cierto es que Trentini fue hallado culpable y el caso terminó desencadenando una reforma estructural de la Policía mendocina y, con los años, la creación de un Ministerio de Seguridad con conducción civil, pensado justamente para evitar que la fuerza volviera a manejar una investigación sobre sí misma.

Pero esa promesa de cambio duró poco. El 25 de marzo de 2000 -con el juicio por Bordón todavía fresco en la memoria colectiva- desaparecieron José Segundo Zambrano (27), informante de la Policía de Mendoza, y su amigo Pablo Rodríguez (25), empleado de una farmacia.

Sus cuerpos aparecieron recién el 3 de julio de ese año, semienterrados en el piedemonte de Godoy Cruz, con signos de haber sido ejecutados a balazos tras permanecer casi dos semanas privados ilegalmente de su libertad.

Otra vez se repitió el patrón: versiones contradictorias, estigmatización de las víctimas y hasta la detención ilegal de la madre de Zambrano, que denunciaba la desaparición de su hijo.

En 2004, los policías acusados fueron absueltos por irregularidades en la investigación judicial y el caso quedó impune durante más de dos décadas, hasta que este año la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a la Argentina por la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de Zambrano y Rodríguez, con responsabilidad directa de la Policía de Mendoza.

Todos los condenados por la muerte de Bordón recuperaron la libertad condicional entre 2005 y 2007, Trentini fue el último. Pero mientras cumplía esa sentencia surgió otra faceta del comisario: durante la última dictadura militar se había desempeñado como oficial en la Comisaría 32 de San Rafael, uno de los centros donde se torturó y se hizo desaparecer gente.

En 2017, el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 2 de Mendoza lo condenó a prisión perpetua por homicidios agravados, privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos y asociación ilícita en perjuicio de varias víctimas del terrorismo de Estado.

En agosto de 2025, el juez federal Héctor Cortés le negó la libertad condicional a Trentini, entonces de 74 años, tras estudiar informes de peritos oficiales que desaconsejaban concederla. Pero a fines de ese año, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal revirtió esa decisión.

Finalmente, el 22 de abril de 2026, el TOF N°2 mendocino hizo efectiva esa libertad, con condiciones: fijar domicilio, no ausentarse de la jurisdicción e informar cualquier cambio en su situación personal. Un detalle no menor: para el cómputo del tiempo mínimo de encierro exigido, se unificaron sus condenas -incluida la del caso Bordón-, lo que le permitió alcanzar el límite legal en menos de una década desde el veredicto de 2017, pese a la gravedad de los delitos de lesa humanidad.

Además, desde mayo de 2019 ya cumplía la pena bajo arresto domiciliario, no en una cárcel común, lo que fue cuestionado por distintas organizaciones por los derechos humanos.

Del otro lado de esta historia está Miriam Medina, la madre de Sebastián, que desde 2002 sostiene en Moreno un espacio llamado “La Casita de Sebastián”, donde asiste a otras personas y familias y también funciona como jardín de infantes y materno infantil.

“Transformamos el dolor en vida”, suele decir la mujer, que reside en la misma casa de siempre, a tan solo 100 metros de este nuevo hogar.

Cada 12 de octubre, Medina encabeza en San Rafael y en El Nihuil actos de memoria junto a otros familiares de víctimas de la violencia institucional.

De hecho, en 2021, en el lugar donde se encontró el cuerpo se realizó una señalización con la imagen de Sebastián y una breve descripción hecho.

Para ella, la condena de Trentini por delitos de lesa humanidad en 2017 no fue una sorpresa, sino una confirmación tardía de algo que siempre sostuvo: que esa noche de 1997 su hijo había estado en manos de alguien mucho más peligroso de lo que entonces se sabía.

Con la libertad condicional otorgada este año, esa herida que Medina daba por cerrada volvió a abrirse, casi tres décadas después de aquel viaje de egresados que terminó como nunca debió haberlo hecho.