Dura denuncia contra un juez: lo acusan de armar un asociación ilícita para quedarse con terrenos y enfrentará un juicio político

El juez del fuero Civil y Comercial del departamento judicial Tandil Francisco Augusto Blanc fue denunciado penalmente por prevaricato y asociación ilícita en un expediente donde lo acusan de manipular pruebas y expedientes judiciales, ignorar hechos y dictar sentencias en contra de la ley para quedarse con terrenos en medio de una trama de corrupción.

La denuncia fue presentada el miércoles 10 de diciembre ante el fiscal especial en lo Penal, José Ignacio Calonje, por los abogados Juan Martín Pedro Burns, Gastón Giove y Jorge Heter en el marco de un proceso que ya tiene abierto Blanc y otro magistrado del mismo fuero, Juan Martín Zárate, por el armado de causas judiciales para quedarse con propiedades y terrenos. Ambos magistrados intervinieron de manera irregular para perjudicar a los herederos de de Ángel María Valente Noailles. En juego habían unos 250 lotes ubicados en Tandil en un área turística con potencial para ser explotada.

El fiscal Calonje es quien investiga el caso y en el marco de ese expediente contra los jueces ya ordenó allanamientos en oficinas de la Justicia, en estudios jurídicos y en varios domicilios.

Blanc y Zárate, los jueces apuntados, además enfrentan un proceso de juicio político para ser destituidos de sus cargos por las irregularidades que cometieron. El tribunal de ese juicio político ya fue conformado y está integrado por la jueza de la Corte Suprema bonaerense Hilda Kogan. Hace quince días, en el medio de ese proceso, Zárate fue suspendido por orden de la Corte Suprema de la Provincia de manera preventiva por 90 días mientras avanza la causa y el proceso de juicio político.

En la nueva denuncia que presentaron contra el juez Blanc sostienen que el magistrado encabezó “una asociación ilícita para la apropiación de propiedades” con un grupo de personas con las que tenía vinculación. Según la denuncia se trata de Esteban y Silvia Fernández y de Aldo y Marcelo Cifuentes, entre otros.

Según la denuncia Andrés Fernández era quien presuntamente se encargada de “usurpar violentamente loas propiedades para luego iniciar juicios fraudulentos”. Tras esa intrusiones, el escribano Marcelo Cifuentes y los abogados Aldo Cifuentes y Silvia Fernández se encargaban de fabricar documentos y de certificar actos falsos.

Tras esa maniobra llegaba el rol de juez Blanc quien “manipula expedientes, ignora pruebas de delitos y dicta sentencias prevaricadoras”, se lee en la denuncia. “El juez iniciaba un juicio de usucapión. Ignoraba las pruebas de los verdaderos dueños, omite los delitos que surgen de las audiencias (como un soborno) y falla a favor de los usurpadores basándose en pruebas fabricadas en expedientes reconstruidos irregularmente”.

En la denuncia, los abogados le piden al fiscal que lleve delante una serie de medidas para probar las maniobras y vínculos entre el juez y los otros integrantes de la presunta asociación ilícita. Solicitan el registro del estudio jurídico de los escribanos y abogados Cifuentes y Fernández, que se allanen los domicilios de los involucrados para secuestrar dispositivos y documentación y que se haga un entrecruzamiento de las llamadas entre todos los involucrados, entre otras medidas.