D`Onofrio rechazó los cargos ante el fiscal que lo investiga por presuntas coimas en la concesión de las licencias para hacer la VTV en Buenos Aires

El ex ministro de Transporte, Jorge D`Onofrio, rechazó las acusaciones que lo involucran en presuntas maniobras ilegales en la concesión del servicio de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires. El ex funcionario de Axel Kicillof presentó un escrito en la fiscalía que también investiga otro supuesto hecho de corrupción: la red de abogados y funcionarios que cobraban a cambio de dar de baja parte o la totalidad de los montos de las fotomultas que se captaban en las rutas bonaerenses.

El dirigente que llegó al cargo por un acuerdo del gobernador con Sergio Massa, negó todas las imputaciones: a través de un documento de 25 carillas aceptado como parte de la declaración indagatoria, argumentó que el proceso de licitación para ofrecer el servicio de la VTV en todo el territorio “fue legal, público e internacional, contando con la intervención favorable de organismos de control y asesoría”.

En la presentación que hace bajo el patrocinio de los letrados Ramiro e Isidro Pérez Duhalde, refutó los indicios de irregularidad planteados por Garganta en la selección de las empresas adjudicatarias. El fiscal sostuvo que D`Onofrio “direccionó” las licitaciones para favorecer a ocho empresas que se hicieron cargo de los talleres verificadores en concesiones que adjudicaron en 2024.

Por esas fosas y revisiones deben pasar más de 4 millones de vehículos radicados en Buenos Aires y que abonan por lo menos $ 79.640 (el costo por un auto de uso particular de menos de 2.500 kilos) por cada service.

El funcionario que tuvo que dejar el ministerio en diciembre del año pasado, después de conocidas estas denuncias, también justificó la contratación de la empresa Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A., para hacerse cargo de la “turnera” online y el sistema de cobro on line. Sostuvo que fue “la opción menos costosa y necesaria para mejoras tecnológicas del servicio”.

Garganta sospecha que se trató de una empresa “intermediaria” para cobrarle coima a las concesionarias. En el pedido de indagatoria lo explicó así: “Que para ello se ha instrumentado un sistema de retorno de dinero que más tarde llegaría al Ministro de Transporte Bonaerense a través de la empresa Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA a quien las empresas adjudicatarias debían abonarle la suma del 3% (en una primera etapa) y luego el 8,5% (en una segunda etapa) +IVA de los ingresos obtenidos por el servicio de VTV de manera mensual y por el tiempo que dure la concesión del servicio (10 años) a cambio del servicio que la misma prestaría: el otorgar los turnos on line”.

El fiscal consideró que por este dispositivo se desviarían $ 4.900 millones en todo el lapso de la concesión. En los primeros meses de este año, ya con un nuevo ministro -Martín Marinucci, también del Frente Renovador massista- se mantuvo el convenio para pasar la comisión del 3,5% al 8%, según dijeron fuentes del caso a Clarín.

Cada vez que el propietario de un auto saca un lugar para hacer la revisión, desde una página de internet, Soluciones SA se queda con un mínimo de $ 2.500 pesos (por la VTV de un auto) y hasta $ 11.000 (en el caso de transportes que pagan $ 143.000) por entregar el turno a través de una “tiqueadora” virtual instalada por pedido del ministerio.

En su escrito, D`Onofrio justificó la innovación: “Era necesario mejorar y dotar de mayor transparencia a la prestación del servicio de VTV para ello debían implantarse mejoras tecnológicas. Estas mejoras iban a estar a cargo de las empresas prestadoras del servicio que podían decidir la mejor manera de implementarlas. La empresa finalmente seleccionada era la que ofrecía condiciones más ventajosas”, explicó el imputado. Y aclaró: “la gestión de turnos, cobros y trazabilidad del sistema VTV en todo el territorio de la provincia es un software complejo, absolutamente distinto de un sistema básico de turnos para consultorios con el que se pretende comparar en la acusación fiscal”, dice el ex ministro.

También niega tener un vinculo previo con el dueño de esa empresa, Sebastián Decio, como sostiene la imputación del fiscal.

En los próximos días se presentarán (o acercarán documentos por escrito) los 7 empresarios que deben ser indagados por Garganta en este proceso: Martín Hernán Serrano, Germán Rebolo, Leonardo Sclafani, Aitor Reter Aguado, Juan Manuel Funes Bige, Juan Pablo Pesculich y Germán Jorge Neuss. Son los presidentes de las empresas Sistema Integral del Automóvil SA, VTV Sud SA, Carpes All SA, SGS Argentina SA, VTV Norte SA, Applus Iteuve Argentina SA, y VTV Noroeste SA, que recibieron las licencias para hacer las revisiones anuales obligatorias a los vehículos.

Y también está citado Decio, el presunto nexo entre el ex ministro y las empresas. La causa contra el ex funcionario de Kicillof tiene otra vertiente, vinculada, relacionada. También se investiga una supuesta red de abogados que se dedicaban a “reducir” los montos de lo que deben pagar los infractores que son detectados con cinemómetros en las rutas de la provincia. Ahí se sospecha que la maniobra la hacían con la connivencia de jueces Administrativos de Faltas, ubicados en cargos estratégicos por los funcionarios del ministerio

En otra sede judicial, hace un mes el juez Federal de Campana, Adrián González Charvay, lo procesó como presunto responsable del delito de “lavado de activos”. El magistrado ordenó un embargo por $350 millones. La medida incluyó a Facundo Asensio, ex director de Fiscalización y Control de la Dirección Provincial de Verificación Técnica Vehicular, con un embargo de $300 millones. Ambos continuarán en libertad y mantienen la inhibición general de bienes dispuesta en marzo de 2025.