Dirigentes de origen radical piden a la justicia la suspensión del DNU que reformó la Ley de Inteligencia

Ex legisladores y dirigentes de origen radical presentaron este martes un recurso de amparo pidiendo la suspensión del DNU 941/2025 que firmó Javier Milei el último día de diciembre que reforma la Ley de Inteligencia y que otorga más poder a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

La diferencia respecto de las últimas presentaciones está centrada en que este grupo presenta un recurso excepcional del per saltum para reclamar directamente ante la Corte Suprema de Justicia en caso de que el pedido sea rechazado en una primera instancia.

La presentación fue realizada por el ex diputado K Leopoldo Moreau junto al ex ministro Federico Storani, Ricardo Alfonsin, Luis Alberto Caceres, Manuel Garrido, Eduardo Santín y Ricardo Terrile.

La acción de amparo contra el decreto 941/ 2025 que modifica la Ley de Inteligencia, que actualmente está vigente vigente, recayó ante el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick, quien recientemente declaró inconstitucional el protocolo antipiquetes del Gobierno.

Los peticionantes solicitan la habilitación de feria a los efectos del dictado de una medida cautelar urgente dirigida a la suspensión inmediata de la aplicación del decreto.

En la presentación, los dirigentes piden en la medida cautelar “la urgente  suspensión inmediata de la aplicación y efectos de las normas impugnadas, hasta tanto recaiga sentencia definitiva, en resguardo de la tutela judicial efectiva y frente al riesgo cierto de producción de daños de imposible o muy dificultosa reparación ulterior”.

De acuerdo a lo fundamentado por los peticionantes, el DNU habilita tareas de contrainteligencia, recolección de información y su intercambio sin control judicial previo ni delimitación precisa de alcances subjetivos y materiales.

“La sola entrada en vigencia del DNU impugnado produce efectos jurídicos inmediatos, al ampliar de forma automática las facultades de los organismos de inteligencia y habilitar la realización de tareas de contrainteligencia, recolección e intercambio de información sin control judicial previo”, subrayaron en el documento.

El grupo de radicales también dejó planteado que el Gobierno viene avanzando con reformas controvertidas en el área de inteligencia desde el momento que impulsó el decreto que disolvió la Agencia Federal Inteligencia para reestablecer a la SIDE.

En este contexto, los dirigentes dejaron sentado de que “no se está frente a una situación de urgencia objetiva e impostergable” para avanzar en una reforma de la Ley de Inteligencia, “sino ante un proceso de redefinición institucional reiterado e inestable del régimen jurídico del Sistema de Inteligencia Nacional”.

Además dejaron sentado que las reformas dictadas sin debate legislativo ordinario, “pone de manifiesto la falta de previsión, estabilidad y razonabilidad normativa en una materia de alta sensibilidad constitucional, y refuerza la necesidad de que dicho régimen sea objeto de deliberación y decisión por el Congreso de la Nación”.

El DNU que le otorgó más poder a la SIDE, que comanda Cristian Aguadra, que responde al asesor estrella Santiago Caputo, levantó la queja de distintos sectores de la oposición política.

Incluso, este no es el primer amparo presentado contra el DNU de Milei, ya que este lunes los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica, junto con Esteban Paulón, del Partido Socialista, también fueron a la justicia para pedir la impugnación del DNU 941/2025.

El decreto publicado el viernes pasado en el Boletín Oficial también crea el Centro Nacional de Ciberseguridad, una nueva oficina dependiente de la Jefatura de Gabinete de Manuel Adorni .

El organismo deberá “planificar, ejecutar y supervisar políticas, programas y acciones en materia de ciberseguridad destinadas a proteger el ciberespacio de interés nacional, las infraestructuras críticas de información, los activos digitales estratégicos del Estado nacional y los sistemas tecnológicos empleados en la prestación de servicios públicos esenciales y actividades del Sector Público Nacional”.

Dentro de los puntos cuestionados por la oposición también está la decisión de instaurar la Comunidad de Inteligencia Nacional y la Comunidad Informativa Nacional, cuyo fin es compartir información entre la secretaría de inteligencia y otras áreas.

Desde el grupo de dirigentes remarcaron que la medida surgió a partir de la necesidad de promover “un cordón sanitario que defienda la democracia frente a los avances autoritarios”.

“Esta acción es independiente de nuestras actuales pertenencias y tiene que ver con haber sido  protagonistas del pacto democrático que se fue sellando del ’83 en adelante y que hoy se pretende deshacer”, fundamentaron.

Storani advirtió que el DNU del Gobierno es “una aberración” y lo calificó como “inconstitucional”, ya que viola los artículos 18 y 19 de la Constitución de debido proceso y principio de reserva. “Todos somos susceptibles de ser espiados y aún arrestados”, agregó el ex ministro.