Diputados: la oposición avanza para modificar la ley de DNU y condicionar más a Milei

Entre la catarata de temas urticantes para el Gobierno que figuran en la agenda próxima del Congreso, la reforma de la ley de DNU es uno de los puntos que más le preocupa al oficialismo y esta semana la oposición dará un paso clave en Diputados: dictaminarán en comisión el proyecto -que tiene media sanción del Senado- aunque hay bancadas pidiendo cambios.
Obligados por el emplazamiento votado en la última sesión, este martes se reúne el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales (presidida por el libertario Nicolás Mayoraz) y Peticiones, Poderes y Reglamentos (a cargo de Silvia Lospennato del PRO) con el mandato de ya firmar dictamen.
La ley 26.122 fue sancionada en 2006, motorizada por la entonces senadora Cristina Kirchner mientras su marido era el presidente de la Nación. Por esa norma, aún vigente, todo DNU es válido desde el momento de su firma, a menos que las dos cámaras del Congreso lo rechacen.
La modificación ahora en debate, y que ya tiene media sanción del Senado, da vuelta la ecuación: estipula que para quedar aprobado un DNU tiene que tener el aval de ambas Cámaras, por mayoría absoluta de los presentes, y fija para eso un plazo de 90 días. De lo contrario, el DNU cae. A su vez, si una sola cámara lo rechaza, también queda derogado.
En principio están de acuerdo en avanzar con esta modificación las bancadas de Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Izquierda y, paradójicamente, el bloque de Unión por la Patria que enmarca su giro de posición en el hecho de que ahora esté gobernando Javier Milei.
“Cuando se analiza la historia nunca hubo un DNU como el 70 (con más de 300 artículos) ni con tantas materias afectadas por un solo decreto de necesidad y urgencia como por ese”, apuntó en el debate el jefe de bloque de UP, Germán Martínez.
Será clave la postura de la Coalición Cívica y la UCR que tienen posiciones intermedias: están a favor de cambiar la ley pero advierten errores en el texto. De hecho, el año pasado, cuando Diputados trató por primera vez el tema, ya ambos bloques habían presentado dictámenes aparte.
“Es una insensatez que un decreto tenga una exigencia parlamentaria menor que una ley”, reconoció en la última reunión el jefe de la bancada radical Rodrigo De Loredo pero sentenció que aplicar un estándar de “exigencia constitucional, o de rigurosidad legal, de una forma tan selectiva a un espacio político que carece de fortalezas políticas en Diputados y en Senadores” y en otro contexto es “antijurídico” y que tiene “aspectos desestabilizadores”.
Por eso en la UCR son varios los que plantean pedidos de cambios. Algunos incluso creen que se debe aprobar la modificación pero fijar un plazo de aplicación de acá a 180 días (seis meses) o directamente a partir de 2027.
“Así Milei, de mínima, va a haber gobernado tres cuartos de su mandato con la misma herramienta que los presidentes anteriores y también brinda un tiempo para cambiar de estrategia. La Libertad Avanza es constructora de su propia inestabilidad”, explicó un diputado radical que está analizando su postura de acuerdo a cómo queden los dictámenes el martes.
Este punto no es menor porque en el recinto la ley mayoría absoluta: 129 votos afirmativos para quedar aprobada. Si hay cambios, debe volver al Senado.
Legisladores opositores advierten del riesgo de dejar a un Gobierno sin la herramienta antes de la elección de octubre. “Los que vivimos el 2001 y vemos al peronismo envalentonado no nos parece. No era una ley para discutir en campaña electoral”, sentencia una diputada de peso radical.
En el PRO nuevamente hay divisiones. Silvia Lospennato fue clara en la última reunión: “Sin comprarme el republicanismo repentino de los que usaron y abusaron de esta ley durante tantos años y cambian de opinión cuando nos les conviene la norma, yo quiero ser coherente con lo que mi partido a lo largo de 20 años ha sostenido en este Congreso”, aseguró después de recordar que la bancada amarilla presentó más de de una decena de proyectos para cambiar esta ley del kirchnerismo.
Su compañera de bancada, en cambio, pidió “entender los contextos”. Aseguró que le dieron la ley a un gobierno que “tenía la suma del poder público” y se la quieren sacar a “un gobierno distinto, sin estructura política, casi sin partido político, sostenido por un conjunto de diputados”. “No cuenten al bloque del PRO para esto, lo haremos en un momento que no sea electoral. Hagámoslo en el 2027”, planteó.
Fuente: www.clarin.com