Diputados: aunque dividida, la oposición avanza con una interpelación a Guillermo Francos

Aunque con proyectos divididos, la oposición en la Cámara de Diputados acordó avanzar con la interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Hay posturas divididas respecto a avanzar con una moción de censura, que podría concluir con la remoción de su cargo.

Los textos quedaron entonces listos para ser votados, aunque todo indica que no habrá sesión hasta después de las elecciones del 26 de octubre.

En el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento -que se reunió obligado por el emplazamiento votado en la última sesión- se firmaron tres dictámenes.

El de mayoría con 29 firmas de Unión por la Patria y parte de Encuentro Federal plantea de entrada iniciar la moción de censura, proceso que se comienza con una interpelación y luego requiere una votación en el recinto con posibilidad de avanzar después, con la mayoría absoluta de ambas cámaras, en su destitución.

El texto de rechazo, con 19 firmas, se opone de lleno y fue firmado por La Libertad Avanza, parte del PRO y legisladores de la UCR.

Mientras que el tercero, encabezado por el aliado de Juan Schiaretti, el cordobés Juan Brugge, cosechó 7 firmas con acompañamiento de los radicales de Democracia para Siempre. Ellos requieren la interpelación a Francos, para pedirle explicaciones y que entienda “que su actuación es ilegal e inconstitucional y debe ser revertida”.

En ese sentido advierten que “si decide persistir en su acción deberá asumir las consecuencias previstas en la Constitución Nacional”, que es básicamente la moción de censura. Pero la forma en que lo plantean es un tono menor.

“Todo indica que va a quedar en una interpelación”, confían en La Libertad Avanza. Francos ya se mostró receptivo: “Estoy dispuesto a ir al Congreso de la Nación, si me convocan para una interpelación, iré”, dijo semanas atrás.

De hecho, fue el único funcionario que acudió a la interpelación por el caso $LIBRA en el que también habían sido convocados Karina Milei y Luis Caputo, que faltaron.

“La Constitución dice que es el administrador y quien tiene que reasignar partidas pero firmó un decreto en el que dijo que no va a cumplir la ley, por lo tanto, nos toca reclamarle a él”, señaló Oscar Agost Carreño, autor de uno de los proyectos de moción de censura, quien aclaró que si hubieran querido avanzar con la remoción podrían haberlo hecho directamente. En ese sentido aclaró que “si el Congreso pierde confianza tiene la facultad de reemplazarlo”.

Por su parte, Daniel Arroyo, diputado de Unión por la Patria y presidente de la comisión de Discapacidad sentenció: “Estamos ante un hecho inconstitucional, absurdo y brutal contra las personas con discapacidad y sus familias. El Gobierno hace dos años que tiene presupuesto prorrogado, todo el tiempo saca partidas de un lado y compensa en el otro”.

El oficialismo y sus aliados se mostraron en contra. El jefe del bloque de la UCR, Rodrigo De Loredo apuntó que la postura es “desproporcionada”, mientras que Silvana Giudici (PRO) planteó que “el Congreso está con ánimo destituyente”.

Para los libertarios directamente no hubo falla por parte del Ejecutivo. “Acá no hay ningún incumplimiento”, señaló directamente la libertaria Nadia Márquez quien reiteró el argumento del Gobierno para dejar en suspenso la ley insistida por el Congreso: aseguró que el Parlamento no indicó de dónde se deben sacar los recursos para su aplicación.

Mientras tanto, hay legisladores que ya recurrieron a la Justicia. Los socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein presentaron una denuncia penal contra el propio Javier Milei y su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por abuso de poder e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Luego la ampliaron a más funcionarios.

Milei vetó la Ley de Emergencia en Discapacidad el 4 de agosto. Pero la cámara de Diputados la volvió a ratificar con más de dos tercios de los votos el 20 de agosto y el Senado luego hizo lo mismo el 4 de septiembre.

El 22 de septiembre el Ejecutivo promulgó la ley pero sentenció en el mismo decreto que “solo puede ser ejecutada por el Poder Ejecutivo Nacional una vez que se determinen las fuentes específicas para su financiamiento y se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto general”.

Para justificar la no aplicación de la ley que fue ratificada por el Congreso tras el veto del presidente Milei, el Poder Ejecutivo argumentó que se violó la Ley de Administración Financiera. En particular, señaló que el artículo 38 de dicha norma establece que “toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”.

En ese sentido, la ley en cuestión, en su artículo 19, habilitó al jefe de Gabinete a “realizar ampliaciones y modificaciones presupuestarias necesarias para garantizar el financiamiento”. Sin embargo, solo se aclaró que dichas reestructuraciones no podrán implicar una reducción en los créditos destinados a la finalidad de “Servicios Sociales”.

Desde la oposición, se sostiene que la misma Ley de Administración Financiera, en su artículo 37, determina que “las decisiones que afecten el monto total del presupuesto están reservadas al Congreso”. A su vez, se remarca que “el jefe de Gabinete puede disponer reestructuraciones presupuestarias, pero únicamente dentro del monto total aprobado”.