deudores alimentarios no podrán entrar a salas de juego en Jujuy

El acuerdo establece un sistema de control basado en el cruce de datos para impedir el acceso a quienes incumplen con sus obligaciones alimentarias, en el marco de políticas de juego responsable y protección de derechos.

Control y restricciones

La iniciativa prevé la implementación de mecanismos técnicos que permitan a las salas de juego verificar en tiempo real si una persona figura en el RDAM.

De esta manera, quienes registren deudas alimentarias no podrán ingresar a casinos ni participar en actividades de juego habilitadas en la provincia.

Según se informó, el sistema se aplicará de manera progresiva, con protocolos que serán definidos junto a los juzgados de familia.

Articulación institucional

El acto de firma fue encabezado por el presidente de la Suprema Corte, Federico Otaola; la jueza y directora de la ONNA, Mercedes Arias; y el titular del INPROJUY, Walter Morales.

También participaron autoridades judiciales y del Poder Ejecutivo provincial, en un esquema de trabajo conjunto entre organismos.

Otaola destacó que el convenio “tiende a mejorar la situación de los deudores alimentarios morosos” y advirtió que el incumplimiento genera “desprotección en las familias, especialmente en niños, niñas y adolescentes”.

Enfoque en derechos

Por su parte, Arias remarcó la necesidad de avanzar en la aplicación efectiva de la normativa vigente. “Contamos con una ley previa -la N° 6498- y es momento de avanzar en su implementación”, señaló.

Desde el INPROJUY, Morales indicó que la medida se inscribe en una política de regulación del juego con impacto social. “Es fundamental colaborar en todo lo que contribuya al cumplimiento de las obligaciones alimentarias”, afirmó.

Próximos pasos

El vicepresidente de la Suprema Corte, Mariano Miranda, informó que el próximo miércoles se realizará una reunión con jueces de familia para definir los protocolos de aplicación.

En paralelo, la secretaria de Justicia, Marcela Infante, presentó datos del RDAM y señaló que desde su creación se emitieron más de 30.500 certificados.

El registro funciona de manera diaria y articula con el Poder Judicial para el seguimiento de casos.

La implementación del convenio marca un nuevo paso en la utilización de herramientas institucionales para reforzar el cumplimiento de obligaciones alimentarias, con impacto directo en la protección de niños, niñas y adolescentes en la provincia.