Después de pasar más de un año preso en Venezuela, el gendarme Nahuel Gallo demanda al régimen de Nicolás Maduro
El gendarme catamarqueño Nahuel Gallo, quien pasó 448 días detenido en una cárcel de Venezuela tras ser acusado falsamente por el gobierno de Nicolás Maduro de presunto espionaje, se presentó este viernes como querellante en la causa abierta contra el ex presidente venezolano que está acusado por “crímenes de lesa humanidad”.
En la presentación que realizó en el fuero federal porteño, Gallo reclamó “ser reconocido como víctima y parte querellante”.
Como parte de la promesa que le hizo a sus compañeros de celda desde que recuperó la libertad el primero de marzo en un intrincado operativo del que participaron dirigentes políticos, periodistas y hasta el mandamás de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, Gallo activó la estrategia judicial para reclamar la liberación de todos los presos políticos y acusar a “Nicolás Maduro y otros jerarcas del régimen chavista por crímenes de lesa humanidad”.
Gallo, quien continúa viviendo en Buenos Aires junto a su familia, anunció este viernes en sus redes sociales que se había sumado como querellante a la causa que está abierta hace casi un año en los tribunales federales de esta ciudad.
Además, en su reclamo de “libertad y justicia”, el gendarme señaló: “No voy a quedarme callado. Por mí, por mi familia y por todos los que han sufrido este horror que no puede quedar impune”.
Me presenté como querellante ante la justicia federal de mi país en la causa contra Nicolás Maduro y otros jerarcas del régimen chavista por crímenes de lesa humanidad.
Sobreviví 448 días de secuestro en Venezuela. Hoy doy un paso para que haya justicia. Pido ser reconocido como… pic.twitter.com/jEe85mWHan
— Nahuel Gallo (@nahuollag) April 17, 2026
Nahuel Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024 cuando ingresó con su pasaporte argentino a Venezuela para reunirse con su esposa, la venezolana María Alexandra Gómez, que había viajado a Caracas con Víctor, el hijo de ambos, para pasar las fiestas con su familia en su país natal.
El caso de la detención y secuestro de Gallo generó varios reclamos en ámbitos internacionales y llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en su reporte destacó que el gendarme había completado los trámites migratorios de rutina y luego fue apartado para una “entrevista” por funcionarios venezolanos.
El gobierno del entonces autoproclamado presidente Nicolás Maduro lo acusó por presuntas “acciones conspirativas” y un supuesto plan para asesinar a la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Dos días después de Navidad, la Fiscalía General de Venezuela le endilgó “acciones desestabilizadoras y terroristas” junto a supuestos grupos internacionales de derecha.
En septiembre pasado, Naciones Unidas denunció “la detención arbitraria” de Gallo en un informe general que incluyó la situación de otros presos políticos de distintas nacionalidades que recién comenzaron a ser liberados en febrero tras la caída del régimen de Maduro y la asunción al poder de su segunda, Rodríguez, en total afinidad con la gestión de Donald Trump en Estados Unidos.
El sábado 3 de enero, de madrugada, comandos militares especiales de Estados Unidos ingresaron a Venezuela en un operativo inédito para capturar a Maduro y su esposa, Cilia Flores, a quienes se llevaron en pijamas y en helicóptero hacia América del Norte, para quedar detenidos en un penal de Nueva York.
Donald Trump se ufanó en las redes sociales de esa operación y destacó que la “monitoreaba” en vivo desde su mansión en Florida.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Maduro de ser líder de una red criminal que utilizó los recursos del Estado venezolano para facilitar el tráfico de drogas a escala global.
Entre los principales delitos que le achacan, figuran: Conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la Importación de cocaína, posesión de ametralladoras y asociación ilícita para poseer armas de guerra: vinculado al control de milicias y armamento pesado para proteger rutas de tráfico.
El 26 de marzo, Maduro fue llevado a declarar por segunda vez ante un tribunal de Nueva York, donde tras su arresto se había proclamado inocente, recordó que era presidente de su país y posteriormente a través de su abogado declaró que no tenía fondos para afrontar el costo de su defensa.
Fuente: www.clarin.com
