Definen qué juzgado investigará la mansión en Pilar que se le atribuye a Pablo Toviggino: los presuntos testaferros piden sacarle la causa al juez actual

Una de las definiciones que más se espera en la causa por la compra de la mansión en Pilar, que se le atribuye al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, entró en etapa de definición. Se trata de en qué juzgado se va a investigar el caso.

La decisión será de la Cámara Federal de San Martín que deberá resolver una disputa entre el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky -quien hoy tiene la causa- y el titular del juzgado federal de Campana, Adrián González Charvay, que reclama el caso.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que la Cámara le envió este lunes el expediente al fiscal general Alberto Gentili para que de su opinión. Tiene un plazo de tres días para dictaminar. Cuando lo haga el tribunal quedará en condiciones de resolver. Será una decisión unipersonal del juez Juan Pablo Salas.

Ya dos fiscales coincidieron que el caso se debe investigar en la justicia en lo Penal Económico. Por un lado, el propio fiscal del caso, Claudio Navas Rial, y el federal de Campana, Sebastián Bringas, entendieron que la investigación debe continuar en ese fuero.

En la causa se investiga un presunto lavado de dinero en la compra de la mansión de 105 mil metros cuadrados con helipuerto, aras, galpón donde había 54 vehículos de lujo y colección, piscina y cancha de paddle. Fue adquirida en mayo de 2024 en 1.800.000 dólares -el valor en la que fue tasada por peritos oficiales es de 17 millones de dólares-por “Real Central S.R.L.”, una empres a nombre de Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte.

Pero ninguno tiene la capacidad económica declarada para adquirirla y la principal hipótesis apunta a Toviggino: cuando la propiedad fue allanada se encontró un bolso de la AFA y una plaqueta de Barracas Central a nombre del tesorero de la AFA. Y las cédulas azules de los vehículos están a nombre de familiares de Toviggino.

El juez Aguinsky también determinó que Pantano tenía a su nombre una tarjeta corporativa de la AFA con gastos por 50 millones de pesos mensuales y de la que se pagaban los Telepase de los vehículos y servicios de luz de propiedades ajenas a la AFA. El magistrado ordenó suspender la tarjeta.

Aguinsky tiene la causa desde fin de año cuando la Cámara Federal de Comodoro Py resolvió que correspondía a ese fuero. Pero la defensa de Pantano y Conte, a cargo del abogado Mariano Morán, pidieron que la causa pase al juzgado federal de Campana. El juez González Charvay aceptó el planteo.

El magistrado señaló que lo que se investiga es la compra de la propiedad que está en la localidad de Pilar donde su juzgado es el que tiene su jurisdicción para delitos federales, como un presunto lavado de dinero, y no la justicia en lo Penal Económico.

“La hipótesis delictiva trazada se circunscribe al partido de Pilar, provincia de Buenos Aires, y siendo este Juzgado Federal de Campana al que por ley le corresponde entender en la causa”, sostuvo el magistrado y le pidió la causa a Aguinsky.

Pero su colega rechazó remitirle la causa. Aguinsky consideró que no solo se investiga la compra de mansión sino el origen de los fondos y sobre eso consideró que la principal hipótesis es que se trata de dinero que pudo haber sido desviado de la AFA.

“En el marco de estas conclusiones provisorias, el ilícito precedente del presunto lavado de dinero estaría constituido por la figura de la administración fraudulenta, prevista por el Art. 173 inc. 7mo. del Código Penal, en perjuicio de la AFA y a través de sus directivos”, sostuvo.

Y agregó: “Entonces el núcleo de la investigación no es la casa de Villa Rosa, sino que es la Asociación del Fútbol Argentino cuyo asiento y domicilio legal está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a escasos 800 metros de la sede de este tribunal (Sarmiento 1118 CABA) y a 82 km. de distancia del Juzgado Federal de Campana”.

Con esa controversia, la definición pasó a un tribunal superior. En este caso, la Cámara Federal de San Martín, que revisa las decisiones del juzgado de Campana.

Lo que resuelva la Cámara sobre qué juez debe intervenir será definitivo porque las cuestiones de competencia no son apelables, más allá que la defensa de Pantano y Conte o la Fiscalía General de San Martín eventualmente puedan hacer algún planteo.