Declara Spagnuolo: el fiscal lo acusa por armar un circuito de sobreprecios de entre 10 y 20 por ciento

En la resolución en la que citó a indagatoria a Diego Spagnuolo -que declara hoy- y más de una decena de sospechosos, la fiscalía a cargo de Franco Picardi habló de “graves hechos de corrupción” en la Agencia de Discapacidad (ANDIS). Allí, bajo la conducción de Spagnuolo, funcionó una “organización delictiva” que se dedicaba al “direccionamiento en la compra de medicamentos e insumos de alto costo” con fuertes sobreprecios que iban del 10 al 20 por ciento. .

El circuito de fondos derivó en el “pago de sobornos a funcionarios públicos” e involucró más de $ 48.000 millones del erario público. Entre las acusaciones que este miércoles se le leerán al ex funcionario, se habla de una defraudación al Estado que fue en desmedro de los derechos de sectores vulnerables.

En agosto de este año, el entonces funcionario de la ANDIS y abogado del presidente Javier Milei, fue despedido después de que tomaron estado público sus conversaciones en las que refería a un presunto circuito de coimas que habían subido “del 5% al 8%” y que involucraban como destinataria a la secretaria general de la Gobernación, Karina Milei.

Desde entonces cambió de abogados defensores y dejó latente la posibilidad de convertirse en un imputado colaborador cuando la investigación avanzó hasta acorralarlo con los hechos y pruebas. Este miércoles, por primera vez, deberá presentarse ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi para declarar como imputado en este expediente.

Las indagatorias que se comenzaron a tomar este martes, con la de Miguel Ángel Calvete, responden a una línea de investigación que quedó expuesta tras la apertura del celular de Daniel Garbellini quien se desempeñaba como subalterno de Spagnuolo en la ANDIS.

Fue así que el representante del Ministerio Público Fiscal determinó que toda la estructura que funcionó desde diciembre de 2023 a julio de 2025, desde el organismo de discapacidad, fue “en perjuicio de la administración pública y en particular del sector poblacional con discapacidad, y especialmente vulnerable, adherido al Programa Incluir Salud, destinado a personas que gozan de pensiones no contributivas y no poseen otra cobertura de salud (lo que abarca a madres con 7 hijos, mayores de 70 años en situación de pobreza, entre otros)”.

Al momento de describir a los involucrados en la organización criminal se detalló el rol de: Diego Orlando Spagnuolo; Daniel María Garbellini; Pablo Atchabahian; Miguel Ángel Calvete; Eduardo Nelio González; Lorena Di Giorno; Roger Edgar Grant; Luciana Ferrari; Federico Maximiliano Santich; Guadalupe Ariana Muñoz; Patricio Gustavo Rama; Ruth Noemí Lozano; Andrés Horacio Arnaudo; Silvana Vanina Escudero; Alejandro Gastón Fuentes Acosta”.

Al interior de la ANDIS “existió un esquema estructurado y sostenido de direccionamientos de contrataciones públicas y, en consecuencia, por las características, de defraudación al erario nacional, instrumentado mediante el uso del sistema informático SIIPFIS como herramienta de aparente transparencia”, sostiene la imputación del fiscal Picardi.

En un primer estadio, se verificó la manipulación del mecanismo de compulsa de precios para restringir artificialmente la competencia, “conformando un circuito de proveedores predeterminados -principalmente las droguerías Profarma S.A., Génesis S.A., New Farma S.A. y Floresta S.A.”. Estas compañías estaban vinculadas de manera directa o indirecta con funcionarios y operadores del organismo.

El direccionamiento que detectó el fiscal, permitió consolidar un grupo cerrado de oferentes, excluyendo a competidores regulares y garantizando la adjudicación reiterada de procesos a las mismas empresas, en “compulsas reducidas donde se invitaba sólo a tres o cuatro droguerías seleccionadas”.

En una segunda fase, al menos en cuanto respecta a medicamentos, una vez consolidado el control del circuito de compras, el grupo de empresas beneficiadas procedió a incrementar sostenidamente los precios de los medicamentos adjudicados.

En el grupo de compañías beneficiadas con el circuito irregular, se evidenció un patrón sistemático: fragmentación de compras, invitación selectiva de proveedores y escalada de precios en favor de las mismas droguerías, sin justificación técnica ni comercial. Los sobreprecios, determinó la Justicia, iban desde el 10 al 20%. Creen que Spagnuolo no podía no estar al tanto de esas maniobras.

En definitiva, escribió el fiscal Franco Picardi, “se permite concluir que las droguerías Profarma S.A., Génesis S.A., New Farma S.A., y Floresta S.A., formaron parte de un entramado funcionalmente articulado, en el que cada una cumplió un rol específico dentro de un esquema de direccionamiento de contrataciones, alternando ganancias”.

Así, por un lado, Profarma S.A. y Génesis S.A., operaron como los principales vehículos de adjudicación de medicamentos.

Por su lado, New Farma S.A., Droguería Floresta S.A. lo fueron en la provisión de implantes auditivos, “siendo un ejemplo concreto que representa una gran suma de dinero, emanado desde el Estado Nacional”.

A la inversa, Profarma S.A. y Génesis S.A. en insumos auditivos, y New Farma S.A.y Floresta S.A. en medicamentos, “actuaron como oferentes de cobertura, brindando apariencia de competencia a procedimientos que, en realidad, se encontraban previamente definidos”.

De este modo, se distribuían ganancias de manera preacordada; y “todos ganaban”, indicó l fiscal Picardi al sostener la existencia de una maniobra defraudatoria en perjuicio del Estado Nacional, “que excede las meras irregularidades administrativas y revela la existencia de un acuerdo de voluntades destinado a manipular el sistema de contrataciones para insumos y medicamentos destinados a los beneficiarios del Programa Incluir Salud.

Las empresas Génesis S.A. y Profarma S.A. se repartieron el 93,11 % de los $ 30.337.220.919,77 que se adjudicaron en el período verificado (julio 2024 a agosto 2025) en el marco de las licitaciones reducidas.

Asimismo, New Farma S.A. y Floresta S.A., resultaron adjudicatarias del 51,67% de los

$13.328.004.541 adjudicados en 2025 (hasta el mes de agosto), y del 50,36% de los $5.117.817.946 adjudicados entre septiembre de 2024 a fin de ese año, en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados.

La defraudación detalló la fiscalía, “no fue un hecho aislado, sino el resultado de una estructura organizada, con reparto de funciones y roles diferenciados, destinada a garantizar la permanencia del esquema, encubrir sus beneficios económicos y asegurar su continuidad operativa mediante el control del sistema SIIPFIS y de las compulsas de precios”.

Desde allí se determinó que determinadas droguerías -vinculadas a personas cercanas a Diego Spagnuolo y Daniel María Garbellini- eran invitadas a compulsas de precios “reducidas” o “acotadas”, cuando debía invitarse a todos.

Dichos direccionamientos, tuvieron por resultado la adjudicación de compras por $28.247.022.880 en el caso de las compulsas acotadas de medicamentos para las empresas Profarma y Génesis -período julio 2024/agosto 2025-, y de $9.514.743.020 para las empresas Floresta y New Farma en los insumos auditivos referidos -período septiembre 2024/ agosto 2025-.

Cada compulsa de precios reunía decenas o cientos de tickets correspondientes a distintas personas y a las más variadas indicaciones médicas -esto es, necesidades de medicación para diversas patologías-.

Así, los prestadores presentaban las cotizaciones por la misma plataforma SIIPFIS y, a la fecha de caducidad de la compulsa, el sistema presentaba un análisis comparativo automático de precios. Luego de ello, el área de compras evaluaba las ofertas, las que se adjudicaban a los prestadores más económicos, y se emitía la orden de compra con numeración única y trazable.

De tal manera, en la compulsa ejemplificada la Droguería Génesis S.A. resultó adjudicataria para la provisión de 195 unidades medicinales por un total de $836.529.283,70 en el período inicial. Sin embargo, muchos de los medicamentos deben ser suministrados en períodos o meses consecutivos, por lo que la orden final de compra de dicha compulsa de precios ascendió a la suma de $2.338.749.512,65, a fin de cubrir un total de tres meses de los medicamentos que requerían periodicidad.

Los funcionarios de ANDIS con poder de decisión sobre el proceso de compras lo que hacían era fragmentar las adquisiciones: sacaban a un grupo de empresas del sistema para incluirlas en “compulsas reducidas” de 3 o 4 firmas. “El mecanismo fue simple pero efectivo: menos competidores = precios más altos. Así, obtenían precios de adjudicación superiores a los de mercado, direccionados a las droguerías allegadas. causando un perjuicio económico directo al erario público”.

De ese modo, el monto final comprometido por cada compulsa no se limita al valor unitario exhibido, sino que se multiplica por la cantidad total de unidades adjudicadas. Bajo esa lógica, un sobreprecio aparentemente moderado en el valor unitario -por ejemplo, un incremento del 10% o 20 % respecto del precio de mercado-, puede traducirse, al aplicarse sobre decenas o centenares de unidades contratadas, en un perjuicio exponencialmente mayor para el erario público.

A modo de ejemplo en el dictamen del fiscal se detalló el caso al que mayor sobrecosto se aplicó: BUROSUMAB 20 MG. Tuvo un sobreprecio del 115%.

“Este medicamento presenta uno de los casos más significativos advertidos en el análisis”, dijo Picardi.

El medicamento, en el período de mayo a septiembre de 2024, fue adquirido en compulsas de precios generales, a un valor progresivo de entre $16.788.750 y $19.037.980. Sin embargo, en el mes de diciembre 2024, se produjo el ingreso de Profarma S.A, como proveedor del medicamento, y el cual se “licitó” en una compulsa reducida.

En aquel primer hito, obtuvo la adjudicación a $21.900.000. Este precio representa un incremento del 15% respecto al último precio adjudicado a Droguería 20 de Junio (septiembre: $19.037.980) en apenas dos meses, incremento que excede ampliamente la inflación del período (octubre-diciembre 2024: aproximadamente 8-10% acumulado).

Pero entre enero y junio de 2025 se produjo la consolidación del sobreprecio en el marco de las mencionadas compulsas de precios “reducidas”, ya que no existió allí ningún tipo de posible razón -como el cambio de marca referido-, compulsas a través de las cuales el medicamento comenzó a adquirirse casi de manera exclusiva mediante procesos en los que solo participaron las firmas Profarma S.A. y Génesis S.A..

Durante ese período, los valores unitarios del producto aumentaron de forma sostenida y sin justificación razonable aparente, alcanzando $39.558.694 en febrero 2025 y $45.152.230 en junio, configurando así un incremento que coincide temporalmente con la reducción del universo de oferentes y la consolidación del esquema de adjudicación cerrada.

A modo ilustrativo, el aumento para el mes de febrero, donde se observa el salto exponencial, representa un incremento del 108% respecto al precio que hubiera tenido el medicamento en enero de 2025, $21.279.750 aproximadamente.

Hubo oferentes que publicaron valores inferiores, pero el circuito ya aceitado tenía una droguería elegida de antemano. Las compulsas reducidas fueron para Profarma S.A. y Génesis S.A. que cobraron hasta $45 millones por unidad del producto. “El único factor que explica la diferencia es la exclusión deliberada de los oferentes más competitivos de las compulsas reducidas y la compra direccionada a tan sólo dos oferentes”.