Cúneo Libarona sigue en Justicia pero se abren interrogantes por las negociaciones con la Corte y el Procurador

El recambio de gabinete que impulsaron Javier y Karina Milei finalmente no se posó sobre el Ministerio de Justicia, que sigue a cargo de Mariano Cúneo Libarona, uno de los arquitectos del nuevo Código Penal y quien goza de la confianza del Presidente. Pero el funcionario ya avisó que pretende dejar la cartera, por temas personales y profesionales, pero los hermanos que detentan el poder en la Argentina le han pedido que continuara en el cargo al menos unos meses más. Nadie sabe hasta cuándo y el problema a definir es su sucesor.

El tema se complejiza cuando puertas adentro del propio Ejecutivo se estima que en marzo próximo, con la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, se abrirá una nueva etapa de negociaciones con la oposición para poder ampliar la Corte Suprema, definir a un nuevo Procurador, ocupar las cientos de vacantes en distintos tribunales y fueros e incluso ocupar las sillas vacías en la Auditoría General de la Nación.

El eventual recambio en Justicia está atravesado por la interna latente entre Karina y Santiago Caputo, quien pretende desde hace tiempo imponer como ministro a Sebastián Amerio, el número 2 de la cartera y actual representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura.

Su promoción quedó paralizada por ese enfrentamiento silencioso y permanente aunque el jueves obtuvo un pequeño guiño de la Casa Rosada al promover como secretario de Derechos Humanos a Joaquín Mogaboru, que venía cumpliendo ese mismo rol en Defensa, en lugar del renunciado Alberto Baños, cercano al actual ministro.

Las huestes del asesor presidencial presionan por su ascenso pero hoy no puede saltar la férrea valla que le impone Karina, la misma que en octubre le pidió a Cúneo Libarona que continuara al frente de la cartera pese a su programado viaje a Alemania de enero de 2026 para asistir a clases para avanzar en su tesis doctoral. Ese mismo mes el mediático penalista fue invitado por el premier israelí Benjamín Netanyahu a dar una charla sobre políticas en contra de la discriminación, en Jerusalén.

Hay otros dos nombres que sonaron para ocupar el cargo de titular de Justicia: Guillermo Montenegro, flamante senador provincial y ex intendente de Mar del Plata, al que su adhesión al PRO le habría quitado chances de asumir en la cartera.

También se rumoreó que Santiago Viola, apoderado de LLA y abogado de confianza de Karina Milei, podría recalar en ese cargo pero la idea perdió fuerza porque es mirado “de reojo por Comodoro Py” por la causa que lo tuvo como procesado por una operación contra el juez federal Sebastián Casanello -en la que se aseguraba que el magistrado había visitado a Cristina Kirchner en la quinta de Olivos-, un encuentro que no existió. Pero en 2021 Viola luego fue beneficiado por un fallo de la Cámara de Casación Penal. En privado, niega haber recibido ningún ofrecimiento por parte del libertario.

Como sea, Cúneo Libarona seguiría al menos hasta marzo desempeñando su cargo aunque los Milei saben que desea volver al ámbito privado, también para atender cuestiones familiares. Mientras tanto, seguirá con sus proyectos para ampliar el sistema acusatorio a todo el país y para “ordenar” las competencias de los fueros penal económico y federal.

El gran desafío que tiene la cartera es conseguir recursos para poder implementar el sistema acusatorio, una de las quejas del ministerio público. Un eventual sucesor de Cúneo Libarona deberá tener “expertise” en materia judicial pero también volumen político para lograr atraer las partidas para poner en marcha el sistema acusatorio en la mayor parte de las provincias en las que está autorizado (por ahora 17).

En principio, Justicia y Seguridad deberán defender el ambicioso proyecto de reforma penal que aún está en la Secretaría Legal y Técnica. Se especula que en pocos días más ingresaría al Congreso: Patricia Bullrich empuja la creación de comisiones de evaluación del proyecto en ambas cámaras, que actúen como una suerte de “filtro” que permita luego agilizar el debate en el recinto, en principio, en sesiones ordinarias del Parlamento.