cuando el árbitro también compite

En Jujuy, el debate sobre el rol del Estado en la economía dejó de ser ideológico para convertirse en estructural. A través de distintas figuras societarias —SAPEM, sociedades del Estado y unidades comerciales dependientes de empresas públicas— la Provincia no solo regula mercados estratégicos: participa activamente en ellos. El problema no es la existencia de estas empresas, sino el diseño bajo el cual operan: el Estado regula, contrata y compite al mismo tiempo.

Dos casos sintetizan el fenómeno: Jujuy Digital SAPEM en telecomunicaciones y Xuma, marca embotelladora impulsada desde la órbita de Agua Potable de Jujuy.

JUJUY DIGITAL SAPEM: INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MERCADO PRIVADO

Jujuy Digital fue presentada como herramienta de inclusión tecnológica. Desde su conducción se ha destacado públicamente la expansión de fibra óptica hacia zonas del interior como política estratégica de conectividad.

Sin embargo, el punto crítico no es la obra en sí, sino el esquema competitivo. Cuando el Estado:

• Define la política digital,
• Ejecuta infraestructura con financiamiento público,
• Es el principal cliente del sistema (escuelas, hospitales, seguridad),
• Y además opera una empresa que puede vender servicios al mismo estado y a privados en zonas en donde ya existen operadores privados, la competencia deja de ser simétrica.

La pregunta central es económica: ¿compite bajo las mismas condiciones financieras y regulatorias que un privado? ¿Existe separación contable clara entre misión social y actividad comercial?

Jujuy Digital SAPEM

DESIGNACIÓN Y COMPOSICIÓN: ZONAS GRISES

La presidenta de Jujuy Digital es Valeria Mendoza y su vicepresidente es Pablo Adrián Rodriguez, ambos designados por decreto del Poder Ejecutivo provincial. Más allá de su nombramiento formal, persiste una incógnita institucional: no existe información pública fácilmente accesible que detalle con claridad la integración accionaria actual de la sociedad, más allá del 51% estatal, ni si el sector privado participa efectivamente en su composición societaria, tal como el modelo SAPEM prevé en su concepción original (Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria). En noviembre de 2024 se designó mandatario para representar al estado provincial en asamblea de accionistas, al contador Jorge Alejandro Puentes, desconociéndose si existen accionistas del sector privado.

La SAPEM JUJUY DIGITAL fue creada allá por el año 2016 mediante la ley número 6.000, con aproximadamente 10 años de operación hasta la fecha y no es posible obtener fácilmente información de la misma en cuanto a la cantidad de empleados que la integran, composición de su estructura, estados contables, proyectos que lleva adelante, composición del directorio, autoridades, balances, etc. La falta de información detallada sobre quiénes integran el capital accionario, cómo se distribuyen las participaciones y qué representación privada efectiva existe, debilita la transparencia necesaria en una empresa que compite en mercados donde operan privados, desconociéndose la legalidad de la operación que estaría desarrollándose con fondos del estado, sin el debido control.

SAPEM: ENTRE EL DERECHO PÚBLICO Y EL PRIVADO

Las SAPEM tienen una particularidad jurídica: son sociedades comerciales regidas por normas de derecho privado, aun cuando el Estado sea accionista mayoritario. Ese encuadre les otorga mayor flexibilidad operativa que un organismo estatal tradicional.

Pero esa misma característica genera debate. Al no funcionar como una dependencia administrativa clásica, no siempre quedan alcanzadas por los mismos mecanismos de control, auditoría o publicidad de actos que rigen para la administración central. Esto no implica ausencia de controles, pero sí un régimen distinto que, en mercados competitivos, exige mayor transparencia para evitar conflictos de interés.

Cuando una sociedad estatal compite con privados bajo reglas societarias comerciales, pero con respaldo político y financiero público, el equilibrio se vuelve delicado.

¿COMPRE LOCAL?

A esto se suma otra discusión sensible: la vigencia real de la Ley de Compre Jujeño. La norma fue concebida para priorizar a proveedores y empresas radicadas en la provincia en las contrataciones públicas, fortaleciendo el entramado productivo local. Sin embargo, empresarios de distintos sectores sostienen que, en la práctica, ese principio pierde eficacia cuando las propias empresas estatales concentran contratos, subcontratan fuera de la provincia o estructuran licitaciones con requisitos técnicos y financieros que terminan dejando afuera a pymes jujeñas. Cuando el Estado crea sociedades comerciales que compiten en el mercado pero no garantizan la aplicación efectiva del compre local, el objetivo de fortalecer al sector privado provincial se diluye y la política pública entra en contradicción con su propia finalidad.

XUMA: EL ESTADO COMO ACTOR COMERCIAL

El caso de Xuma traslada la discusión al mercado de consumo masivo. Aquí el Estado no solo regula el servicio de agua potable, sino que participa en la comercialización de agua embotellada.

Desde el discurso oficial se sostiene que la expansión comercial permite generar ingresos para reinvertir en infraestructura. El interrogante es otro: ¿corresponde que el Estado compita directamente con empresas privadas del sector bebidas?

Una empresa estatal puede soportar márgenes más bajos durante más tiempo. Puede contar con estructura logística ya instalada. Puede financiar expansión con menores costos financieros. Para pymes privadas, esas condiciones alteran el escenario competitivo.

Xuma

OTROS RUBROS DONDE EL ESTADO COMPITE

El fenómeno no se limita a telecomunicaciones o bebidas. En Jujuy, el Estado participa o ha participado activamente en sectores como: Generación energética (parques solares y sociedades vinculadas al litio), Cannabis medicinal, seguros, gestión de residuos, entre otros.

En cada caso, el esquema es similar: empresas públicas que operan en mercados donde existen actores privados.

CONTEXTO NACIONAL: UNA MIRADA DISTINTA

Bajo la presidencia de Javier Milei, la Nación impulsa un modelo de menor intervención estatal y reducción del aparato empresario público. En contraste, algunas provincias sostienen o expanden estructuras empresariales estatales.

El contraste expone una discusión de fondo: ¿el Estado debe intervenir como competidor directo o limitarse a regular y facilitar la inversión privada?

EL DILEMA DE FONDO

El debate no es ideológico sino institucional y económico.

Si las empresas estatales son eficientes y autosustentables, deberían exhibir balances públicos claros, integración societaria transparente y reglas de competencia equivalentes.

Si son deficitarias, el costo lo absorbe el contribuyente.

Y si compiten con ventajas estructurales, el impacto lo sienten los empresarios locales que invierten, generan empleo y asumen riesgo sin respaldo presupuestario.

La conectividad y el acceso a servicios esenciales son objetivos legítimos. Pero cuando el Estado se transforma en jugador con ventaja en el mismo mercado que regula, la línea entre política pública y competencia desleal se vuelve peligrosa.

La discusión pendiente no es si debe haber desarrollo. Es bajo qué reglas.