Cuadernos: revelan cómo la “Camarita” cartelizaba las licitaciones de Vialidad Nacional y pagaba coimas

En la recta final de las audiencias de lectura de las acusaciones que condujo a Cristina Kirchner y a otros 85 imputados al banquillo de los acusados, el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) avanzó con el requerimiento del tramo conocido como la “Camarita” donde el foco se colocó en la cartelización de la obra pública. Este caso conexo desnuda el pacto entre empresarios y ex funcionarios para posibilitar la permanencia del circuito de sobornos. Fue en la novena audiencia trasmitida por Zoom.

“Se probó que entre los años 2003 y 2015 funcionó una asociación ilícita que fue formada, esquematizada, y liderada por quienes ejercieron como máximos referentes del Poder Ejecutivo de la Nación, como así también organizada, en mayor medida, por representantes del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. En efecto, este Ministerio Público Fiscal consideró que se encontraba acreditado que Cristina Elisabet Fernández, Julio De Vido, Roberto Baratta, José López, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, Carlos Wagner, Ernesto Clarens, Nelson Javier Lazarte, Rafael Enrique Llorens, José María Olazagasti, Claudio Uberti, Oscar Centeno, Gerardo Ferreyra, German Ariel Nivello , y Oscar Alfredo Thomas formaron parte de esta asociación ilícita fundada y sostenida durante el período señalado”, sostiene la acusación medular del caso Cuadernos.

La estructura criminal tenía por objeto que sus “integrantes pudieran enriquecerse personalmente de manera ilegal, mediante negociaciones y acuerdos espurios entablados con empresarios de distintos rubros”.

Con tales fines “llevaron adelante un plan integral en el cual implementaron una logística ceñida a la recaudación de dinero que empresarios de la construcción, de energía y del transporte, entre otros, entregaban a modo de contraprestación, a cambio de beneficios que le eran otorgados a las compañías que representaban”.

En ese marco se dio origen a la Camarita el 22 de agosto de 2018 como un desprendimiento del expediente principal n° 9.608/2018, “tras reunirse elementos que sustentaran que la asociación ilícita también había operado en los rubros específicos de obra pública civil, energía y transporte”.

La hipótesis central es que se habrían abonado anticipos financieros a representantes estatales, a través de Ernesto Clarens, extrayendo un porcentaje del valor ofertado por la obra –generalmente, entre un 3% y un 20%- o montos más concretos y relacionados con certificados de obra”, se escuchó a lo largo de la novena audiencia.

Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara de la Construcción, dijo que el anticipo financiero era “normalmente del 10%, y de ese anticipo pagaban el 5% de retorno. A veces, el 3% si la obra no tenía anticipo financiero contra los certificados de obra”.

Se reunían 19 empresas en diversos lugares y elegían cómo distribuirse las obras. Cuando eso se determinaba, la instancia siguiente era fijar el valor de la misma que debía incluir el porcentaje del soborno. Allí, el entonces presidente de la Cámara se lo pasaba a José López y él, a su vez, “se la pasaba a la gente de vialidad para que lo incluyan en el listado del próximo mes. El listado que me pasaba la gente de la DNV era un listado de certificados de obra ejecutado por las empresas y que se adeudaba. El porcentaje del 3% era un acuerdo que tenían con (Ernesto) Clarens”.

El financista Ernesto Clarens responsable de “convertir los pesos en dólares” ya que había restricciones cambiarias, contó en su aporte como imputado colaborador, que consistía en un “sistema de cartelización de obras donde se acordaba con los empresarios los proyectos a adjudicar y el monto y porcentaje que debía abonarse al respecto”.

En función de los datos aportados y las medidas de prueba impulsados, la justicia federal determinó que “existió un sistema por medio del cual la organización criminal recaudó dinero de modo ilegítimo mediante la cartelización de la obra pública”.

Sin los empresarios no se podría haber concretado la estructura criminal. En este expediente son 51 los imputados y la mayoría de ellos responsables de diversas compañías.

Listados, pocas empresas y porcentajes

Contó en su declaración algunos puntos centrales del mecanismo de recaudación: “Era un trámite muy engorroso, pues primero Vialidad pagaba, mal, o tarde. Después habría que hacerlo ante un escribano, con notificaciones. Nunca hice descuentos de certificados. Si les hice descuentos de cheques y les presté plata. Nunca hice descuentos de certificados de obra y si hubiera ocurrido, tendría que haber documentos contabilizados, dado que es cesiones de derechos. Estas operaciones las hacían los bancos, Supervielle, Nacion, etc. Eran montos grandes, yo no tenía espalda para hacer compra de certificado. Yo los mandaba al Banco Macro para que hicieran esos descuentos, y creo que el Supervielle y Galicia también”, agregó Clarens.

Las empresas, explicó Clarens, “preferían pagarme el 3% al sistema en el que participaba, que ir a descontarlo a un banco, porque la tasa era cara. La DNV a veces ha llegado a demorarse un año. Ese dinero yo lo recibía, lo cambiaba a dólares donde cobraba una comisión por la diferencia de cambio, y se lo entregaba a Jose Lopez, en la forma que ya explicado. Esto en el período 2011/2013, luego de la muerte de Nestor Kirchner. Mi gestión cuando me venían a ver porque reclamaban que no cobraban, era llamar a José Lopez, y preguntarle porque no se pagaban a esta gente y si podía incluirlos en el próximo listado”.

Entre los datos aportados y que constan en el descargo del financista K, se escuchó en la audiencia de este jueves: “José López hacía el listado de quienes cobraban cada mes en vialidad y se lo daba a Fredes, que era un colaborador de él. Fredes se los daba a Passacantando, que era el tesorero de Vialidad, quien no tenía poder de decisión para pagar. Los empresarios arreglaban con José Lopez para el pago de deuda atrasada y este los mandaba a pagar el 3% a mis oficinas”.

Era tanta la deuda de DNV con las empresas, contó Clarens, que “Lopez inventó un sistema. Le pedía a las empresas que pararan el ritmo de obra para no generar más deuda, para que no le certifiquen más. Pero eso a las empresas no le convenía. Las empresas estaban atrapadas. Algunas empresas se quejaban en DNV, otras le hacían juicios, y otras por temor no hacían nada”.

En ese tramo de su confesión, explicó: “El presupuesto de DNV se fue al demonio, licitaron más obras que las que tenían en el presupuesto. Eso empezó en 2008/2009 y cada vez fue peor”. Para la justicia federal con este sistema, “todos ganaron” en alusión a los empresarios.

Se dio cuenta a lo largo de la audiencia, del cambio que se produjo en el sistema de recaudación tras el fallecimiento del ex presidente, en palabras de Ernesto Clarens.

Explicó en su descargo: “Hubo dos etapas. La primera de la Camarita desde 2004/2010, y ahí se pagaba el 10% del contrato y se pagaba a medida que se cobraba mensualmente. Eso lo sabían las empresas. Después de un año de la muerte de Kirchner se retoma en la forma que declaré. En la segunda etapa, yo tenía contacto con José López. Lo que era la cobranza de las empresas, el que decidía era López”.

En ese momento se escuchó en la audiencia: “Fue una época tremenda de iliquidez y de las empresas por querer cobrar, algunas como Perales Aguiar estuvieron al borde del concurso. Cuando venían a verme a mí yo le decía a Lopez y si eran incluidos en los listados, una vez que cobraban les pedía un aporte para la política o el 3% de lo cobrado que se pagaba en mi oficina”.

También se leyó por secretaría otros detalles aportados por el financista, quien contó que en algunas ocasiones tuvo que llamar a los empresarios para que aportaran el 3% de lo cobrado.

Pero el sistema le permitía a todos ganar: “Estas 19 empresas en general no tenían que reclamar porque querían seguir cobrando. Con la Camarita las empresas se organizaban para cobrar, ellos sabían lo que tenían que hacer. La relación con las empresas conmigo era muy cordial, ellos querían cobrar. O tenían línea conmigo o la tenían con Lopez”.

La Camarita, es decir la Cámara Argentina de Empresas Viales, “mensualmente me entregaba un listado en el que constaban las obras licitadas, en cada renglón consta una obra, de allí surge la fecha, el número de licitación, la obra licitada, el presupuesto oficial, la empresa adjudicataria y el monto ofertado, en la columna siguiente el porcentaje de sobreprecio, los renglones que tienen un símbolo azul es porque esas obras se adjudicaron competentemente. El segundo listado corresponde al ranking de las empresas cartelizadas”, fue parte de lo que contó Clarens.

El relato continuó: “Los funcionarios no controlaban mucho salvo que hubiera un adelanto financiero. Si la licitación preveía que el adelanto financiero fuera del 20% del total de la obra, se le pedía a la empresa la entrega de la mitad del anticipo en una única entrega, si en cambio el anticipo representaba el 10% del total de obra, se le pedía a la empresa ese porcentaje en cuotas. Sobre esta operatoria quiero mencionar que nunca participé en la selección de las empresas adjudicataria de las obras. En alguna oportunidad trasladé a José López las quejas de los empresarios porque el Estado no les pagaba, Lopez me refería que entregaran igual el 10 por ciento, cosa que los empresarios comenzaron a dejar de hacer”.

En las primeras audiencias se explicó que el rol de los empresarios se traduce en “pactos venales” ya que el requerimiento expuso que las compañías “lograban favores de parte del Estado, y los integrantes del grupo paraestatal, a través de los pagos, se enriquecían y garantizaban la continuidad de la asociación ilícita durante el transcurso del tiempo”.

Así, las erogaciones “no se trataron de una mera dación desconectadas de todo beneficio pretendido por el dador, sino por el contrario, de un acuerdo corrupto, entre privados y funcionarios públicos, es pos de obtener, de un lado como del otro, beneficios de carácter patrimonial”.

En efecto, esas entregas de dinero, “enmarcadas en un sistema de recaudación ilícito, procuraban que el funcionario público haga algo relativo a sus funciones: liberar un pago, adjudicar una obra, extender una concesión o un plazo, una renegociación de concesión o la obtención propia de subsidios”, se escuchó a lo largo de la jornada,