Crisis en el Ministerio Público Fiscal: casi la mitad de los cargos está vacante y el gobierno destina menos fondos para funcionar

En el Ministerio de Justicia aún hay 44 pliegos que corresponden cargos en el Ministerio Público Fiscal sin enviar al Congreso. A eso debe sumarse que en los últimos cinco años solo se designaron cinco fiscales. Los cargos vacantes superan el 46% y entre trámites de jubilación, sillones sin cubrir el número podría acercarse al 50%. A esa situación se suma el recorte de fondos: el MPF pidió 815.000 millones de pesos para 2026, pero en el proyecto de presupuesto se contemplaron solo 539.546 millones. Mientras, el gobierno busca avanzar con el sistema acusatorio, donde los responsables de investigar serán los fiscales.

El Ministerio Público Fiscal tiene la responsabilidad de decidir si hay elementos de prueba suficiente para dar inicio a una investigación. Su definición más rigurosa indica que es la institución que “promueve la justicia y la defensa de los intereses de la sociedad”. Eso contrasta con un número sin precedentes: 46,86% de vacancias.

La decisión de que ese número continúe incrementándose, como sostienen fuentes de la Procuración General de la Nación, es “es política, porque la responsabilidad de designar fiscales como jueces y defensores oficiales, es del Poder Ejecutivo”.

Se cumplirán dos años desde que el Ministerio de Justicia encabezado por Mariano Cúneo Libarona retiró del Senado 222 pliegos que había dejado la administración de Alberto Fernández, bajo la premisa de que debían ser revisados. Con el correr de los meses, el problema que afronta el Gobierno, según señalaron fuentes judiciales, es “la conformación actual del Congreso”, que complica “cualquier discusión política”.

En otras palabras: el Poder Ejecutivo busca evitar otro revés del Senado ante el envío de los pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales. Si bien, a diferencia de la elección de un ministro de la Corte Suprema que demanda los dos tercios de la Cámara Alta, estas designaciones son por mayoría simple.

Según señalaron fuentes de la Casa Rosada a Clarín, el presidente Javier Milei -que es quien envía los pliegos al Congreso-, aguarda a la nueva conformación del Senado tras las elecciones de octubre. Para ese entonces, los sillones vacíos irán en aumento.

Entre los trámites de jubilación en curso, renuncias y el número de cargos que hace más de cinco años no se cubren con regularidad, el Ministerio Público Fiscal transita una crisis sin precedentes: se estima que de cara al 2026 a este ritmo, las vacantes podrían superar ampliamente el 46%. Lo que conduciría a la Procuración a tener casi la mitad de sus cargos sin cubrir.

Así, pese a la relevancia del Ministerio Público en materia de defensa de los intereses de la ciudadanía, y en materia penal responsables de impulsar -o no- las investigaciones, de los 367 cargos que lo integran, hoy 172 se encuentran vacantes.

Eso arroja un 46,86% de cargos vacantes. Según números oficiales hay 40 ternas elevadas al Poder Ejecutivo Nacional sin ser remitidas hace más de un año y medio, al Congreso.

La Procuración realizó 77 concursos para la cobertura de cargos, de todos modos, una vez que el proceso jurídico-técnico concluye, es el Poder Ejecutivo quien debe enviar las ternas al Senado para su tratamiento y posterior aprobación.

En medio de ese dato estadístico, el Gobierno considera que está en condiciones de implementar en Comodoro Py el fuero donde tramitan casos complejos y de impacto social como político, el 10 de noviembre.

La falta de recursos humanos se postula como uno de los principales problemas, aparejado a la reducción de fondos.

“El hecho que no se cubran las vacantes tiene directa relación con la ‘regularidad del servicio de justicia’, pues implica una sobrecarga de las tareas de los fiscales, puesto que deben cubrir funciones extras en otras dependencias, lo que dificulta la respuesta rápida a la comunidad sobre el conflicto legal, ya que, en algunos casos, se trabajan con plazos vencidos”, explicó a Clarín el titular de la Asociación de Fiscales, Ricardo Toranzos.

El escenario suma otro punto de preocupación dentro de la Procuración General que dirige Eduardo Casal: los fondos.

Para funcionar durante el 2026 y con el desafío por delante de sumar más jurisdicciones que se rijan bajo el nuevo Código Procesal Penal, el Ministerio Público Fiscal requirió al Ministerio de Hacienda un presupuesto de 815.000 millones de pesos.

Pero en el proyecto del presupuesto que el presidente remitió al Congreso se destinan fondos por 539.547 millones de pesos para el MPF.

Lo requerido y lo aprobado por el área de Economía del Poder Ejecutivo Nacional, arroja un 26,6% menos. “Se viene con presupuestos prorrogados pero siempre con estimaciones que rondan entre el 26 y 30 por ciento menos de lo requerido año tras año, y eso repercute en infraestructura, en inversiones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del MPF”, explicó una fuente judicial.

Esa merma, según volcó el jefe de los fiscales en más de una nota enviada al Ministerio de Justicia, dificulta la “correcta implementación del sistema acusatorio que como objetivo primario tiene garantizar “el éxito de las investigaciones y actuaciones penales actualmente llevadas adelante en casos graves y complejos”.

El año pasado, la Procuración había proyectado una necesidad de 614.000 millones de pesos para 2025, sin embargo, el Gobierno le aprobó solo 454.807 millones. El problema es que más de 400 mil millones de pesos demanda la cobertura de salarios. Eso aleja cualquier posibilidad de inversiones.