Crece la presión por la demora y la virtualidad del juicio de los Cuadernos de las Coimas

Una audiencia semanal de cuatro horas. La virtualidad como metodología preponderante. Del otro lado de la pantalla: 86 imputados, más de 100 abogados. Así comenzó el mayor juicio en materia de corrupción del país. La decisión del Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) levantó diversas críticas en sede judicial. Ante la posibilidad de revertir el criterio aplicado y convocar a audiencias presenciales, se manifestó un “sistema híbrido” para el juicio. Hubo, incluso, una propuesta que naufragó para alquilar un teatro de la avenida Corrientes.

Cuando el caso se elevó a juicio oral, el fallecido juez Claudio Bonadio lo describió la “mayor maniobra de corrupción de los últimos veinte años”. La expresión otorgaba dimensión a una investigación desarrollada en 220 cuerpos, donde constan las 231 medidas realizadas durante la instrucción: testimonios y confesiones de políticos, allegados y los más importantes empresarios del país; informes de la AFIP, la ANAC, el RENAR y de otros organismos del Estado, registros de cámaras de seguridad, extractos bancarios y todo tipo de papeles.

Otros números explican el caso, según el detalle proporcionado por la fiscal general que intervienen en el juicio, Fabiana León, son un total de 126 personas que fueron enviadas a juicio oral contabilizando las maniobras que integran el expediente central más las seis causas conexas que se desprendieron del mismo.

Nunca en la historia de Comodoro Py existió una investigación en hechos de corrupción con esa cantidad de personas involucradas, considerando además, que la mayor cantidad de imputados son empresarios y que por primera vez están sentados en el banquillo de los acusados por haber admitido -muchos de ellos-, el pago de sobornos.

En el documento la fiscal publicó previo al inicio del debate oral y público, se refirió a la “investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina y solo comparable a unas pocas a nivel mundial”.

Según confirmaron los jueces federales de tres instancias, durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner existió una estructura de corrupción que funcionó desde el Ministerio de Planificación Federal para recaudar fondos ilegales, que eran pagados por empresarios contratistas o concesionarios del Estado vinculados a diversos rubros.

Los cuadernos de las coimas fue calificada por los investigadores como el caso de mayor envergadura en materia de corrupción en la historia de la justicia argentina. A la fecha cuenta con 1.100 millones de dólares sólo cautelados.

Pese a la relevancia de la causa que vuelve a colocar a Cristina Kirchner como máxima responsable de una organización criminal, en esta ocasión calificada como jefa de una asociación ilícita que perduró en el tiempo desde 2003 a 2015, el inicio del juicio quedó desdibujado por su modalidad virtual.

A ese criterio se suma otro dato: hasta marzo de 2026, sólo habrá una audiencia semanal de 09:30 a 13:30. En Comodoro Py estiman que a ese ritmo el juicio podría demorarse -como mínimo- más de cuatro años.

Sucede que el Tribunal a cargo del debate, es subrogado por jueces que desarrollan otros juicios y eso “impide sumar por el momento más audiencias”, explicaron a Clarín fuentes judiciales.

La determinación del TOF 7 integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castello, fue ponderada por la Cámara de Casación el 18 de julio de este año, cuando rechazó un planteo de la defensa del empresario Benjamín Romero imputado como parte de la maniobra de corrupción.

Aquella presentación discutía la decisión del Tribunal de optar por la virtualidad para la realización del juicio oral. Si bien los camaristas Diego Barroetavena y Daniel Petrone consideraron que la queja no correspondía ser tratada por no ser una sentencia definitiva o equiparable, hicieron una observación sobre la modalidad del debate del caso Cuadernos.

El camarista Barroetaveña sostuvo en su voto que “más allá del acierto o error de lo decidido por el tribunal en cuanto a la rigurosidad de los requisitos impuestos a las partes para que las audiencias puedan llevarse a cabo de manera presencial y semipresencial, lo cual limita a nuestro entender el dinamismo inherente al debate oral y público, corresponde rechazar la queja interpuesta”.

No obstante explicitó el magistrado, “habida cuenta de que el tribunal limitó la celebración de las respectivas audiencias a todos los jueves hábiles subsiguientes al 6 de noviembre del año en curso hasta su finalización, no sería ocioso que revise el criterio adoptado tomando en cuenta una más pronta finalización del juicio”.

En similares término se pronunció su par de la Sala I, Daniel Petrone, quien sostuvo: “no puede dejar de recordarse que la utilización de plataformas virtuales para llevar adelante tales actos procesales debe ser siempre sopesada de modo tal que no cause una afectación a las garantías esenciales de la defensa en juicio del justiciable, entre las que se encuentra su derecho a comparecer ante el Tribunal”.

Ante tal situación, desde el TOF 7 recordaron que cuando se fijaron las pautas del juicio del caso Cuadernos, se planteó un “sistema híbrido”, es decir que llegado el caso puede contemplar la posibilidad de convocar a una audiencia presencial.

Frente a la consulta de si existe la posibilidad de modificar el criterio implementado, fuentes judiciales explicaron a Clarín que a lo largo de las próximas cuatro audiencias se continuará con la lectura de los requerimiento de elevación a juicio del caso central y las investigaciones conexas, por lo que “no se ve la necesidad” de cambiar la virtualidad.

Se añadió a la explicación que se pensó en la modalidad híbrida por la “cantidad de partes (todos presentes es complejo), es decir, en principio todos aquellos que quieran declarar en presencia de los jueces lo van a poder hacer y también los testigos cuando las partes lo pidan expresamente (ambas cosas fueron abordadas en la audiencia preliminar), ello sin perjuicio de ampliar la presencialidad cuando la creamos conveniente”.

De hecho en julio se solicitó ante la Corte Suprema una sala en el Palacio de Tribunales para utilizar todos los jueves a partir del 6 de noviembre de 9 a 18 hs, “ pero el planteo se derivó a la Cámara Federal de Casación Penal”. Si bien la Corte y el Consejo de la Magistratura administran los recursos del Poder Judicial, todo pedido de recursos humanos, tecnología o infraestructura de un Tribunal de juicio primero debe ser presentado ante el máximo tribunal penal que es quien tiene superintendencia sobre los TOF.

Se había pensado en utilizar la sala donde se realizó el juicio a las Juntas, pero tiene una capacidad que no supera las 130 personas. La Cámara de Casación, sugirió utilizar en Comodoro Py la Sala AMIA que está siendo refaccionada y que podrá albergar como máximo a 210 personas sentadas. La incomodidad al respecto es que el Tribunal Oral Federal 7 es el único que no está en Comodoro Py, funciona en el Palacio de calle Talcahuano. “Es inviable porque el personal del Tribunal se encuentra en el Palacio, no se cuenta en Comodoro Py con lugar donde estar, descansar en cuartos intermedios, baños para el personal, lugar para mantener incomunicados a los testigos, etc”, explicó una fuente allegada al TOF 7.

Según indicaron fuentes judiciales, hace dos años les ofrecieron el traslado al edificio de Retiro pero no se concretó. Un planteo que se desprende del Tribunal que juzga a Cristina Kirchner y a 85 imputados en esta etapa, es que desde hace seis años requirieron el traslado que no prosperó. “No hubo un planteo concreto desde la Cámara de Casación (que tiene superintendencia sobre los TOF) ni de la Corte Suprema”.

Incluso, en un momento, se sugirió la posibilidad de alquilar un teatro sobre la avenida Corrientes para llevar a cabo el juicio.

Desde que la causa quedó radicada en el TOF 7 y a la fecha, el máximo tribunal les otorgó siete contratos: un secretario de Cámara, tres secretarios de juzgados, y pro secretario administrativo, un oficial y un escribiente auxiliar. En el Poder Judicial hacen una comparación al respecto: “Es el personal con el que cuenta una provincia cabeza de jurisdicción para administrar 2.500 expedientes penales”.

A las puertas de la segunda audiencia que continuará siendo virtual, fuentes del Consejo de la Magistratura expresaron que sería “sólo cuestión sentarse y reordenar el tema”.

Mientras tanto, en la Corte Suprema de Justicia recordaron que en su momento se puso a disposición del TOF 7 aquellos contratos que de forma exclusiva para el caso Cuadernos se habían otorgado al fallecido juez Claudio Bonadio: eran en total cinco, un secretario de juzgado, tres jefes de despacho y un oficial. Además, se propuso traspasar al Tribunal de juicio, aquellos recursos concedidos para el caso que tuvo el mismo juez conocido como Hotesur – Los Sauces. Se trataba de dos secretarios de juzgados y dos prosecretarios administrativos.