Corrupción con las fotomultas en la Provincia: la justicia federal seguirá investigando posible lavado de dinero

La denominada “megacausa” derivada de maniobras en el cobro de fotomultas que tiene como principal apuntado al ex ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D´Onofrio, se mantendrá con dos expedientes paralelos que investigan delitos diferentes en tribunales distintos.

En un juzgado provincial de La Plata se intentará determinar la existencia de una red de gestores que ofrecían descuentos de hasta el 50% para hacer desaparecer las infracciones. La maniobra habría comenzado en enero de 2022, cuando D’Onofrio asumió en el gabinete de Axel Kicillof.

En el expediente también se investigan irregularidades en la adjudicación de las negocios vinculados con la Verificación Técnica Vehicular (VTV): las concesionarias tuvieron que contratar a la empresa “Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA,” encargada de conceder los turnos. Entre los socios de esa firma había personas ligadas a D’Onofrio, el ministerio y el Frente Renovador (partido al que respondía el funcionario).

La otra pata de la investigación está en el fuero federal (Juzgado de Campana), a cargo de Adrián González Charvay, quien busca establecer si se cometió el delito de lavado de activos. Por eso, en poco más de dos años acumula información sobre el patrimonio de D’Onofrio y personas allegadas. Y solicitó datos a España a través de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Se menciona que Claudia Pombo, quien sería pareja de D’Onofrio, había creado una sociedad en España junto al exjuez de Faltas Mario Quattrochi (uno de los apuntados como “saca multas”), para explotar restaurantes y otras sociedades que se disolvieron después de que se conocieron las denuncias.

Hace diez días, el juez platense Juan Pablo Massi requirió al juez federal de Campana que se inhibiera de seguir investigando la causa de lavado de dinero contra D’Onofrio y sus allegados. Consideraba que el delito que investiga en La Plata es más grave (incluye asociación ilícita, entre otros) y que por ese motivo debía unificarse en los trinbunales provinciales.

Al inicio del proceso, el juez de Campana había enviado el expediente a La Plata. Pero la cCámara Federal de San Martín revocó esa decisión. Argumentó que debía seguir reuniendo pruebas y que requería más tiempo. Ahora, la defensa de D’Onofrio -a cargo de Ramiro Pérez Duhalde- hizo ese pedido que Massi formalizó.

González Charvay, (quien antes había planteado su incompetencia) ahora rechazó el pedido de inhibitoria pedido por Massi y, de esta manera, seguirá con la causa por lavado. Argumentó que “el delito de lavado de activos posee una configuración típica, bien jurídico protegido y régimen de competencia propio, orientados a tutelar el orden económico y financiero nacional”. Por lo tanto, federal.

D’Onofrio fue relevado de su cargo por este escándalo. El 30 de diciembre de 2024, Kicillof aceptó su renuncia por “motivos personales”. Y puso en su lugar a otro dirigente vinculado con el Frente Renovador de Sergio Massa: Martín Marinucci.

Esta semana también hubo otra novedad relevante en la causa que tramita Massi: el magistrado revocó el carácter de particular damnificado a Leandro Camani, ex integrante de la empresa Secutrans S.A., una de las que opera los equipos que detectan las multas en la Provincia.

En Buenos Aires, una infracción por exceso de velocidad puede condenar al dueño del auto a pagar hasta 720.000 pesos. Según datos oficiales, a fines de 2024 había más de 50 mil actas labradas que estaban para cobrar. Esa es la “producción” de casi un año de operación de los cinemómetros y la maniobra para “descontar” la mitad o el 25% de ese valor era lo que está en análisis de la Justicia.

La revocación de Camani se basó en una cuestión formal de representación legal: la falta de “mandato especial” para representar a Secutrans. Aunque la defensa argumentó que seguía actuando como apoderado (no como Presidente), el Juzgado determinó que el instrumento legal presentado para basar su legitimación (un Poder General de Administración) no lo habilita para continuar interviniendo como particular damnificado.

Además, el fallo sostiene que si la empresa Secutrans S.A. estaba implicada en las maniobras que constituyen el objeto procesal de la pesquisa, como la supuesta colocación de cinemómetros sin autorización, no debería ser considerada como particular damnificada. De hecho, se mencionó que si el Fiscal que intervino, Alvaro Garganta, imputó a otra empresa (Cecaitra) por irregularidades con cinemómetros, debería formular igual imputación a los responsables de Secutrans S.A., que estaría en “igual situación de presunta irregularidad”, dice el juez.

González Charvay tampoco lo tiene como particular en su proceso, según dijeron fuentes del caso a Clarín. Este magistrado busca saber si los fondos mal habidos por los funcionarios involucrados fueron volcados al sistema formal, es decir, se “lavó” el dinero de origen ilícito.

La maniobra irregular de las fotomultas, que es el delito precedente, habría arrancado en enero de 2022, cuando D’Onofrio asumió en el Ministerio. Se sospecha que un grupo de funcionarios actuó “en connivencia con terceros ajenos a dicho organismo quienes captaban como gestores a deudores de infracciones de tránsito ofreciéndoles reducciones del 50 por ciento del monto adeudado”.

Entre los aparatos provinciales y los administrados por la provincia, hay más de 200 aparatos en rutas y caminos. En los últimos días se conoció que Jorge Di Bella se hizo cargo del juzgado Administrativo de Faltas, responsable de las actuaciones en estos casos viales. Reemplazó a Quatrocci, involucrado en ambas causas.