Citaron a indagatoria al ex titular de ARSAT por corrupción y lo procesaron por la droga que encontraron en su casa

Facundo Leal, ex titular de ARSAT durante los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei, fue citado a indagatoria en la causa por los presuntos sobornos en la contratación directa de una empresa de logística y en la que le encontraron 2,4 millones de dólares en efectivo en sus propiedades.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli citó a indagatoria a Leal y a otra decena de personas por negociaciones incompatibles y fraude a la administración pública, entre otros delitos. Las audiencias comenzarán a fin de mes.

En tanto, el ex titular de ARSAT fue procesado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización por la droga que se le secuestró en su departamento de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. El procesamiento fue dictado con prisión preventiva por lo que seguirá detenido y el magistrado dispuso que la causa pase a los tribunales de Comodoro Py.

Por otra parte, un peritaje determinó que el equipo de espionaje que tenía Leal no se utilizó para espiar. El trabajo estuvo a cargo de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y “en su interior no hay nada relevante para ninguna causa y se determinó que no se usó para hacer espionaje”, señalaron las fuentes consultadas.

Con las citaciones a indagatoria que habían sido pedidas por el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, la causa se encamina también a determinar el origen del dinero que se le encontró a Leal y la trazabilidad de su patrimonio. El juez dispuso una serie de medidas: se levantó el secreto fiscal y bancario, se ordenó a la Oficina Anticorrupción que remita sus declaraciones juradas y se pidieron informes al Banco Central de la República Argentina. Lo mismo para el resto de los acusados.

Además, a todos los citados a indagatoria se les prohibió salir del país y se ordenó el embargo e inhibición de sus bienes. En el caso de Leal incluye las dos propiedades que le fueron allanadas.

La justicia realizó a fines de mayo los procedimientos en busca de elementos para la causa por presunta corrupción en ARSAT. En las viviendas se encontraron 2,4 millones de dólares en efectivo y monedas de otras países; una valija con 19 elementos para hacer espionaje; y droga: 28 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos de cocaína, un vapeador con cannabis y 15 cucharas para consumo.

Por la droga, Leal quedó detenido. En su indagatoria por ese hecho dijo que era uso personal. Un informe médico ratificó su consumo. El juez consideró que por la cantidad podía ser para la comercialización y lo procesó. También resolvió que ese expediente debía continuar en la ciudad de Buenos Aires -donde se halló la droga- y lo remitió a los tribunales de Comodoro Py.

Fundador de la empresa estatal telecomunicaciones, Leal llegó durante el gobierno de Néstor Kirchner. La dejó por una interna con “La Cámpora” y con la gestión de Alberto Fernández fue designado titular. Con la llegada de Javier Milei a la presidencia continuó en el cargo y en 2025 pasó a estar al frente del ORSNA, otro organismo nacional que dejó en febrero de este año. Y volvió a ARSAT donde es empleado de planta permanente.

La causa en la que fue citado a indagatoria es por presunta corrupción en ARSAT por el pago de sobornos de parte de la empresa Argentina Logistic Services (ALS) a funcionarios para quedarse con un contrato para alojar en un depósito material para el proyecto “Proyecto Shelter-2 de ARSAT”.

La causa se inició en 2024 por un robo. Personal de ARSAT detectó en enero de ese que en el depósito habían sido intrusados 17 contenedores de los que se llevaron cables de fibra óptica. La investigación judicial derivó en que detrás había una trama de corrupción.

La empresa -contratada desde 2014- no cumplía con las condiciones de seguridad -por ejemplo, el predio no contaba con cámaras de seguridad- y había accedido al contrato a través de una simulación de competencia: una contratación directa que fue fragmentada para evitar una licitación y pasar por la aprobación del directo de ARSAT en la que solo hubo una compulsa de precios en la que se presentaron tres empresas que estaban vinculadas entre sí a través de sus directivos.

En la causa se le secuestró los celulares a Gerardo Boschin, entonces subgerente de compras de ARSAT, a Pablo Pagani, gerente de ARSAT, también citados a indagatoria junto a directivos de ALS. En los móviles se encontraron conversaciones que para la justicia daban cuenta de la maniobra.

En paralelo, Leal fue imputado esta semana en otra investigación por posible corrupción por su paso por el ORSNA.

El fiscal federal Ramiro González lo imputó junto a otros funcionarios por posibles hechos de corrupción. La diputada nacional Marcela Pagano, ex aliada de la Libertad Avanza, denunció que en el ORSNA existiría un entramado en el que se pide un 10 por ciento de coimas para acceder a negocios.

Sostuvo que ese esquema se habría dado con las empresas viales “Agro”, “Lemiro Pietroboni”, “Cemisa” y “Centro Construcciones” mediante un entramado de designaciones con las que Leal seguirá controlando el organismo.

Cuando Leal dejó la titularidad del ORSNA como presidenta del organismo fue designada Noelia Ruiz, quien era la vice. A su vez en la vicepresidenta quedó Lucila Pagani y Facundo Gaitán fue nombrado como “controller” con funciones de supervisión sobre las gerencias del organismo.

Todos ellos fueron imputados por el fiscal González para iniciar una investigación penal en la le pidió al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi las primeras medidas de prueba.

La Fiscalía solicitó que se incorpore un informe de la empresa Nosis sobre la situación patrimonial de los cuatro funcionarios y de las empresas señaladas en la denuncia. También que ORSNA envíe a la justicia los legajos de los funcionarios y la información sobre todas las obras adjudicadas a las compañías.

Por último, solicitó que la Oficina Anticorrupción, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, la SIGEN y la Auditoría General de la Nación informen si tienen denuncias sobre adjudicaciones a esas compañías.