Chubut: un sindicalista denunció que empresarios le ofrecieron dinero para impedir el inicio de clases

La Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública de Chubut inició una investigación tras la denuncia presentada por un sindicalista contra un grupo de empresarios y ex funcionarios vinculados al kirchnerismo quienes, aseguró el gremialista, le habrían ofrecido dinero para que impidiera el inicio del ciclo lectivo.

El secretario general de ATE Seccional Trelew, José Severiche, denunció que en el marco de una reunión un grupo de empresarios le ofrecieron un soborno a cambio de que obstaculizara el comienzo de las clases. Chubut ha atravesado durante el gobierno de Mariano Arcioni extensos períodos de huelgas docentes que consistían en parar y no dictar clases.

En su declaración, Severiche denunció que recibió un llamado de Ricardo Traversini, empresario local que fue investigado por presunta evasión, quien le manifestó que su jefe, Gonzalo Carpintero, quería reunirse con él.

Tras el llamado, Severiche se dirigió a la oficina que Carpintero comparte con el empresario pesquero Raúl “Tato” Cereseto. Allí, según consta en la denuncia, le habría solicitado “que haga quilombo con el gremio para que no empiecen las clases en las escuelas de la provincia el próximo 23 de febrero”.

“Me aclaró que tenía que generar el conflicto antes del 23, sino no servía. Me agregó que habría otros actores que me ayudarían a generar discordia”, declaró el sindicalista.

En su presentación judicial, Severiche aseguró que Carpintero le prometió “una retribución económica” y que luego se realizarían “paritarias” para compensarlo si accedía al pedido. “Creo que Carpintero me ofrece dinero a cambio de que yo trate de impedir que empiecen las clases porque él me conoce bien y sabe que tengo problemas económicos”, afirmó.

Carpintero tuvo una extensa trayectoria en el Ejecutivo provincial, vinculado al peronismo local, donde ocupó, entre otros cargos, la dirección general de Niñez, Adolescencia y Familia; subsecretario de Desarrollo Social; ministro de Familia y Promoción Social. Su carrera concluyó con una condena por corrupción, tras acreditarse un incremento patrimonial superior al 500% y el cobro de coimas y sobresueldos en las causas conocidas en Chubut como “Embrujo” y “Revelación”.

La fiscal Julieta Gamarra dispuso como primera medida la ratificación de la denuncia y la recolección de registros fílmicos, en un trabajo conjunto con la División de Investigaciones Policiales de Trelew. A su vez, se solicitaron allanamientos en domicilios particulares y en la empresa donde se habría llevado a cabo la reunión, donde se secuestraron teléfonos celulares y cámaras de seguridad.

El ministro de Educación de Chubut, José Luis Punta, confirmó en diálogo con Lu 20 que el Gobierno provincial se presentará como querellante en la causa tras analizar el tema con el gobernador Ignacio Torres.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Chubut, la causa se encuentra en una etapa inicial y la calificación legal es provisoria, sin perjuicio de que pueda modificarse a medida que avance la investigación.